Argentina conmemora 40 años del juicio civil en la dictadura militar

Buenos AiresEn 1985, Argentina vivió uno de los procesos políticos más relevantes de su historia: después de siete años de dictadura militar (1973-1986), un tribunal civil juzgó a nueve altos cargos de las Fuerzas Armadas, considerados los máximos responsables de ejecutar un plan sistemático de violencia y represión y de masivas violaciones de los derechos. Algunos de ellos fueron condenados a cadena perpetua y murieron entre rejas. Este año, Argentina conmemora el 40 aniversario del juicio en las juntas militares, que sentó las bases de su democracia y cambió la vida política del país para siempre.

Los años 70 en Latinoamérica estuvieron marcados por golpes de estado y dictaduras. Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay vivían bajo gobiernos militares, y Argentina no era diferente. A lo largo del siglo XX se habían alternado gobiernos democráticos y autoritarios, y ahora, además, operaban grupos civiles armados de izquierdas, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, y una banda parapolicial de extrema derecha, la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A9 Al volver el general Perón presidenciales junto a su mujer, Isabel, como vicepresidenta. Perón muere e Isabel queda en el cargo, hasta que el 24 de marzo de 1976 un grupo de militares, liderados por el comandante Jorge Rafael Videla, toman el poder del estado e instauran la dictadura más cruel que ha conocido Argentina, a la que los golpistas llamaron Proceso de Reorganización Nacional.

Los militares se ceban con la disidencia y elaboran un plan represivo sin fisuras: se producen secuestros en medio de la calle, en las casas, de noche, en los puestos de trabajo, en las universidades; detienen mayoritariamente a jóvenes militantes de izquierdas; los torturan en centros clandestinos de detención, a las mujeres las violan. Los asesinan, fusilándolos o con métodos como los "vuelos de la muerte", en que las víctimas eran sedadas, metidas dentro de un avión y tiradas vivas en el mar. A las embarazadas que parecen en cautiverio, les roban los bebés y se les apropian familias militares. Pero en 1982, el régimen, ya debilitado, acaba de hundirse tras la derrota contra el Reino Unido en la guerra de las Islas Malvinas. El presidente de facto, viendo una difícil imposición de las condiciones de los militares, firma una ley de autoamnistía que les deja sin cargos, y llama a elecciones libres en 1983.

En las primeras elecciones democráticas se presentan el peronista Ítalo Luder, que garantiza mantener la amnistía, y el radical Raúl Alfonsín, que por el contrario promete investigar y juzgar a los altos cargos de la dictadura. Alfonsín gana las elecciones con el 52 por ciento de los votos. "Fue extraño que en 1983, en Argentina, la gente votara por investigar el pasado", recuerda en conversación con el ARA Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto en el juicio a las juntas militares, "porque hasta entonces el modelo en el mundo eran las amnistías pactadas, como había sido el caso de España". Días después de ser investido, Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), un organismo integrado por intelectuales y defensores de los derechos humanos como Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido, a quienes encarga recopilar, en un plazo de seis meses, toda la información posible en torno a la represión. "Ninguno de nosotros era investigador de nada; de hecho, ni siquiera éramos tantos", relata Meijide en conversación con el ARA: "pero era el único camino, y lo fuimos haciendo".

Conadep envió delegaciones a los países donde estaban exiliados para que pudieran dar su testimonio. Miriam Lewin, exmilitante de la izquierda peronista y superviviente de la tortura, lo hizo desde el exilio en Nueva York: "No dudé en ningún momento que debía declarar –dice al ARA–, aunque hacerlo era un riesgo" en una democracia recién estrenada y con mucho poder todavía en manos de los militares. Sin embargo, el juicio comenzó el 22 de abril de 1985 en Buenos Aires. "Sabíamos que estábamos a punto de hacer algo increíblemente complicado –dice Moreno Ocampo–, apenas teníamos pruebas, no podíamos contar con la policía, y por tanto teníamos que utilizar a las víctimas como fuente de información". Fueron meses de trabajo intenso, como recuerda uno de los jueces del tribunal, Ricardo Gil Lavedra: "Sólo hasta agosto, declararon más de 800 testigos –dice en el ARA–, ya veces las sesiones se alargaban hasta entrada la noche".

La sentencia se dictó el pasado 9 de diciembre. Jorge Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Viola, a 17 años de cárcel; Armando Lambruschini, a ocho; y Orlando Agosti, a cuatro y medio. Los otros cuatro quedaron absueltos. Aunque era un hecho y una sentencia inédita, algunos sectores de la sociedad no quedaron conformes, como fue una rama de las Madres de Plaza de Mayo, que se habían organizado para buscar a sus hijos desaparecidos. "Se esperaba que los juzgaran a todos, no solo a los altos cargos –explica al ARA Carmen Arias, representante de la organización–, y muchos de ellos no recibieron cadena perpetua, que era lo que merecían; y luego Alfonsín aprobó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final". Ante el temor de un nuevo alzamiento militar, Alfonsín absolvió a cargos medios e inferiores y limitó el tiempo a los fiscales para seguir acusando. "La decisión de juzgar a los altos cargos fue revolucionaria –reivindica Gil Lavedra–, pero, claro, eso abrió la puerta a que la sociedad pidiera más".

Lo relevante, según este juez, es que el juicio permitió que la transición democrática argentina "se hiciera sobre la base del respeto a la ley: no sobre la impunidad, sino sobre la justicia". Graciela Fernández Meijide recuerda cómo, al terminar el juicio, la madre de un desaparecido se dirigió a los jueces: "Yo sé que mi hijo ponía bombas; pero se merecía un juicio como éste". Para Miriam Lewin, el juicio en las juntas fue una "catarsis colectiva" que ayudó a la sociedad argentina a "construir una autoestima" y que ya "forma parte del ADN argentino", porque es "un hito de nuestra historia, le pese a quien le pese".