Dinamarca enviará a Kosovo presos extracomunitarios que no puede deportar
El gobierno socialdemócrata pretende aligerar la sobreocupación de las instalaciones danesas, que atribuye al aumento de extranjeros
BarcelonaDinamarca ha firmado un acuerdo con Kosovo para alquilar una prisión del país balcánico para enviar a 300 reclusos. De este modo, pretende aligerar el colapso que sufren algunas de las instalaciones penitenciarias del país escandinavo, que el gobierno atribuye al aumento de prisioneros extranjeros.
La semana pasada, el ejecutivo danés, gobernado en minoría por los socialdemócratas, firmó un acuerdo con tres partidos más para mejorar las condiciones en las prisiones, donde ya se mencionaba la posibilidad de alquilar 300 plazas en un tercer país, que se utilizarán para enviar extracomunitarios condenados a deportación. "Esto aumentará la capacidad a corto plazo y aligerará los graves problemas de personal en las prisiones danesas", mencionaba el documento, que añadía: "Además, enviará una señal clara de que los extranjeros condenados a deportación tienen que salir de Dinamarca".
"Los extranjeros condenados a deportación ocupan demasiadas plazas en las prisiones danesas, que en general están presionadas por una sobreocupación y una gran escasez de oficiales de prisiones", añadía el documento firmado el 15 de diciembre. Detallaba que en 2020 este colectivo ocupó una media de 368 plazas en las prisiones y que alquilar celdas en un tercer país sería más barato que mantenerlos en Dinamarca.
El objetivo del gobierno es que a estas personas se las devuelva a su país de origen siempre que sea posible una vez finalizada su pena, pero hay casos en los que esto no pasa, por ejemplo cuando no hay un acuerdo de readmisión con los países de los que provienen. Aún así, el gobierno danés quiere dejar claro que no son bienvenidos. "Vuestro futuro no está en Dinamarca y, por lo tanto, tampoco tendríais que cumplir condena aquí", ha subrayado el ministro de Justicia danés, Nick Haekkerup, en una rueda de prensa desde Pristina.
Haekkerup ha viajado este martes a la capital kosovar para firmar una carta de intenciones –previa al acuerdo final– con la ministra de Justicia del país balcánico, Albulena Haxhiu, a través de la cual el gobierno danés se compromete a pagar 15 millones de euros anuales para alquilar estas 300 plazas durante un periodo inicial de cinco años, con una prórroga automática de cinco más. El objetivo es que los primeros reclusos lleguen a la prisión de Gjilan –una instalación construida en 2016 y ubicada a unos 50 kilómetros de Pristina– en 2023, y Haekkerup ha asegurado que los reclusos cumplirán sus condenas conforme a la legislación danesa y en el marco de las obligaciones internacionales de Dinamarca.
Mano dura contra la inmigración
No es la primera vez que un país europeo utiliza servicios penitenciarios de otro estado, sino que anteriormente Noruega y Bélgica han alquilado celdas a prisiones de los Países Bajos para aligerar la presión en sus instalaciones.
Con todo, el acuerdo de Dinamarca va más allá de una cuestión práctica, como evidencian las declaraciones del ministro de Justicia sobre las extracomunitarias pendientes de deportación. A mediados de este año, el Parlamento danés aprobó una controvertida ley para externalizar la gestión de las solicitudes de asilo a países fuera de la UE, con la idea de que esté ubicado en África. Detrás de la medida está la voluntad de disuadir a potenciales peticionarios de asilo, teniendo en cuenta que el objetivo del ejecutivo socialdemócrata es avanzar hacia los "cero refugiados" espontáneos, tal como manifestó la primera ministra, Mette Frederiksen, a principios de año.
Hace tres años, el país escandinavo vivió una polémica relacionada con la cuestión de los extranjeros pendientes de deportación que llenan las prisiones danesas, cuando la entonces ministra de Integración, Inger Støjberg, propuso enviar solicitantes de asilo rechazados que hubieran cometido delitos graves a una isla deshabitada de Dinamarca.
Expulsada del Parlamento
Støjberg, la cara más visible de la línea dura en inmigración del anterior gobierno danés, una coalición de liberales y conservadores, ha vuelto a ser noticia este martes, cuando el Parlamento ha votado a favor de expulsarla y dejarla sin escaño. La votación llega después de que a principios de este mes Støjberg fuera condenada a dos meses de prisión por ordenar la separación ilegal de parejas de refugiados en un caso de impeachment, muy poco habitual en el país escandinavo.
La exministra decidió en 2016 que se tenían que separar y alojar en lugares diferentes a todas las parejas en las que uno de los dos fuera menor de edad, sin excepciones, con el argumento de evitar matrimonios forzados. La medida afectó a 23 parejas, y el tribunal especial que la ha juzgado consideró que violaba la Convención Europea de Derechos Humanos y las leyes danesas. Este martes, la mayoría de parlamentarios ha considerado que la condena es incompatible con ser miembro del Parlamento, donde desde febrero Støjberg ocupaba un escaño como independiente.