Letonia y Estonia retirarán los monumentos soviéticos como respuesta a la invasión de Ucrania

BarcelonaEn el céntrico parque de la Victoria de Riga sobresale un colosal obelisco. Mide casi 80 metros y está acompañado de dos grupos de esculturas, uno dedicado a la Madre Patria rusa y el otro al Ejército Rojo. Desde su inauguración en 1985, el monumento a los liberadores de la Letonia y la Riga soviética de los invasores fascistas alemanes –más conocido como el Monumento de la Victoria– ha estado rodeado de controversia y mucho más todavía desde la independencia del país báltico en 1991.

Ahora, después de la invasión rusa en Ucrania, las protestas se han intensificado más que nunca y tanto el Ayuntamiento como el Parlamento letón han decidido desmantelarlo. Y no solo esto, sino que la cámara legislativa ha decidido ir más allá y prevé aprobar de aquí pocas semanas una ley que obligará a retirar los símbolos y monumentos que glorifiquen el régimen o el ejército soviético. La propuesta se debatió el jueves en el Parlamento y recibió un amplio apoyo en una primera votación, que habrá que ratificar el 16 de junio. Una vez aprobada, el Gobierno tendrá que establecer una lista de monumentos antes del 30 de julio y hará falta que todos estén retirados el 15 de noviembre de este año. En total hay 300 monumentos, placas conmemorativas y otros memoriales soviéticos en el país báltico, según consta en la propuesta de ley.

El objetivo del proyecto de ley es "prevenir la denigración y la amenaza de los valores de Letonia como estado democrático y nacional", así como "expresar una posición de condena contra el poder de ocupación ilegal, las políticas y los crímenes tanto de la URSS como de la Alemania nazi". Según la televisión pública letona LSM, el debate en el Parlamento estuvo encendido, pero acabó con 64 votos a favor y 18 en contra, la mayoría del partido socialdemócrata prorruso Armonía.

Malestar de los rusófonos 

Letonia, con 1,9 millones de habitantes, es la república exsoviética con una proporción más grande de rusófonos, un 26%, una cifra que sube hasta el 36% en el caso de la capital, Riga. En Estonia también aproximadamente un cuarto de la población es de origen ruso. Ocupadas y anexionadas ilegalmente a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, la integración de las minorías rusas ha sido y continúa siendo un aspecto delicado en la política interna de los dos países, donde todavía hay una parte de la población rusófona que no tiene la nacionalidad porque no ha pasado el examen que acredita el conocimiento del idioma oficial.

En abril, el Parlamento letón prohibió cualquier concentración en un radio de 200 metros de los monumentos soviéticos, en un intento de evitar las celebraciones del 9 de mayo –cuando Rusia celebra la victoria contra la Alemania nazi–, especialmente alrededor del obelisco, que tradicionalmente atrae a decenas de miles de rusófonos que viven en Letonia. La prohibición hizo que la policía acabara utilizando la fuerza para deshacer las concentraciones tanto el 9 como el 10 de mayo, unos disturbios que acabaron con la dimisión de la ministra del Interior, Marija Golubeva.

Pocos días después, el ayuntamiento de Riga decidió retirar el monumento, con el apoyo del Parlamento, que había dado luz verde el día antes aprobando una enmienda a la ley sobre los acuerdos entre Letonia y Rusia firmada en Moscú el 30 de abril de 1994, y que dejaba sin efecto la obligación a garantizar la preservación de los monumentos conmemorativos soviéticos a la que estaba sujete el país báltico.

Estonia tampoco quiere recuerdos soviéticos

La invasión rusa de Ucrania está provocando el mismo debate también en Estonia, donde el Gobierno ha decidido retirar los monumentos soviéticos a pesar de que deja la decisión final en manos de los gobiernos locales. Una de las polémicas se ha vivido en Narva, una ciudad fronteriza donde más del 90% de la población es rusófona. En este caso, la alcaldesa, Katri Raik, ha decidido no mover una réplica de un tanque soviético alegando el malestar que provocaría entre los vecinos.

En 2007 Estonia vivió los peores disturbios desde su independencia después de que el Gobierno decidiera retirar una estatua en memoria de los soldados rusos del centro de la capital, Tallin, en un cementerio de las afueras. Centenares de prorrusos salieron a la calle y se enfrentaron violentamente con la policía, un episodio que acabó con un muerto y una cuarentena de heridos.

También provocó una grave crisis diplomática con Rusia y lo que muchos analistas consideran el primer ataque cibernético contra un país. Días después de las protestas, Estonia fue objeto de enormes ciberataques, que en algunos casos duraron semanas y que colapsaron las webs de bancos, organismos gubernamentales y portales de prensa, lo que provocó, por ejemplo, que los ciudadanos no pudieran usar cajeros automáticos o los servicios de banca online.