¿Cómo afecta la detención de Andrew Mountbatten Windsor a la monarquía británica?

LondresEl impacto de el arresto del ex príncipe Andreu –quien fue el hijo predilecto de la reina Isabel II– sobre la monarquía británica supone una grieta profunda en los mismos cimientos de la institución. Porque pone en duda la premisa de su presunta ejemplaridad moral y su transparencia ante la ciudadanía.

Un detalle, uno más, no es nada menor para sustentar esta afirmación: la estrategia de alejamiento de la Corona de esta oveja negra de la familia ha sido extremadamente lenta y calculada. Siempre a remolque de los acontecimientos y denuncias que, ya desde 2010 y 2011, comenzaban a conocerse sobre Andrew.

El palacio de Buckingham, primero con Isabel II delante, y ahora con Carlos III como jefe de la familia, ha actuado siempre de forma reactiva, no activa. Todo ello permite pensar, legítimamente, que un miembro de sangre azul del clan ha sido finalmente condenado al ostracismo no porque la monarquía haya actuado por convicción ética, sino por instinto de supervivencia ante la presión pública.

El arresto no implica sólo una simple crisis de reputación sino que es un proceso de degradación institucional que ha obligado a la Corona a desnudar de toda dignidad real a uno de sus miembros más cercanos para convertirlo, ante la justicia, en el señor Andrew Mountbatten Windsor, despojándole el pasado octubre del título de príncipe, intentando así, a la desesperada, salvar al resto de la estructura monárquica de una mancha que por ahora parece ya indeleble.

La estrategia de desconexión paulatina de Andrew del palacio de Buckingham se inició en el 2019, poco después de la desastrosa entrevista con la BBC en la que no mostró ninguna empatía con las víctimas de Epstein, pero siempre en un movimiento forzado por las circunstancias y no por una voluntad de transparencia. Sin embargo, todavía se tardaron tres años en poner el primer cortafuegos efectivo, cuando Isabel II le retiró todos sus títulos militares.

Cuando se produjo el pago multimillonario a la víctima más prominente de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, se hizo desde la más absoluta opacidad financiera sin que nadie haya explicado aún de dónde salieron los entre doce y los catorce millones de libras con los que Andrew se evitó un juicio civil en Nueva York: si de los bolsillos de los contribuyentes o de los fondos no tasados ​​de la familia real, cómo es el Ducado de Lancaster.

Todo ello, justamente por este privilegio de tener una fuente de ingresos libres de impuestos, puede alimentar el resentimiento de una generación joven que lucha por asomarse económicamente mientras la realeza goza de privilegios obscenos. En el caso del detenido es doblemente cierto. Oficialmente, Andrew come y tiene un techo y unos caballos con los que practicar la equitación gracias al dinero que, graciosamente, le proporciona el rey.

Fractura generacional

La consecuencia del escándalo más fabuloso que asume la monarquía más glamurosa del mundo es una fractura generacional evidente con la ciudadanía. Los mayores fieles quizá se traguen el sapo de la teoría de la manzana podrida. Pero los ciudadanos de la generación Z ven en la figura de Andrew el símbolo de un sistema caduco que protege a los suyos a capa y espada. Por lo menos hasta que la actuación de la ley se hace ya casi inevitable. La monarquía británica no navega por aguas seguras. Las cifras de su aprobación son reveladoras. Más del 80% de los británicos apoyaban los años 80 del siglo pasado. Hoy en día, superan escasamente el 50%.

La imagen caduca de la institución queda reflejada también a raíz de todo el asunto. Mientras el príncipe Guillermo intentaba esta misma semana, en un programa de la BBC, proyectar una imagen de modernidad y compromiso con temas como la salud mental, admitiendo la dificultad de comprender "mis mismas emociones", la institución que él mismo liderará se ha negado a pedir perdón reiteradamente por haber facilitado, amparado y protegido durante tanto tiempo las acciones.

Un individuo que ha utilizado su rango como un arma para silenciar acusaciones –las que lanzó Virginia Giuffre– y para mantener una posición de enviado comercial que su propio hermano, el rey Carlos III, ya cuestionaba hace años. La cuestionaba, pero nunca se opuso frontalmente para que la siguiera ocupando. En este sentido, es sabido, y se ha publicado repetidamente, que el gobierno, primero con Tony Blair, y después con Gordon Brown, aceptaron ese papel de Andrew a petición de la reina Isabel II.

Que sea un cuerpo de policía –en este caso nuevo, quienes investigan las actividades del hermano del rey– y no la propia autocrítica del palacio de Buckingham quien deba pedir cuentas por una presunta mala conducta en el desarrollo de la función pública representa el fracaso del sistema de control británico. Paradójicamente, también puede suponer un alivio para una sociedad que necesitaba ver cómo el privilegio extremo no equivale a la impunidad total.

Carlos III y el futuro rey, el príncipe Guillermo, tienen ahora el reto de gestionar –y enderezar, si pretenden que la institución sobreviva la nueva sacudida– el legado de haber protegido a un presunto delincuente sobre el que las pruebas de actos delictivos no dejan de acumularse. Si la Corona no es capaz de pedir perdón de forma explícita y asumir la responsabilidad por el silencio mantenido durante casi una década frente a las víctimas de Epstein –y de Andrew–, los británicos podrían empezar a preguntarse si, realmente, los representa. Sin embargo, sería demasiado atrevido afirmado que el daño para la monarquía es fatal.