Los embajadores enfrentados con Erdogan dan marcha atrás para seguir en Turquía

El presidente turco amenazó con expulsarlos después de haber pedido la liberación del filántropo Kavala

EstambulDespués de las numerosas críticas al sistema judicial turco y las insinuaciones sobre la falta de derechos democráticos o de libertad de expresión en Turquía, los diez embajadores que levantaron la voz a favor del filántropo Osman Kavala han retirado sus demandas para respetar la soberanía turca, según han justificado. La retirada, que se producía mientras el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, estaba reunido con sus ministros para debatir la expulsión de los embajadores de los países implicados, ha sido anunciada con un breve mensaje de Washington en las redes sociales. “Los Estados Unidos confirman que cumplirán el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en referencia a las cuestiones planteadas en la declaración del 18 de octubre", decía el texto.

Posteriormente al anuncio de los EE.UU., los otros países que apoyaban la demanda –Canadá, Finlandia, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Francia y Alemania– reproducían el mismo mensaje sin dar ninguna otra explicación y encomendándose a este punto de la convención, firmada en 1969. El artículo 41 dice literalmente: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, es deber de de todas las personas respetar las leyes y los reglamentos del estado receptor. También tienen el deber de no interferir en los asuntos internos de este estado".

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La noticia ha sido aplaudida por el presidente turco, que ha opinado lo siguiente sobre la declaración de los diez embajadores pidiendo la liberación de Osman Kavala: “No se dirigía a ninguna persona ni sujeto, sino que se dirigía directamente al poder judicial y a los derechos de nuestro país”. De hecho, el máximo mandatario ha aprovechado la ocasión para destacar que el sistema judicial en Turquía es "independiente e imparcial”. “Como jefe de estado, es mi deber dar la respuesta necesaria a esta falta de respeto”, ha dicho. Y esta respuesta era expulsar a la totalidad de los embajadores que firmaban el comunicado. Pero al ver la reacción de dar marcha atrás de estos países, el portavoz del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, Ömer Çelik, ha instado a los embajadores implicados a deshacer las maletas: "Les misiones diplomáticas que sigan con su tarea cumpliendo este principio [la Convención de Viena] siempre serán bienvenidas".

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Caída de la lira

A pesar de la desescalada diplomática, la respuesta de los mercados a la amenaza de Erdogan se ha traducido en una caída sustancial de la divisa –en una semana en la que el Banco Central turco rebajó en 200 puntos el tipo de interés–, que casi cotiza a 10 liras por cada dólar. La lira, que este año ha perdido casi una cuarta parte de su valor, está actualmente en mínimos históricos.

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A pesar de la desbandada, la lucha del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue vigente. El enviado especial del Parlamento Europeo en Turquía, Ignacio Sánchez Amor, destacó hace dos semanas al ARA que Turquía podría afrontar sanciones en el Consejo de Europa en caso de no liberar al empresario. “Esto no es una petición de la Unión Europea ni de Occidente, es solo un recordatorio de que Turquía, como miembro del Consejo de Europa, está obligada a acatar las sentencias del TEDH”, destacó.

En caso de no cumplir la sentencia, según Sánchez Amor, se podría abrir un procedimiento de infracción a Turquía. A pesar de que la expulsión no está prevista, “implicaría una pérdida de derechos de voto”, afirma el eurodiputado. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió este año una sentencia similar en el caso de Selahattin Demirtas, exjefe del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) prokurdo, que hace casi cinco años que está en la prisión.

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En cuanto a la interferencia en la soberanía nacional, repetida por Turquía ante las críticas a su sistema judicial, Sánchez Amor lo tiene claro: “¿Por qué no es una interferencia? Porque Turquía es un país candidato y ha aceptado voluntariamente ser supervisado y evaluado en cuanto a derechos humanos y el estado de derecho”.