El Supremo de EE. UU. se muestra escéptico con el intento de Trump de revocar la ciudadanía por nacimiento

WashingtonEl Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha iniciado este miércoles el proceso para determinar la legalidad de la orden ejecutiva de Donald Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento.Y, en un gesto inédito, el presidente se ha personado para escuchar los argumentos orales. Es la primera vez que un presidente en activo asiste a una sesión del Supremo y remarca lo importante que es esta causa para el mandatario.

Horas después de ser investido, Trump firmó una orden ejecutiva en la que revocaba el derecho de adquirir la ciudadanía solo por haber nacido en el territorio de los Estados Unidos. La finalidad es evitar que los hijos de los inmigrantes –con papeles o sin– obtengan la nacionalidad estadounidense. Se trata de uno de los principales caballos con los que Trump quiere hacer avanzar su agenda antiinmigración, pero los magistrados del Supremo se han mostrado escépticos este miércoles, según algunos medios norteamericanos. El decreto ha acabado en su mesa porque contradice frontalmente la enmienda 14 de la Constitución.

Esta enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanas”, y ahora el Supremo debe revisar si este derecho recogido en la Constitución desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el territorio de los EE. UU. La enmienda fue ratificada en 1868 después de la Guerra de Secesión, que puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos y anuló una decisión del Tribunal Supremo que había declarado que las personas de ascendencia africana nunca podrían ser ciudadanos norteamericanos.

Trump, con corbata roja y traje oscuro, se ha sentado en la primera fila de la galería pública de la sala del tribunal, según medios con presencia en el tribunal. Algunos de los jueces, incluido el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, han interrogado al abogado del Departamento de Justicia que ha defendido la medida.

El procurador general de los EE. UU., John Sauer, en representación de la administración, ha iniciado los argumentos diciendo que "la ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones contradice la práctica de la gran mayoría de las naciones modernas", según publica Reuters. Y ha añadido: "Opera como un poderoso factor de atracción para la inmigración ilegal y recompensa a los extranjeros ilegales que violan las leyes de inmigración".

Según el New York Times, los principales jueces conservadores han planteado dudas sobre la constitucionalidad de la orden del presidente. Sin embargo, algunos también se han mostrado duros con un abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), la cual presentó la impugnación legal al decreto del presidente.

El tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, ha dado apoyo a Trump en otras políticas relacionadas con la inmigración desde que volvió a la presidencia el año pasado. Según algunas estimaciones, una eventual sentencia del Tribunal Supremo que avale la opinión de la administración podría afectar el estatus legal de hasta 250.000 niños que nacen cada año en los EE. UU.