El asalto al USAID, el proyecto piloto de la incursión de Musk en la administración de Estados Unidos

WashingtonEste martes una trabajadora federal de USAID, la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos, se sentó en el ordenador desde donde teletrabajaba y no pudo acceder a su correo electrónico. Lo habían echado del sistema informático interno sin ni siquiera notificarle que era uno de los miles de empleados de la agencia que Trump ha decidido suspender. Sus compañeros no habían tenido más suerte. Según explicaba en el ARA, trabajadores de la agencia destinados a países en guerra también han sido suspendidos y han perdido acceso a herramientas vitales para su seguridad, como el botón del pánico o las notificaciones sobre qué lugares hay que evitar en tiempo real. También les han dejado fuera de las comunicaciones internas y no pueden avisar al gobierno de Estados Unidos en caso de necesidad. La incertidumbre es tal, que algunos ni siquiera tienen claro que aún cuenten con la protección de EEUU, denuncia.

Como ella, las más de 10.000 personas que trabajan por el USAID en todo el mundo se han encontrado con la ofensiva de Elon Musk y sus colaboradores para cerrar la agencia. La incursión de Musk dentro de las agencias federales y departamentos supone el inicio de una nueva fase en la purga del funcionariado que Donald Trump quiere realizar. Los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se han esparcido en los últimos días por las instituciones de gobierno: el departamento del Tesoro, el de Educación, las agencias que supervisan los programas sanitarios Medicare y el Medicaid, y el USAID. En Trabajo, que contiene la información sobre los sindicatos, también querían entrar el miércoles, pero los colaboradores de Musk se encontraron con una protesta de trabajadores federales.

La semana pasada los trabajadores de Musk ya accedieron a la Oficina del Servicio Fiscal del Tesoro, que incluye información crítica como el número de la Seguridad Social de miles de estadounidenses. El número sirve para abrir cuentas en el banco, tener un contrato de trabajo o recibir ayudas federales. Que el propietario de Tesla, SpaceX y X tuviera acceso a un dato tan sensible que afecta a buena parte de los contribuyentes hizo saltar las alarmas. Especialmente porque Musk es un asesor del ejecutivo de Trump y no un cargo electo. Teóricamente, no tiene los poderes ni la autoridad para acceder a esa información. El jueves una juez de Washington ya le paró los pies, limitando cautelarmente el acceso del DOGE al sistema de pagos del Tesoro.

Un proyecto piloto

El USAID es la principal damnificada y se ha convertido en una especie de proyecto piloto sobre cómo el DOGE puede asaltar el resto de departamentos y agencias. De hecho, así lo sugería el programa ultraconservador Project 2025 en el apartado dedicado a tomar el control total de la administración y purgar al funcionariado.

El documento presentaba la remodelación del USAID como un test por un rediseño a gran escala del gobierno federal para adelgazar las agencias y donde los empleados federales tendrían unas condiciones más laxas que facilitarían el despido. Esto también incluiría a los trabajadores del departamento de Justicia. "Hay que desradicalizar los programas y estructuras del USAID y basarse en las reformas conservadoras implementadas por la Administración Trump", expone el texto.

La versión oficial de Musk y Trump para ir contra la agencia de cooperación es que gran parte del gasto en programas en el extranjero es un desperdicio de fondos. El propietario de Tesla quiere cerrarla para recortar gastos, aunque el presupuesto federal para la ayuda exterior, dentro del que se incluye a USAID, sólo representa entre el 0,7% y el 1,4% del total. Según Pew Research Center, durante el año fiscal 2023 la agencia tuvo un presupuesto de aproximadamente 43.800 millones de dólares.

Buena parte de los empleados del USAID en todo el mundo hace semanas que no saben qué les pasará. Cuando Trump ordenó congelar la ayuda exterior, buena parte de los trabajadores quedaron suspendidos temporalmente. Un grosor importante de la agencia están externalizados vía contratistas. Se trata del eslabón más débil de la cadena y fue el primero en sufrir la primera ronda del ataque.

Una de estas empleadas, que trabajaba como consultora para el USAID, explica bajo condición de anonimato al ARA cómo la suspensión de las ayudas exteriores ha puesto fin a los más de 22 años de carrera que llevaba en el sector de la ayuda humanitaria. Desde hace dos semanas que no sabe si cobrará el trabajo realizado en el último mes: "Tengo facturas pendientes por unos 6.000 dólares y no confío en que me los paguen porque nadie recibe dinero del USAID".

El mensaje en la página web del USAID, cerrada desde hace días, decía que la medianoche de este viernes acabaría de informarse qué funcionarios se consideran esenciales y no serían puestos en licencia administrativa. Pero el nuevo autoproclamado director de la agencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, se adelantó a la fecha prometida y el jueves por la noche el New York Times publicaba que de los más de 10.000 empleados sólo mantendrían unos 290. El 95% de la plantilla terminará en licencia, incluidos los trabajadores y contratistas que están desplegados en todo el mundo.

A los funcionarios destinados a otros países se les da treinta días para volver. El viernes, sindicatos que representan a los trabajadores del USAID y los empleados de asuntos exteriores de Estados Unidos presentaron una demanda contra los intentos de desmantelar la agencia y congelar la ayuda exterior. El recurso judicial argumenta que sólo el Congreso puede disolver a la agencia y califica las acciones de la administración Trump de "inconstitucionales e ilegales". A última hora del viernes, un juez federal bloqueaba decidió bloquear la suspensión de 2000 trabajadores como respuesta a una demanda presentada por dos asociaciones de trabajadores federales.

Las dos personas con las que ha hablado el ARA insistían en mantener el anonimato y no dar detalles sobre sus compañeros por miedo a represalias. También pedían evitar las comunicaciones a través de determinados canales, alegando un "miedo tecnológico" en relación a las alianzas de Trump con los multimillonarios tecnológicos como Musk, propietario de X, y Mark Zuckerberg, propietario de WhatsApp.