Macron ignora las acusaciones de violación contra uno de los nuevos ministros

París¿Puede ser ministro un hombre acusado por dos mujeres de agresiones sexuales? En Francia, sí. Al menos mientras no se demuestre su culpabilidad. El nuevo gobierno nombrado por Emmanuel Macron, capitaneado por Élisabeth Borne, la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra, ha sobrevivido sin despeinarse a la primera crisis provocada por las acusaciones de violación y agresión sexual contra Damien Abad, el nuevo titular de Solidaridades, Autonomía y Discapacidades, un ministerio vinculado al de Sanidad y encargado de los asuntos sociales. Un artículo publicado en Mediapart el día siguiente del nombramiento del nuevo ejecutivo francés, el 21 de mayo, recogía el testigo de dos mujeres que acusan a Abad de agresión sexual. A pesar del revuelo que se ha creado con estas revelaciones, Macron y Born han preferido mirar hacia otro lado, pasar página y cerrar la crisis sin actuar contra el nuevo ministro.

Una de las mujeres, antigua militante de los Republicanos –el partido conservador de Abad–, denuncia que el 2011, cuando tenía 24 años, mantuvo en una ocasión relaciones sexuales con el político. Afirma que habían empezado de manera consentida, pero en un momento dado ella habría pedido que parara y Abad no le habría hecho caso. La víctima lo denunció por violación el 2017, pero el caso se acabó archivando por falta de pruebas. La segunda mujer denuncia que tomó una copa en un bar con el político y sospecha que él la drogó para mantener relaciones sexuales. La denunciante se levantó el día siguiente en una habitación de hotel con el actual ministro, entonces eurodiputado, sin recordar qué había pasado. "Me levanté con ropa interior, en estado de choque y de asco profundo", afirma la mujer a Mediapart. La víctima no ha denunciado los hechos a la policía, pero sí que acudió al Observatorio de Violencias Sexistas y Sexuales.

El presidente de la República mantiene con Abad su política de no cesar a ministros acusados de violencia sexual si no hay condena judicial –también mantuvo en el gobierno el ministro del Interior, Gérald Darmanin, acusado de violación y de haber aprovechado su posición para obtener favores sexuales en dos casos archivados–. De hecho, según informaciones periodísticas, tanto el Elíseo como la oficina de la primera ministra estaban al corriente de las acusaciones contra Damien Abad, un hecho que no frenó su nombramiento. Élisabeth Borne, sin embargo, asegura que no disponía de esta información. La prensa francesa sugiere que ha mentido.

Peticiones de cese

Ante un alud de peticiones de dimisión o cese del ministro de Solidaridades por parte de organizaciones feministas, Macron mantiene silencio sobre el asunto. En cambio, Borne se ha referido al caso, a pesar de dejar claro que por ahora no se tomarán medidas contra el ministro, en línea con la posición del presidente de la República. "Sobre todas estas cuestiones de acoso y agresiones sexuales, no puede haber impunidad. Solo sé que hay un asunto que se archivó. Si la justicia reabre el caso, habrá consecuencias", se ha limitado a decir.

El Observatorio de Violencias Sexistas y Sexuales acusa al gobierno francés de demostrar un claro desinterés por las agresiones sexuales en el ámbito político. "Las personas que han nombrado a Abad sabían que había denuncias archivadas contra él. La realidad no les importa –asegura Mathilde Viot, miembro del Observatorio–. Las violencias sexistas y sexuales en política no interesan al gobierno, pero esto ya lo sabíamos cuando se tomó la decisión de mantener a Darmanin como ministro".

El ministro niega las acusaciones

Damien Abad, de 42 años e hijo de exiliados españoles, ha negado públicamente las acusaciones. En un comunicado, asegura que su discapacidad –tiene una artrogriposis, una enfermedad rara que le bloquea las articulaciones y le reduce la movilidad– le impide forzar a una mujer para mantener relaciones sexuales. "El acto sexual solo se puede producir con la asistencia y buena voluntad de mi pareja", asegura el ministro.

En Francia, un 73% de las denuncias por agresiones sexuales quedan archivadas. A menudo, porque son hechos difíciles de demostrar. "Que el caso se cierre no quiere decir que las víctimas hayan mentido –advierte la profesora de derecho Audrey Darsonville en un artículo en Libération –. Simplemente, significa que la justicia no ha podido sacar adelante el caso por una razón u otra". Con todo, el escándalo sobre Abad y la inacción del presidente y la primera ministra no parecen haber pasado factura política al gobierno de Borne ni a Macron. En Francia, donde la ley no reconoce la violencia machista –todo es "violencia conyugal"–, las acusaciones de agresiones sexuales en el ámbito político no tienen consecuencias.