Las fronteras invisibles
Cuando pensamos en fronteras, tendemos a pensar en espacios físicos crecientemente fortificados con vallas, concertinas y la presencia de fuerzas policiales y militares a ambos lados. Si bien las fronteras internas dentro del espacio Schengen han ido desapareciendo, las externas se han ido haciendo más infranqueables y lesivas. Entre 2014 y 2022 la longitud total de las vallas en las fronteras exteriores de la UE aumentó de 315 km a 2.048 km. Para hacernos una idea, el célebre "muro de Trump" tiene 900.
Pero las fronteras más efectivas y, por tanto, las más reales son las que no se ven. Las primeras fueron hechas de papel. Por un lado, la invención del pasaporte y del visado limitó tanto las salidas del propio país como las llegadas a uno nuevo. Así es como la introducción de visados para los ciudadanos marroquíes en 1992 cerró de un día para otro la frontera sur española. Por otro, los permisos de residencia y la nacionalidad impusieron nuevas fronteras para quienes ya habían llegado.
En los últimos años, esta creciente invisibilización de la frontera ha ido acompañado del desacoplamiento progresivo entre la frontera real y la geográfica. La frontera real se ha desplazado hacia adentro, creando espacios en el interior del territorio nacional que legalmente quedan fuera, es decir, al margen de las propias leyes. Los primeros en hacerlo fueron los australianos, que desplazaron la frontera legal para dejar fuera a islas-cárcel como Nauru. Pero sobre todo la frontera se ha desplazado hacia fuera, con la externalización de las políticas de detención y deportación en países como Marruecos, Libia y Mauritania.
En este contexto, cabe sumar el creciente uso de las tecnologías digitales, que incluyen cámaras térmicas, drones con IA, iluminadores láser, herramientas biométricas y grandes bases de datos. Si bien la incorporación de estas tecnologías se ha justificado en términos de eficiencia y control, y en algunos casos son fundamentales en las operaciones de rescate, a su vez han generado una gran preocupación.
La primera crítica tiene que ver con la vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, diferentes investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto cómo el uso de estas tecnologías por parte de la agencia de gestión de fronteras de la Unión Europea (Frontex) ha sido fundamental en la ejecución de las devoluciones en caliente en medio del mar realizadas de forma brutal e ilegal por el gobierno griego. También son conocidas las prácticas invasivas de extracción de datos personales de los móviles de las personas migrantes, que en ocasiones se han utilizado en su contra en los procesos de solicitud de asilo. Otra denuncia habitual es cómo la creación de grandes bases de datos y la gestión de ayudas a través de algoritmos automatizados, también por parte de organizaciones internacionales de tipo humanitario como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), puede acarrear exclusiones indebidas.
La segunda crítica, que recoge muy bien el estudio de la organización PorCausa y el Centre Delàs, se ha centrado en la industria del control. Desde esta perspectiva, se ha denunciado que la tecnología de frontera haya quedado en manos de empresas privadas, lo que pone en cuestión quién dispone de los datos generados y qué se hace con ellos. La privatización de esta tecnología implica también introducir la lógica del mercado en las políticas de control migratorio. Esto tiene una derivada clara: en tanto que es una industria que vive del miedo, para crecer necesita siempre generar más, sea cual sea la realidad. La obsesión por la frontera tiene, por tanto, también una lógica económica. Finalmente, esta industria del control forma parte de una mayor industria, la industria de la guerra, que se despliega a escala mundial con la proliferación de nuevos conflictos pero también extiende la vigilancia hacia adentro, primero con el control de los extranjeros pero poco a poco también (y no son pocos los casos que lo demuestran) con el control político de los nacionales percibidos como disidentes.