Las herencias de viejos solitarios multiplican por cuatro los ingresos del gobierno en Japón
El estado japonés bate un récord de ingresos por patrimonio sin herederos mientras la soledad es ya una emergencia estructural
TokioEl estado japonés bate un récord de ingresos por patrimonio sin herederos mientras el envejecimiento solitario, la caída de los matrimonios y la erosión de las familias tradicionales convierten la soledad en una emergencia estructural. La agencia tributaria nipona recauda más herencias de personas mayores que mueren completamente solas, sin cónyuges, hijos ni parientes que puedan o quieran reclamar sus bienes. Solo en el 2024, el estado absorbió 129.000 millones de yenes (unos 700 millones de euros) procedentes de patrimonios sin herederos, casi cuatro veces más que una década atrás, en un récord que ilustra hasta qué punto el país se hunde en una crisis silenciosa pero profunda.
El aumento de estas herencias abandonadas es el síntoma más visible de un fenómeno devastador: una sociedad en decadencia que se va empobreciendo emocionalmente a medida que la natalidad cae, los matrimonios se desploman y las redes familiares se deshilachan. Con 1,62 millones de defunciones anuales y una generación de ancianos que llega al final de su vida en un aislamiento casi total, los expertos alertan de que Japón está creando una nueva clase de ciudadanos sin herederos y un futuro lleno de conflictos legales, propiedades en ruinas y comunidades fuera de las grandes ciudades cada vez más vacías.
Cuando alguien muere sin herederos en Japón, el proceso es lento y cargante: un liquidador designado por el tribunal de familia se encarga primero de saldar los impuestos pendientes, los costes del funeral y cualquier otra deuda antes de que el resto de bienes pase de forma automática al estado. Los expertos alertan de que el número de personas mayores sin familia va a seguir aumentando y reclaman reformas que permitan destinar estos patrimonios a cuidadores o entidades sociales. Para que esto sea posible, la población debería empezar a planificar qué quiere hacer con sus bienes mucho antes del final de la vida, ya que sin testamento no se puede hacer ninguna donación y el patrimonio acaba irremisiblemente en manos del estado.
La dimensión material del problema es enorme. El país acumula ya más de nueve millones deakiya –casas abandonadas– que se deterioran sin que nadie asuma su propiedad ni mantenimiento. Muchas quedan atrapadas en procesos judiciales pesados porque es imposible localizar herederos o consensuar su gestión. Los ayuntamientos, especialmente en los pueblos y ciudades medias, dedican recursos crecientes a vender, inspeccionar, tapiar o derribar casas y propiedades que se derrumban, convertidos en símbolo físico de la desconexión social.
Tabú sobre el final de la vida
Lo que sorprende a muchos analistas es que la generación que hoy muere sola es la misma que levantó y construyó el Japón moderno: trabajadores que vivieron la expansión económica de la posguerra, pero que a menudo no se casaron, se desvincularon de la familia tradicional, no tuvieron hijos o perdió los vínculos con ellos. A esta realidad se le añade un tabú persistente en torno a la planificación del fin de la vida, que hace que muchos ancianos eviten hablar de testamentos o designar herederos alternativos, aun sabiendo que su patrimonio puede acabar en manos del estado.
Esta falta de planificación no sólo tiene consecuencias emocionales, sino también económicas. Las autoridades locales se encuentran con bienes que nadie reclama y que, antes de llegar al estado, exigen trámites administrativos que saturan juzgados y oficinas municipales. Los expertos señalan que cualquier intento de reconducir este patrimonio hacia usos sociales –sea para entidades, cuidadores o proyectos comunitarios– choca con una legislación rígida que sólo permite dar bienes mediante testamento. Y aún así, son pocos los que le redactan.
Con una población que envejece aceleradamente y un futuro inmediato donde los mayores de 80 años serán más numerosos que nunca, los demógrafos alertan de que el problema sólo se agravará. Sin una reforma política integral que promueva la redacción de testamentos, incentive la donación de bienes y facilite la gestión de patrimonios sin herederos, Japón corre el riesgo de convertir esta crisis en una carga estructural. Pero, de momento, la respuesta institucional es inexistente: a nadie se le escapa que el Estado recibirá cada año una creciente cantidad de dinero y propiedades procedentes de estas sucesiones, un flujo ingente que no genera prisa política para cambiar las cosas.
