Tejero, el 23-F y las ironías del destino
En una de esas carambolas del destino, el ex teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el golpe de estado del 23-F, Antonio Tejero, ha fallecido sólo horas después de que la Moncloa desclasificara documentos confidenciales en torno a esa fatídica jornada. Tenía 93 años, y nunca se retractó ni renegó de su ideología franquista. Precisamente, el análisis de los documentos desclasificados este 25 de febrero, 45 años después del golpe de estado, no altera en esencia el relato de los hechos que ya conocíamos, y confirma el papel clave del rey Juan Carlos esa noche a la hora de desistir a los principales implicados, especialmente el general Jaime Milans del Bosch, que había sacado los tanques a Valencia.
Eso sí, los distintos documentos también demuestran que la entonces incipiente democracia española no quiso hacer una investigación a fondo del golpe, quizás porque las ramificaciones habrían salpicado a demasiados sectores poderosos, y se limitó a dictar condenas ejemplares solo para sus dos caras visibles, Tejero y Mil. El resto, incluido Alfonso Armada, fueron indultados y pasaron muy poco tiempo en prisión.
Resulta especialmente inquietante, por ejemplo, que el propio CESID (el antiguo CNI) reconociera en un informe que seis de sus agentes de una unidad especial estuvieron implicados, y que sólo uno fue juzgado y condenado. El capitán Francisco García Almenta, que según el CESID era quien daba las órdenes a los agentes sublevados, ni siquiera pasó por un juicio. Simplemente abandonó la unidad y pasó a trabajar para el estado mayor conjunto de la defensa. El jefe de la unidad, el comandante José Cortina, fue absuelto y destinado a Jaén. La sensación, pues, es que se quiso echar tierra sobre este caso, aunque estuviera al precio de tener golpistas en activo dentro del ejército hasta que se jubilaran.
También llama la atención el cable del CESID en el que se informa de voces destacadas que aseguran que el rey Juan Carlos I tuvo entrevistas con los golpistas antes del juicio para intentar minimizar el impacto negativo para la Corona. No existen pruebas documentales sobre si estas reuniones existieron o no, pero los servicios de inteligencia le dieron suficiente credibilidad para incluirlo en un informe.
Evidentemente, la desclasificación de documentos es un paso adelante, pero no el definitivo para aclarar todo lo que ocurrió en relación con el 23-F. Quedan muchas incógnitas, por ejemplo, en torno a lo que se llama la trama civil del golpe, es decir, los sectores económicos y políticos que esperaban sacarle algún provecho. Pero, como en todas las conspiraciones, es difícil que de todas esas reuniones hubiera rastro documental. Ahora los historiadores tienen trabajo, y quizás los documentos sirvan para estirar algún hilo concreto.
Lo que queda claro, sin embargo, es que no tiene sentido desclasificar los documentos del 23-F y mantener, al mismo tiempo, la vigencia de una ley de secretos oficiales franquista que impide, entre otras cosas, conocer muchas de las cosas que ocurrían alrededor del año 1981, como la guerra sucia. El próximo paso debería ser sacar del cajón la ley que se debate desde 2022 y aprobarla de una vez.
