El incendio de la Torre Grenfell de Londres fue "fruto de la codicia, la corrupción, la negligencia y la incompetencia"

LondresMás de siete años después del incendio de la Torre Grenfell de Londres, en la que murieron 72 personas, las conclusiones del informe final sobre los hechos son devastadoras: negligencia, falta de honestidad profesional, codicia, ausencia de una regulación y de controles adecuados, corrupción política de conservadores y laboristas, carencia de entrenamiento y preparación de los bomberos… El análisis de la comisión de investigación que en su día encargó la primera ministra Theresa May, publicada este miércoles, no ha dejado caña derecha. "Todas las 72 muertes habrían podido evitarse", se dice.

En el informe, de 1.700 páginas, el exjuez Martin Moore-Bick, el presidente de la investigación, hace responsable del infierno que se declaró a "décadas de fracaso" de las autoridades reguladoras, que ignoraron una serie de advertencias sobre el riesgo de incendios causados ​​por el tipo de recubrimientos de los edificios, en principio concebidos para un mejor aislamiento.

El primero de los informes es de 1991, y lo publicó el Parlament. Pero el gobierno del momento, como los que le siguieron, hizo caso omiso. Moore-Bick también destaca que el ministerio de Comunidades y Gobierno Local había recibido "numerosos avisos sobre los riesgos" que suponía el revestimiento con los materiales que se utilizaban en el periodo 2012-2017, sin embargo, se ignoraron.

Los reguladores, se asegura a las conclusiones, antepusieron "los intereses comerciales" por encima de la seguridad del edificio y han sido "cómplices" al permitir a los fabricantes "manipular" los datos sobre las pruebas de seguridad de los elementos utilizados en la construcción.

Los damnificados y los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. Y tras la difusión de las conclusiones exigieron a la Fiscalía "la presentación de cargos contra los culpables de la muerte de nuestros seres queridos", según la portavoz del grupo Grenfell United, Natasha Elcock. Pero, si llega, todavía tardará. Porque el análisis de la comisión investigadora no es jurídicamente vinculante.

Las víctimas también han exigido al primer ministro, Keir Starmer, que "rompa los viejos hábitos e implemente" las 58 recomendaciones del informe sin más demora. "Las recomendaciones publicadas hoy –ha dicho Elcock– son principios básicos de seguridad que ya deberían existir, lo que pone de manifiesto la forma en que el papel, los deberes y las obligaciones del gobierno se han ido vaciando [de competencias] por la privatización y se han creado vacíos a medida que el gobierno externalizaba sus funciones”. Una crítica demoledora en muy pocas palabras al desmantelamiento del estado, y las mencionadas privatizaciones, que empezó en el thatcherismo y que todos los gobiernos posteriores abrazaron.

El primer ministro, Keir Starmer, ha leído en el Parlamento una declaración tras la publicación del informe en el que reconocía implícitamente el carácter de la denuncia del grupo Grenfell United, y en el que admitía, también, las desigualdades enormes que la tragedia puso de relieve. "Grenfell es síntoma de un país donde las voces de la clase trabajadora y las de color han sido ignoradas repetidas veces. Un país donde los inquilinos de un bloque de viviendas sociales en una de las zonas más ricas del territorio [el distrito de Kensington y Chelsea] son ​​tratados como ciudadanos de segunda clase", ha dicho. Starmer, que también pidió perdón, aseguró que las empresas implicadas en el uso de materiales no ignífugos no tendrán más contratos del gobierno.

Todo ello, Grenfell es la historia de un fracaso sistémico de décadas que pone ante el espejo una sociedad y una clase política que en el 2017 prometió una rápida aclaración de los hechos para "aprender las lecciones" –frase recurrente del lenguaje político británico–, y evitar que se repitan en el futuro hechos similares. Pero todavía está llevando a cabo la sustitución de los materiales que causaron la tragedia en cientos de edificios de todo el país, y hace sólo unas semanas tuvo lugar un incidente en otro bloque de pisos en Londres que podría haber terminado igual. El de la Torre Grenfell, de 24 plantas, situada en el oeste de la ciudad, se registró en la madrugada del 14 de junio del 2017. Costó la vida a 54 adultos y 18 menores, de los poco más de 200 vecinos.

Malas prácticas y complicidades

El juez Moore-Bick indica que una de las razones muy significativas por las que la Torre Grenfell se revistió con materiales combustibles fue que los constructores "participaron en estrategias deliberadas y sostenidas para manipular los procesos de pruebas de los materiales, tergiversar los datos y engañar al mercado". Y, aún más grave: El Building Research Establishment, uno de los reguladores que debía velar por las condiciones de seguridad, "fue cómplice de esa estrategia".

Las autoridades fracasaron igualmente a la hora de ofrecer una asistencia adecuada a los vecinos que, de la noche a la mañana, se quedaron sin hogar. Moore-Bick ha puntualizado que "las víctimas fueron abandonadas a su suerte" por las administraciones, empezando por la local, que "debería haber tenido planes en marcha que le permitiera responder eficazmente a la emergencia". Moore-Bick también arremete contra los Bomberos de Londres, los arquitectos implicados en la reforma y la autoridad local.

Hasta ahora no ha habido ninguna imputación ni proceso judicial para depurar responsabilidades. A partir de ahora, las conclusiones serán analizadas por la policía y la fiscalía. Sin embargo, la justicia que piden los supervivientes no llegará, en el mejor de los casos, antes de dos años, hacia finales del 2026, cuando la policía cree que habrá podido evaluar el más de un millón de palabras del informe.