Judicial

Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de la financiación de Gadafi

La sentencia puede apelarse, pero el expresidente francés deberá entrar igualmente en prisión

ParísCondenado ya dos veces a penas de prisión por corrupción y por financiación ilícita de su campaña electoral del 2012, el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha sido condenado este jueves a cinco años de cárcel. Esta vez, por asociación ilícita en el caso por la presunta financiación recibida del rais libio Muamar Gadafi para la campaña que le llevó al Elíseo en el 2007. También ha sido condenado a una multa de 100.000 euros ya cinco años de inhabilitación para cargo público. La sentencia puede apelarse, pero el expresidente francés deberá entrar igualmente en prisión en las próximas semanas.

Sarkozy ha sido absuelto de los cargos de corrupción, financiación ilegal de campaña electoral y malversación de fondos públicos porque no se ha podido probar que el dinero procedente del régimen de Gadafi se utilizara para financiar la campaña. Sin embargo, el tribunal ha destacado la "gravedad excepcional" de los hechos y ha dictado –contra lo que habían pronosticado algunos expertos– el ingreso provisional en prisión.

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Según la sentencia, lo que sí ha quedado probado es que hubo una "oferta de financiación" por parte de Gadafi a Sarkozy y que el dinero salió de Libia. Ahora bien, no hay pruebas que permitan determinar dónde fue a parar el dinero, que se enviaron a diferentes sociedades ya cuentas offshore y también se entregaron en efectivo con maletas. "La asociación ilícita que el tribunal ha examinado tenía como objetivo preparar una corrupción activa y su blanqueo", ha afirmado la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino.

Cuando Gavarino ha anunciado la pena, en la sala se ha oído un murmullo de sorpresa. La fiscalía de delitos financieros ha citado a Sarkozy el 13 de octubre para comunicarle la fecha de ingreso en prisión, que deberá ser como máximo dentro de cuatro meses. Será el primer exjefe de estado francés que va a prisión. Sus abogados podrían pedir su libertad condicional, dado que el expresidente conservador ya ha cumplido los 70 años, pero en un primer momento tendrá que ingresar en prisión.

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"Escándalo"

"Si quieren que duerma en prisión, dormiré, pero con la cabeza bien alta. Soy inocente. Esta injusticia es un escándalo", ha declarado a la prensa Sarkozy momentos después de hacerse pública la sentencia que le condena. El ex mandatario aseguró que la sentencia "es una gravedad extrema para el estado de derecho". La ONG Transparencia Internacional, que en este juicio ha actuado como parte civil, ha dicho que se trata de un acto "inédito y valiente" por parte del tribunal.

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La investigación judicial se inició gracias a las informaciones publicadas por el medio de investigación Mediapart. Durante tres meses de juicio, de enero a abril, la acusación puso sobre la mesa un "conjunto de indicios" basados ​​en testigos de exresponsables libios, notas intervenidas y la confesión de un oscuro mediador franco-libanés que motivó la apertura del caso. Este intermediario clave en la acusación, Ziad Takieddine, ha fallecido en Beirut hace apenas dos días. Takieddine era uno de los acusados, en su caso juzgado en rebeldía porque no quiso comparecer.

En el proceso, la Fiscalía reclamó siete años de cárcel para Sarkozy y 300.000 euros de multa, además de apenas algo inferiores para dos exministros suyos y otros intermediarios. El expresidente niega los hechos y durante el juicio se esforzó en subrayar que no se ha encontrado rastro del dinero presuntamente pagado por Trípoli en su campaña. Un argumento que no pareció convencer a la presidenta del tribunal, que advirtió de que en temas de corrupción rara vez se encuentran pruebas directas, pero que la acumulación de indicios también puede conducir a la condena.

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Asuntos judiciales pendientes

Sarkozy, que entre febrero y mayo tuvo que llevar un brazalete electrónico para garantizar el arresto domiciliario al que fue condenado de forma definitiva el pasado diciembre por otra sentencia previa, no ha parado de afrontar la justicia desde su derrota ante el socialista François Hollande en el 2012. Y aún tiene asuntos pendientes de juzgar.

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Pero la pena que ahora le imponen es superior a la que le condenó a arresto domiciliario, tanto por la gravedad de los hechos que se le imputan como por las consecuencias de haber recibido dinero de un régimen como el de Gadafi, al que años más tarde contribuyó a derrocar con una intervención militar directa. la acusación desarrolló el relato de una connivencia entre Sarkozy y el régimen libio, que supuestamente se saldó con un "pacto de corrupción" rubricado en un encuentro con Gadafi en Trípoli en el 2005, cuando Sarkozy era ministro del Interior. A partir de ahí, la instrucción y algunos medios de comunicación sacaron a la luz un conjunto de indicios, de transferencias de dinero que fueron dejando rastro y testimonios de antiguos responsables del régimen libio, recogidos tras su caída, en el 2011. También indicios de encuentros de dos gabinete antes de que le confiara la cartera de Interior, y Brice Hortefeux, su mejor amigo, que también ejerció esa misma cartera ministerial– con escabrosos personajes del régimen libio. Uno de ellos es el cuñado de Gadafi, Abdullah al-Senussi, figura influyente del régimen, que cumplía una condena a cadena perpetua en Francia por el atentado contra un avión en 1989 en el que murieron 170 personas, 54 de ellas francesas. Entre otros indicios, la acusación sostiene que esto prueba la existencia del pacto, alimentada por las agendas halladas del banquero Wahib Nacer, donde anotaba los pagos, y que permitieron a los investigadores seguir su rastro.

La defensa considera que se trata de un "relato hipotético" montado sin pruebas y que no demuestra la existencia de la financiación ilegal. Sarkozy defiende con contundencia su inocencia, al igual que en los juicios anteriores. En marzo del 2021 fue condenado a un año de cárcel por tráfico de influencias y corrupción, una pena confirmada dos años más tarde en la apelación y por el Supremo el pasado diciembre, lo que le obligó a llevar la pulsera electrónica. En septiembre del 2021 fue sentenciado a un año de prisión por financiación ilegal de su campaña del 2012, una pena que en la apelación se redujo a la mitad, y sobre la que el Supremo se pronunciará el próximo mes. Además, está imputado por intentar silenciar el testigo de Takieddine, un caso en el que también se ha visto implicada su esposa, Carla Bruni.