Atrapados en Pakistán: los otros afganos olvidados de Occidente

IslamabadWaqar conduce deprisa por las callejuelas de uno de los barrios de Islamabad donde residen más afganos. Él es paquistaní y, a pesar de no ser la zona en la que vive, la conoce bien porque, en los últimos años, se ha dedicado en cuerpo y alma a ayudar a los refugiados que llegaban del país vecino huyendo de los talibanes. Forma parte de la red catalana de voluntarios People Help.

A la puerta de una casa austera, le espera Sharifa para llevarlo hasta el comedor donde se sientan, a oscuras, un grupo de mujeres afganas y sus hijos pequeños. El barrio sufre a menudo cortes de electricidad y la linterna del móvil ilumina la habitación mientras dura el encuentro.

"Llevamos tres años viviendo ilegalmente en Pakistán", comienza explicando Sharifa, activista por los derechos humanos en Afganistán hasta que huyó para llegar a Quetta –al oeste de Pakistán, cerca de la frontera afgana– el día que los talibanes volvieron al poder, el 15 de agosto de 2021. "En Afganistán hacíamos trabajos muy sensibles, como protestar contra el test de virginidad al que deben someterse las mujeres [si lo requieren policías o jueces], que es un tipo de violencia de género".

Pero el hecho de que su vida corriera peligro en Afganistán con el regreso de los fundamentalistas no le sirvió para obtener asilo en el extranjero. "Los proyectos para los que trabajaba eran financiados por Canadá y Reino Unido, pero mi problema es que huí deprisa y corrientes de Afganistán. Todos los colegas con los que trabajaba han podido llegar a Canadá, Estados Unidos ... Sólo yo estoy aquí".

Ninguna garantía de asilo

Sharifa vive en Islamabad con su marido y sus hijos. Sólo cuenta con una tarjeta de ACNUR que, en la práctica, no le sirve como garantía de asilo. En noviembre el gobierno paquistaní empezó a deportar masivamente afganos residentes en el país que no contaran con un visado válido.

Sin embargo, en los últimos meses los retornos forzados se han reducido y Waqar, que escucha atentamente la conversación, cree que a partir de ahora no habrá una presión tan "estricta hacia los refugiados afganos, salvo que ocurra algo fuerte ", como podrían ser nuevos atentados de los talibanes paquistaníes en Pakistán y que Islamabad considera que se han entrenado en territorio afgano con el consentimiento del gobierno de Kabul. Es, de hecho, el principal motivo para deportar afganos en situación irregular. Desde noviembre, los propietarios paquistaníes reciben también la presión de las autoridades para que no tengan inquilinos afganos sin papeles que les autoricen su estancia.

"Nos han subido el alquiler. La policía viene cada tres o cuatro meses y les tenemos que dar dinero para que se vayan. Pero, ¿cómo podemos seguir sobornando, si aquí no podemos trabajar ni ganar dinero?”, lamenta Sharifa .Esta realidad, sumada a que los niños no pueden escolarizarse en la educación pública, que es gratuita, son las principales preocupaciones de la mayoría de familias. cifra todavía reducida teniendo en cuenta la demanda total.

Otra dificultad le han encontrado en el acceso al mercado laboral. Si hasta noviembre podían encontrar trabajo de forma irregular en algunos comercios, ahora se les hace más difícil, según cuenta otra vecina, que también se llama Sharifa: “Trabajábamos en una tienda de comida, pero el propietario nos dijo en noviembre que no podíamos trabajar más”.

En 2021, con el cambio de gobierno en Afganistán, muchas ONG empezaron a ayudar a afganos que habían huido a Pakistán, pero ahora aseguran que este apoyo se ha desvanecido. Aunque algunas familias disponían al principio de un visado válido, el hecho de no tener dinero suficiente para renovarlo les ha dejado en situación irregular. Ambas Sharifa, al igual que la mayoría de mujeres que se sientan en la sala de estar, aseguran que han pedido asilo en España, pero desconocen en qué punto se encuentra la petición porque no las han citado en ninguna entrevista personal.

Atrapadas en Pakistán

“Muchos afganos que están aquí [en Pakistán] trabajaban para embajadas, organizaciones internacionales...”, comienza explicando Muhammad Mudassar Javed en su oficina de Islamabad. Es el director de la organización paquistaní Sharp, encargada de atender las peticiones de asilo derivadas del ACNUR. “Cuando vienen, [los afganos] siempre dicen que les recomendaron que se marcharan del país para ir a países vecinos, para salvarse, y que después las embajadas les ayudarían a llegar a los países de destino final. Son jóvenes abogados, artistas, fiscales, que pensaban que estarían aquí un par de meses”, afirma. La realidad es otra.

Al quedarse atascados en Pakistán, han tenido que vivir la complicada situación que ha atravesado el país. “En el 2022 sufrimos el mayor número de atentados de la última década. También dificultades económicas e inestabilidad política”, explica. Miles de afganos que no habían trabajado en posiciones sensibles durante los últimos veinte años en Afganistán decidieron regresar a Afganistán en noviembre, bajo amenazas del gobierno paquistaní. “Unas 470.000 personas se marcharon durante los primeros dos meses. La gente tenía miedo después de que el gobierno anunciara de repente la medida. Muchos vivían aquí desde hacía mucho tiempo: tenían negocios, maquinaria, pero su confianza se quebró”, asegura Mudassar.

“Amamos a nuestro país, pero fuimos forzados a irse”, explica Mohamed, el marido del activista Sharifa, que trabajaba por el gobierno afgano anterior. “La comunidad internacional ha dejado a Afganistán en una situación muy mala. Tienen responsabilidad, también España, y le pedimos que nos ayude”, reclama.