Los presos políticos en Venezuela: “Mi marido tiene cáncer de páncreas y sigue entre rejas"

Caracas“Hoy tampoco ha salido”, dice resignada Eglis Manaure, de 50 años, mientras sube la escalera que conduce a su casa en un bloque residencial de Guatire, una localidad a unos 50 kilómetros de Caracas. Sonríe y finge normalidad, pero los ojos la delatan: tiene una mirada profundamente triste. "Casi no duermo. A la una de la madrugada ya estoy despierta mirando noticias para saber si lo han liberado", confiesa. A su marido, Enrique Parada, lo detuvieron hace más de seis años, el 20 de abril de 2020, y desde entonces está en una prisión a más de 450 kilómetros, en la ciudad de Maturín, al noreste de Venezuela. Para llegar allí, Eglis tarda catorce horas en autocar y solo puede ir cada tres o cuatro meses. Tiene que escoger entre pagar el coste del pasaje o sufragar las medicinas que él necesita. Su economía no da para nada más. El hombre, de 45 años, tiene cáncer de páncreas.

El 19 de febrero la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistíaEl 19 de febrero la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía que pretendía ser un punto de inflexión, un antes y un después. O al menos así es como lo vendieron. En cambio, la coordinadora de la asociación venezolana de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, asegura que el texto legislativo ha quedado en papel mojado. Es cierto que se excarcelaron un total de 721 presos políticos, pero la mayoría continúan con medidas cautelares. Esto quiere decir que no pueden salir del país, ni hablar con la prensa, y se tienen que presentar ante los tribunales de forma regular. Y algo todavía peor: los pueden volver a encarcelar en cualquier momento. “Solo 110 personas han salido de la prisión de forma definitiva”, afirma esta defensora de los derechos humanos.

Sin datos oficiales

Según esta organización, al menos 665 presos políticos continúan en la cárcel, a los que hay que añadir muchos otros casos que han aflorado en los últimos meses. "Las represalias se extienden a todo el grupo familiar. Pueden estar buscando a un miembro de la familia y detener a otro si no localizan al que buscan", explica Tineo. Por eso muchos callan. Otros callan por miedo al rechazo. El resultado es que nadie sabe con certeza cuántos presos políticos continúan entre rejas, y el gobierno venezolano tampoco ha publicado ninguna lista oficial de los que mantiene encarcelados ni de los que ha liberado.

“Mucha gente se alejó de mí cuando detuvieron a mi marido”, dice Eglis, que ha visto cómo familiares y amistades le daban la espalda como si tuviera la peste. Y eso que su marido todos estos años ha estado en prisión provisional, sin una sentencia firme. Lo acusan de estar implicado en una trama para secuestrar al ministro del Interior, Diosdado Cabello. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado ampliamente el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria en Venezuela como herramienta de represión.

Hace solo cinco días condenaron a Enrique Parada a 26 años de prisión, pero la sentencia todavía no es firme. “Cuando mi niño se enteró, lloró sin parar, se hizo pis en la cama, no quiso comer…”, explica Eglis con la voz afligida refiriéndose a su hijo Mauricio, de 8 años, que espera desesperadamente que su padre vuelva. La condena es para toda la familia.

La familia de Emirlendris Benítez Rosales también está destrozada. Esta mujer de mediana edad se dedicaba a la venta de ropa y zapatos hasta que la detuvieron el 5 de agosto de 2018 acusada de participar, un día antes, en un intento de magnicidio con drones contra Nicolás Maduro y otros cargos públicos en Caracas. Desde entonces está entre rejas y la han condenado a 30 años de prisión, aunque antes de que la detuvieran no tenía ni idea qué era un magnicidio, y menos aún un dron. Su delito fue ir de copiloto en un coche que hacía de taxi y en el que viajaban dos desconocidos que supuestamente sí que estaban implicados en el atentado. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha solicitado su libertad inmediata, y también lo ha hecho Amnistía Internacional. De momento, sin consecuencias.

“Le arrancaron las uñas de los pies con un martillo, le metieron la cabeza en una bolsa de plástico con insecticida, la golpearon contra la pared, la tuvieron aislada 33 días…”, dice Melania Leal Rosales enumerando lo que hicieron a su hermana cuando la detuvieron. Como consecuencia de todo ello, Emirlendris ha quedado postrada en una silla de ruedas: tiene fibromialgia, una hernia discal, un hombro dislocado… “Pido a Dios que se haga justicia”, suelta su madre, Gladis María Rosales, que de repente se arrodilla en el suelo mientras suplica mirando al cielo. La familia es especialmente humilde. Vive en una barraca en la ladera de una colina en las afueras de Caracas.

Golpes y ratas

Williams Dávila es un político reconocido: fue gobernador del estado venezolano de Mérida, viceministro en los años ochenta y senador en los noventa. A pesar de ello, a él también lo detuvieron y golpearon. Lo arrestaron el 8 de agosto de 2024 por su participación en una concentración pacífica en Caracas para solicitar la libertad de los presos políticos. Hombres uniformados con pasamontañas lo asaltaron, le dieron un golpe en la cabeza, lo hirieron en una pierna y lo encerraron en un calabozo con ratas; la herida se le infectó y en la cárcel ha sufrido septicemia, neumonía, una úlcera gástrica y hemorroides. Ahora es uno de los pocos presos políticos que ha quedado en libertad total a raíz de la ley de amnistía, después de que fuera excarcelado con medidas cautelares el 18 de julio pasado, después de más de once meses en la cárcel. El procedimiento penal ha quedado archivado.

“[José Luis Rodríguez] Zapatero contactó con mi hijo para decirle que el gobierno venezolano estaba dispuesto a dejarme salir del país con la condición de que no volviera nunca más, pero yo lo rechacé”, afirma el político. Él confía en el cambio. Hace solo cinco meses habría sido imposible que lo dejaran en libertad o que le permitieran participar en actos electorales, asegura. Por eso ahora está dispuesto a volver a la arena política.