El Parlamento británico da luz verde a los 'vuelos de la vergüenza' para deportar a refugiados a Ruanda

LondresVictoria simbólica del primer ministro británico, Rishi Sunak. Tras cinco meses de rencillas entre la Cámara de los Comunes y la Casa de los Lores, el Parlamento británico ha aprobado finalmente, en las primeras horas de la madrugada del martes, la polémica legislación para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que hayan entrado en Reino Unido sin documentación. Sunak espera que la iniciativa, que prevé que se inicie en diez o doce semanas, según declaró el mismo premier, le da la vuelta a la catastrófica tendencia de las encuestas de cara a las elecciones generales, que tendrán lugar con toda probabilidad después del verano, y que hasta ahora le sitúan más de veinte puntos por debajo de los laboristas.

Horas después de que se haya aprobado la ley, el ministerio del Interior de Francia ha informado de que cinco personas, incluyendo una niña de 7 años, parcialmente ciega, han muerto ahogadas en las aguas del canal de la Mancha mientras intentaban atravesarlo para llegar al Reino Unido. La tragedia se ha aprovechado desde Londres para justificar la necesidad de las deportaciones en Ruanda para acabar con el tráfico de personas. Diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado muy duramente la iniciativa.

Ésta es la segunda vez que Westminster sanciona la llamada ley de los vuelos de la vergüenza, después de haber modificado por la vía de urgencia una primera legislación que en noviembre el Tribunal Supremo del Reino Unido consideró ilegal por unanimidad.

Presión en la Casa de los Lores

Por la mañana del lunes, horas antes de que empezara el último debate en Westminster, el premier había comparecido ante la prensa con el lema "Detenga las pateras" ("Stop the boats") en el atril de Downing Street. Presionaba así la Cámara de los Lores e instaba a sus señorías a dar luz verde a la ley "sin excusas, aunque se tengan que pasar toda la noche". No ha sido necesario, sin embargo. de las 0.30, hora local, la Cámara de los Lores ha aceptado una derrota que es legal pero aún más moral. los vuelos de la vergüenza son más que dudosos, como ha puesto de manifiesto también esta pasada noche Peter William Walsh, del Observatorio de las Migraciones de la Universidad de Oxford. "Las evidencias muestran que este tipo de políticas de disuasión no son disuasivas. Fundamentalmente, dependerá del número de personas que se envíen a Ruanda. Debería ser muy grande, extremadamente grande, para que los migrantes se lo repiensen antes de subir a una patera [en el canal de la Mancha]".

En el mismo sentido se ha expresado la Cruz Roja británica, que considera que existen "pocas evidencias" de que un esquema disuasorio como el plan de Ruanda funcione, según Sal Copley, director ejecutivo de comunicaciones y asuntos externos del organización.

El jefe del Consejo de los Refugiados del Reino Unido, Enver Solomon, considera que la ley es "hostil y sólo está destinada a atraer a titulares". Reino Unido, dice, debería garantizar "rutas seguras para quienes huyen del conflicto y la persecución, ofreciendo más opciones de reunión familiar, visados ​​de refugiados y cooperación con nuestros vecinos europeos".

En Londres también se han escuchado las críticas de Consejo de Europa. El comisario de derechos humanos del organismo, Michael O'Flaherty, apunta que "la ley permite la implementación de una política de expulsión de personas sin ninguna evaluación previa de sus solicitudes de asilo", y recordó que la nueva legislación "excluye significativamente la capacidad de los tribunales del Reino Unido para examinar de forma completa e independiente los recursos que se presenten".

Filippo Grandi, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ha expresado preocupaciones similares. Al igual que Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Y el grupo de expertos de la ONU en la evaluación de la situación de los derechos humanos, ha pedido a las compañías aéreas que "no faciliten la expulsión ilegal de solicitantes de asilo en Ruanda [porque] estas acciones podrían convertir a estas empresas en cómplices de la violación de los derechos humanos y de las órdenes judiciales protegidas internacionalmente".

El gobierno británico no cuantifica de forma concreta cuántos refugiados podrían ser deportados a Ruanda una vez se inicie el proceso. Cuando Boris Johnson presentó la iniciativa en abril del 2022, habló de un plan "sin límites" que podía hacer que "decenas de miles de personas" fueran enviadas cada año al país africano. Sin embargo, en estos momentos el número parecería mucho más modesto.

Sin embargo, el Partido Laborista ya ha anunciado que si llega al poder –como es previsible antes de finales de año– derogará la ley. La iniciativa ya ha costado al Tesoro público más de 200 millones de libras y en las últimas semanas se ha conocido, por una información de The Times, que el 70% de los 160 nuevos apartamentos financiados por Londres, donde debían alojarse los primeros migrantes deportados, han sido vendidos por el constructor a la población local. Cálculos del Partido Laborista indican que enviar a Ruanda sólo 300 personas va a costar al menos 500 millones de libras.

La ley recibirá este martes el consentimiento real, pero no será al menos hasta el 1 de julio que, en principio, los primeros refugiados serán deportados. Aún así, el gobierno espera un alud de recursos legales para defender a los afectados. Y para decidir sobre cada caso individual con la suficiente celeridad, el ministerio de Justicia ha garantizado que hasta 150 jueces, 25 salas de tribunales y hasta 5.000 horas de vistas judiciales se dedicarán ad hoc para dar salida a los expedientes por vía de urgencia.

5.000 horas de jueces

Downing Street también espera recursos de organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos, al menos ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que en julio del 2022 ya detuvo el primer vuelo quince minutos antes de que despegara. Planea, pues, la posibilidad de que en un momento u otro del proceso Sunak tenga que decidir si se opone a una sentencia del TEDH o, incluso, como le piden los sectores más radicales de su partido, abandone la vinculación con un tribunal que ayudó a establecer.

La inmigración es un caballo de batalla político en Reino Unido. La legal y la que carece de papeles. A través del canal de la Mancha, en los primeros tres meses de este 2024 han entrado 5.435 personas, más que en el mismo período del año pasado (3.793) y también que en el 2022 (4.548). El gobierno británico pone como ejemplo de lo que en ocasiones algunos ministros califican de invasión el hecho de que entre enero y marzo del 2018 sólo llegaron 7 personas, y que en el 2023 atravesaron el Canal 29.437 personas. En 2022 fueron 45.755. Pero es la inmigración legal la que es realmente masiva: más de 745.000 personas en el 2022 y 672.000 en el 2023.

El Brexit que iba a ser la bala de plata para contenerla, no ha contribuido al pretendido control de fronteras. Sobre todo porque el país, con una población muy envejecida, necesita trabajadores para el sector primario y para los servicios como cuidados asistenciales y sanidad.

Para esconder el fracaso del control de las fronteras, los refugiados se han convertido en los jefes de turco del Partido Conservador. El lunes Sunak quiso avisar a sus diputados de que le den tiempo a lo largo de julio y verano para hacer realidad el eslogan del atril de Downing Street: "Detengamos las pateras". Con esa idea quiere concurrir a las elecciones. Y confrontará así al Partido Laborista, que no apoya a los vuelos de la vergüenza. Los migrantes, una vez más, no son personas en la política británica. Sólo se utilizan.