Estados Unidos

El cacheo del FBI en la casa de una periodista, una señal más del apagón informativo en el Pentágono

El Washington Post denuncia que los agentes federales se han presentado en el hogar de una de sus reporteras que cubre las cuestiones en relación a los funcionarios de gobierno

WashingtonAgentes del FBI han cacheado este miércoles por la mañana la casa de la periodista del Washington Post Hannah Natanson y se llevaron un móvil y dos ordenadores, según denuncia el mismo medio. Natanson ha estado cubriendo los temas sobre los trabajadores federales del gobierno, una de las cuestiones más sensibles este año en medio de los despidos masivos por parte de la administración de Donald Trump. El registro formaría parte de una investigación sobre un contratista del gobierno acusado de retener ilegalmente material gubernamental clasificado.

El mes pasado Natanson escribió un artículo en primera persona sobre su año como "la susurra del gobierno federal" recibiendo mensajes de cientos de trabajadores federales que explicaban cómo se vivía desde dentro las recortes masivos encabezados entonces por el DOGE en manos de Elon Musk. Aunque no es de extrañar que agentes del FBI lleven a cabo investigaciones por filtraciones en torno a periodistas que publican información gubernamental sensible, es muy inusual y agresivo que las fuerzas del orden cacheen el domicilio de una periodista.

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Poco después de que el Post denunciara los hechos, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi ha explicado a redes que el registro se produce en medio "a petición del departamento de Guerra [de Defensa], el departamento de Justicia y el FBI se ha ejecutado una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que estaba obteniendo e informando sobre información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono".

El contratista en cuestión, según indicaba la orden de registro, es Aurelio Pérez-Lugones, un administrador de sistemas de Maryland que tiene una autorización de seguridad de máximo secreto. Se le acusa de acceder clasificada que fueron hallados en su fiambrera y en su sótano, según el FBI.

El registro de la periodista del Washington Post llega en medio del hermetismo que la administración Trump está aplicando en el Pentágono. El pasado mes de octubre las grandes cabeceras mediáticas -incluida FOX News, la cadena amiga de Donald Trump- se plantaron ante la nueva política de prensa del Departamento de Defensa (DoD) que prácticamente dejaba de manos atadas a los periodistas que cubren el departamento y les reducía a un simple altavoz de los mensajes que quiere enviar el gobierno. El DoD prohibía a los reporteros acceder o solicitar información que el departamento no les proporcione. Si no se aceptaba esta nueva directriz después de la fecha límite que se les daba, se les revocaban las credenciales de prensa.

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Llegado el momento, los periodistas acreditados de medios como el Washington Post, el New York Times, así como las grandes agencias como Associated Press, Reuters y Bloomberg, recogían sus pertenencias de las instalaciones de prensa del Pentágono después de haberse negado a aceptar las nuevas condiciones. Con una larga lista de medios que han rechazado enérgicamente acogerse a unas políticas que pretenden impedir la función fiscalizadora de los medios, la administración Trump está consiguiendo crear un punto ciego en una de las áreas más sensibles del gobierno: el ejército.

En los últimos meses se ha visto como la sala de prensa donde antes estaban estos medios ahora se ha llenado de influencers de extrema derecha que son los que se encargan de seguir la información del Pentágono desde dentro. Entre los nuevos acreditados se encuentra Laura Loomer, destacada figura del movimiento MAGA y aliada cercana de Trump.

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La medida para cerrar de forma hermética el Pentágono se añade a la campaña del secretario de Defena, Pete Hegseth, para perseguir a los filtradores y la disidencia interna. El departamento planea imponer acuerdos de confidencialidad aún más estrictos a sus más de 5.000 empleados, así como someterlos a pruebas aleatorias de polígrafos. Durante la reunión convocada en otoño por sorpresa en Quantico y al que acudieron cientos de generales, Hegseth también anunció que se habían terminado las denuncias anónimas. Una medida más dentro de la campaña para poner fin a las voces críticas en el ejército y engordar sólo con soldados leales.