Un sistema mejor
El acuerdo de financiación entre el gobierno español y ERC, sellado el jueves por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y presentado este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone un paso adelante, una reforma relevante del actual y caducado modelo, que se había demostrado claramente perjudicial para Catalunya. No era fácil reformar el sistema de manera sustancial. Se ha hecho y se han empezado a romper algunos tabúes, por ejemplo el de la ordinalidad. Claro: la demagogia anticatalana vuelve a ser ruidosa, pero es eso, demagogia. Con los números y la letra en la mano, Catalunya no es ni mucho menos insolidaria. Ni, a la inversa, tampoco queda tan lejos de la progresiva recaudación de los impuestos; de hecho, el horizonte del pacto es ir hacia el 100% de los ingresos del IRPF y cerca del 80% del IVA.
En todo caso, lo que ahora se propone, y está pendiente de ser aprobado en el Congreso, es un cambio relevante. Resultará difícil que el conjunto de partidos catalanistas, y de partidos de la mayoría plural que sustenta el gobierno de Pedro Sánchez, renuncien a ello. Es un sistema más justo para Cataluña y, al mismo tiempo, es beneficioso para el conjunto de gobiernos autonómicos. En el caso catalán, supone en la práctica una ganancia neta de 1.792 euros por año y habitante (4.750 millones de euros anuales en su conjunto). Pero en uno u otro grado todas las comunidades verán incrementados sus recursos, en especial Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El nuevo sistema, además, incorpora mecanismos para poner un tope en Madrid y evitar que, gracias al efecto capitalidad pagado por el conjunto de ciudadanos del Estado, esta comunidad se permita el dumping fiscal, bajar impuestos gracias a las aportaciones del sistema.
La incorporación del concepto básico de la ordinalidad –que Catalunya reciba menos por habitante que otra comunidad que haya contribuido menos–, el fin del sistema de anticipos –los gobiernos autonómicos que lo quieran recibirán lo que recauden en tiempo real– y unos nuevos parámetros de cálculo de la población ajustada –aunque no se incorpora el modelo de modelo financiación.
Al margen del sistema de financiación común autonómica ahora pactada, PSC y ERC empezarán ahora un proceso de negociación, ligado a la aprobación de los presupuestos, para mejorar también la dotación económica estructural de las competencias propias y singulares de Catalunya, como Mossos d'Esquadra, lengua, prisiones o Inspección de Trabajo. También aquí existe en perspectiva un nuevo incremento para las arcas de la Generalitat de Catalunya. Y todavía está todo el blog en curso de traspaso de grandes infraestructuras con su propia financiación.
Estamos, pues, ante un cambio a corto y medio plazo de mejora de la financiación, una cuestión primordial para el progreso y la cohesión social del país. Si hasta ahora teníamos el vaso medio lleno (o medio vacío), ahora la línea sube de nivel. Naturalmente, con el horizonte del concierto, siempre es necesario aspirar a más. Pero resultaría absurdo desperdiciar esta ventana de oportunidad que la coyuntura política del post-Proceso ha hecho posible, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la alternativa a un gobierno progresista en España.