Un año judicial que puede cambiar a los Estados Unidos

WashingtonCuando Donald Trump tuvo la oportunidad de escoger nuevos jueces para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y lo hizo tres veces (más que ningún otro presidente desde Ronald Reagan), los criterios de selección tenían en negrita y como requisito indispensable dos factores: los nominados tenían que ser abiertamente antiaborto y defender férreamente el derecho a tener y llevar armas, la tan venerada y proclamada segunda enmienda de la Constitución. Aborto y armas: no son dos preceptos elegidos al azar, son el núcleo duro del ideario de los círculos conservadores.

Bajo el histrionismo de su mandato, Trump reformuló el sistema judicial de los Estados Unidos llenándolo de jueces conservadores que marcarán la jurisprudencia del país durante décadas. La gran obra, allá donde el legado será más significativo, es la huella dejada en el Tribunal Supremo, donde consolidó una mayoría cómoda de jueces (6-3) de ideología conservadora. Y esto puede significar el inicio de una nueva era.

Hace décadas que los círculos conservadores esperaban un contexto que les permitiera avanzar en su agenda más capital, donde poder acabar su cruzada para deshacer jurisprudencia progresista: hacía falta un Supremo claramente conservador y tener casos judiciales bastante sólidos y diseñados específicamente para poner en jaque el sistema. La conjunción astral se ha dado este año, y augura un año judicial en los Estados Unidos donde pueden empezar a cambiar muchas cosas.

El plato fuerte de este periodo es el aborto. Desde 1973, cuando la decisión sobre el celebérrimo caso Roe vs. Wade legalizó el aborto, activistas conservadores empezaron a buscar rendijas por las que intentar inocular en los juzgados la duda sobre la constitucionalidad de la interrupción del embarazo. Ahora, casi medio siglo después, llega a la más alta esfera judicial un caso creado con la única intención de ser analizado de nuevo y, con suerte, deshacer la legalidad del aborto en el país.

El caso concreto hace referencia a una ley de Misisipí que prohíbe el aborto a partir de la decimoquinta semana de gestación, mucho antes de cuando se considera que un feto es "viable" para sobrevivir fuera del útero y, con esto, contradice precedentes. Haber aprobado una legislación tan claramente contraria a lo establecido era la apuesta, un desafío a caro descubrimiento. El 1 de diciembre llegará la prueba de fuego, cuando el Supremo escuchará el caso y podría empezar a dar pistas de su decisión.

Los indicios no prevén nada de bueno para los defensores del aborto. A principios de septiembre, el tribunal ya declinó bloquear de urgencia la radical y restrictiva ley de aborto de Texas, que prohíbe interrumpir el embarazo después de ocho semanas de gestación.

De nuevo con la segunda enmienda

El otro tema capital hace referencia a la libertad de llevar armas. Desde hace más de una década, el Supremo había demostrado por activa y por pasiva que no quería entrar en el juego de decidir sobre el tema, pero el cambio de mayorías ideológicas desde hace un año ha llevado hacia un nuevo criterio. El caso concreto es una demanda hecha en Nueva York, donde los litigantes denuncian la limitación de permisos para llevar pistolas ocultas, una ley de hace más de un siglo. En caso de que el Supremo apueste por ampliar el acceso a las armas, la retahíla de leyes (especialmente en estados gobernados por republicanos) para expandir la legalidad de llevar armas en público será imparable.

El menú del Supremo no acaba aquí. Esta semana, en una de las primeras jornadas del nuevo año judicial, ya se vio un caso sobre la posibilidad del gobierno de ocultar información sobre torturas; también hay casos sobre la separación Iglesia-estado, e incluso tendrán que decidir sobre la pena de muerte impuesta sobre el condenado por el atentado en el maratón de Boston de 2013.

Todas las carpetas se tendrán que cerrar, a lo sumo, antes del 27 de junio. Pero más allá de las decisiones, el Supremo tiene una tarea delante extremadamente complicada: la recuperación de la confianza de la opinión pública. No es casual que, en las últimas semanas, casi la mitad de los jueces del tribunal hayan dicho públicamente que ninguna de sus decisiones está politizada, que solo se rigen por la interpretación de la ley. Lo cierto es que la confianza en una institución hasta hace poco absolutamente respetada ha caído en picado, al 40% de aprobación en la última encuesta de Gallup, del mes pasado.

Para Irv Gornstein, director del Instituto sobre el Tribunal Supremo de Georgetown, se ha llegado a un punto de inflexión en que la población ya no cree que los jueces sean apolíticos, cuando en sus decisiones queda claro que cumplen, queriéndolo o no, con objetivos partidistas. Y, por lo tanto, la legitimidad queda en entredicho. Hecho capital especialmente este año, con casos sobre la mesa que pueden cambiar el panorama social del país de arriba a abajo.