La UE avala la deportación de migrantes a campos situados en terceros países

BarcelonaLuz verde en el endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo (formado por los gobiernos de los estados miembros) han llegado a un acuerdo este lunes que avala la apertura de campos de deportación de inmigrantes fuera de las fronteras comunitarias, como los que Giorgia Meloni ha creado sin éxito en Albania. La nueva legislación de deportaciones también facilita que los gobiernos puedan expulsar a personas en situación irregular y endurece las condiciones de acogida.

Impulsados por el auge de los partidos de extrema derecha, los legisladores europeos llevaban tiempo buscando una vía para deportar a los migrantes a los que se deniega la solicitud de asilo –que a menudo, a pesar de la negativa, acaban quedándose en los estados miembro de manera irregular–. Y la han encontrado en una receta que habría sido impensable hace solo unos años.

La principal novedad del texto es que recoge la posibilidad de que los estados deporten migrantes en los llamados "centros de retorno" en terceros países –que tampoco son su país de origen–, siempre que se hayan suscrito previamente a un acuerdo. El nuevo reglamento también establece la obligatoriedad de abandonar el estado miembro en cuestión y de cooperar con las autoridades nacionales para agilizar la expulsión. Si no lo hicieran, se podrían imponer sanciones que irían desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta sanciones penales que incluirían el encarcelamiento.

El pacto, que estaba previsto para la semana pasada, llega después de salvar un punto de desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo en cuanto a los tempos. Mientras que la Eurocámara reclamaba acelerar su aplicación en enero de 2026, los estados miembros pedían un año de margen. Finalmente se ha acordado que la ley sea aplicable inmediatamente después de su entrada en vigor.

"La nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen el derecho legal de quedarse en la UE", ha indicado tras el acuerdo el viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides, país que preside el Consejo de la UE hasta finales de junio.

El nuevo texto también incluye maneras de agilizar y uniformar el proceso de deportación, a través de un formulario único que puede servir en todos los estados miembros. Además, prevé "medidas especiales para las personas que representen un riesgo para la seguridad". Incluye plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o si las autoridades ven riesgo de fuga.

Con todo, la legislación cuenta con la oposición de partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que defienden que no está alineada con los principios europeos y que responde a un giro hacia la extrema derecha por parte de los partidos de la derecha tradicional. España es el único estado que se ha mostrado contrario a la normativa desde que los ministros de Interior de los Veintisiete alcanzaron un marco general.