El experimento migratorio del Reino Unido con Ruanda no salió bien y eso es un aviso para la UE

El programa costó 700 millones de libras y solo trasladó, voluntariamente, a cuatro personas

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Imagen del avión que transporta los primeros migrantes que han sido deportados en Ruanda por el Reino Unido este dimets
18/11/2026 - 07:09 h

LondresSe les llamó los vuelos de la vergüenza, y dos días después de ganar las elecciones, en julio de 2024, el entonces primer ministro laborista, Keir Starmer, declaró el programa de deportaciones a Ruanda para migrantes hombres llegados sin documentación a las islas británicas, “muerto y enterrado”. La propuesta la había lanzado el conservador Boris Johnson en abril de 2022, en plena escalada del escándalo del Partygate, que acabó con su liderazgo.

Según explicó el primer ministro Boris Johnson el día que presentó el plan, el acuerdo con Kigali no tenía “límites”: Ruanda tendría, en principio, “la capacidad de reubicar a decenas de miles de personas durante los próximos años”. Johnson añadió que, si el programa piloto funcionaba, se incluirían mujeres y niños. La realidad, sin embargo, ha sido muy distinta. Después de invertir en ello más de 700 millones de libras y de construir ad hoc dos centros para acoger a los migrantes, solo cuatro personas fueron trasladadas a Ruanda. Y no porque fueran deportadas, sino porque aceptaron voluntariamente el traslado a cambio de 3.000 libras cada una.

El fracaso de la experiencia británica no es el único precedente que pone en cuestión la iniciativa europea, anunciada ayer por cinco países de la Unión Europea –Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos– de crear el primer centro de deportación de migrantes fuera de las fronteras comunitarias, en este caso, también en Ruanda. En Italia, los tribunales bloquearon inicialmente el plan de Giorgia Meloni para expulsar migrantes a Albania.

El caso italiano, sin embargo, tiene una segunda parte. Tras los obstáculos iniciales, Meloni reformuló el acuerdo con Tirana en marzo de 2025 y convirtió el centro de Gjader en un establecimiento de repatriación. Según un informe de Amnesty International publicado en agosto de 2026, Italia ha trasladado allí a más de 570 migrantes desde el inicio del programa. Los primeros 74, interceptados en el Mediterráneo y enviados a Albania entre octubre de 2024 y enero de 2025 para tramitar allí las demandas de asilo, tuvieron que volver a Italia al cabo de pocos días por orden judicial.

Pero, desde abril de 2025, Roma envía allí a hombres adultos que ya estaban internados en el país y que tienen una orden de expulsión o una denegación de asilo firme. Más de 500 personas han llegado a las instalaciones albanesas por esta vía, todavía muy lejos del objetivo inicial de procesar allí hasta 36.000 migrantes al año.

Una imagen del Hope Hostal, de Kigali.

El principal escollo de Londres fueron los tribunales, a pesar de que hubo también críticas de la Iglesia anglicana e, incluso, del entonces príncipe heredero Carlos de Inglaterra, que en privado calificó la iniciativa de “horrorosa”. Pero las consideraciones morales y las barreras jurídicas no parece que hayan detenido a los cinco socios europeos, que garantizan que la iniciativa es legal.

Las impugnaciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de abogados especializados provocaron la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de diversas instancias judiciales británicas. El primer vuelo, previsto inicialmente con 37 personas para junio de 2022, vio cómo la lista de deportados se reducía sucesivamente a siete, cuatro y una, hasta que finalmente se suspendió.

Sacudirse la responsabilidad

Las garantías del procedimiento de asilo también generaron una fuerte controversia. El plan preveía que Ruanda examinase las peticiones de los migrantes en un plazo máximo de tres meses: quienes obtuvieran el estatus de refugiado podrían residir en el país, mientras que el resto serían repatriados a sus lugares de origen. Las organizaciones humanitarias advertían, sin embargo, que el sistema podía facilitar expulsiones indiscriminadas y exponer a los migrantes a abusos en un país con un historial cuestionado en materia de derechos humanos.

De hecho, el mismo gobierno británico había expresado ante las Naciones Unidas su preocupación por las restricciones a las libertades civiles y políticas y a la libertad de prensa en Ruanda. El informe de un comité del Parlamento británico sobre el país llegaba a cuestionar abiertamente la naturaleza democrática del régimen de Paul Kagame, en el poder desde el año 2000.

La eficacia disuasoria de la iniciativa, uno de los argumentos centrales de Johnson en el momento de anunciarla, también quedó en duda. El gobierno aseguraba que las deportaciones desmantelarían el negocio de las mafias e impedirían que los migrantes utilizaran el sistema de asilo para quedarse en el Reino Unido. Pero las llegadas en patera continuaron incluso el día que se tenía que realizar el mencionado primer vuelo hacia Kigali, cuando más de 300 personas desembarcaron en las costas británicas.

Además, el programa comportaba un coste económico considerable. Londres había acordado un pago inicial de 120 millones de libras a Ruanda, aparte de los gastos de acogida y tramitación de las demandas. Un comité parlamentario advirtió que el coste sería equivalente al del sistema de asilo británico, algo que cuestionaba las ventajas económicas de externalizar su gestión. Ruanda ha reclamado más de 100 millones de libras en compensaciones por la ruptura del pacto, pero el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya dictaminó el pasado mes de junio que el Reino Unido no debía pagar ninguna indemnización.

La experiencia británica demuestra que externalizar el control migratorio no frena las llegadas irregulares, sino que puede incrementar la dependencia de las redes de tráfico de personas. Es lo que concluye Ahlam Chemlali, investigadora en migraciones y codirectora del Centro de Coerción y Rendición de Cuentas de la Universidad de Aalborg (Dinamarca). “Estos centros no resuelven el problema migratorio, sino que trasladan las responsabilidades a países terceros y hacen que los trayectos de los migrantes sean más largos, caros y peligrosos”, asegura en un artículo publicado este martes en la web académica The Conversation.

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