El Tribunal Supremo irrumpe en el debate migratorio
BarcelonaPor si el gobierno español no tenía suficientes frentes abiertos con la justicia, ahora se le abre otro inesperado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que finaliza este mismo día 30 y que ya ha superado el millón de solicitudes. El Supremo, respondiendo a los recursos interpuestos por los gobiernos valenciano y aragonés, ambos del PP, pone en duda ahora la legalidad de la regularización sobre la base de la normativa europea. Este nuevo golpe judicial al gobierno Sánchez está firmado por Carlos Lesmes, magistrado conservador que fue durante 5 años presidente del CGPJ y del TS; Wenceslao Olea, que fue vocal del CGPJ a propuesta del PP, y Fernando Román García, que fue secretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy.
Pues bien, el Supremo pide a las partes (los gobiernos valenciano y aragonés y la Abogacía del Estado) que argumenten si consideran que la regularización debería llevarse al TJUE para que dictamine sobre su legalidad. ¿Y cómo lo argumenta? Pues lejos de entrar en disquisiciones técnicas, lo que hace es preguntarse si en el marco del Pacto de Inmigración y Asilo aprobado por la UE en 2024, centrado de manera exclusiva en el procedimiento de concesión de asilo y de aceleración de las repatriaciones, "es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, [...] sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".
Los magistrados dan un triple salto mortal y consideran que, dado que la política migratoria europea ha ido endureciéndose en los últimos años, la regularización que promueve el gobierno español rompe la "solidaridad, transparencia y confianza mutua" entre los Estados porque ha tomado una decisión que tiene un "impacto significativo" en el conjunto de la Unión. Pero claro, que la Unión haya ido tomando medidas para acelerar las deportaciones no significa que haya prohibido expresamente a los Estados hacer regularizaciones extraordinarias. De hecho, la Comisión Europea ya dijo en su momento que la decisión del gobierno español, más allá de si les gustaba mucho o poco, era perfectamente legal. Porque si los Estados hubieran decidido prohibir las regularizaciones, primero lo habrían de haber puesto negro sobre blanco en la legislación europea. Y después cada Estado habría de haber transpuesto la norma. Y en este caso no ha pasado ni una cosa ni la otra.
Es evidente que la regularización no agrada a la mayoría de estados europeos, y se lo hicieron saber a Sánchez en el pasado Consejo Europeo, pero en ningún caso ha habido en Europa un debate sobre su legalidad hasta que el Supremo español se ha pronunciado. Todo apunta, pues, que se trata de una nueva maniobra de la justicia para torpedear las decisiones de un gobierno que perciben como hostil, sin pensar en los efectos que una eventual suspensión de la norma tendría para cientos de miles de personas que han puesto todas sus esperanzas en un proceso de regularización que defienden tanto las patronales como los sindicatos.