"No se suicidó": la lucha de un padre para demostrar que su hija fue víctima de un asesinato machista

BarcelonaAna Buza Mira tenía solo 18 años cuando empezó a salir con Rafael, que tenía 26. Un año más tarde, la madrugada del 7 de septiembre de 2019, apareció muerta detrás de la valla de seguridad de la A-4, una autovía próxima al pueblo de Carmona, en Sevilla. Rafael explicó a la policía que la joven había saltado del vehículo que él conducía. A las ocho menos cuarto de la mañana, una pareja de guardias civiles despertó a Antonio y a su mujer con las palabras que ningún padre querría tener que escuchar: "Su hija ha muerto en circunstancias extrañas". "Me volví loco", explica Antonio a ARA.

Solo 36 horas después de la muerte de Ana, la causa quedó archivada como un suicidio. Según el padre de la chica, la jueza encargada del caso dio por buena la versión de Rafael sin esperar los resultados de la autopsia ni los informes de los agentes de Tráfico.

Al cabo de doce días, Antonio recibió un correo electrónico de quien había sido orientadora académica de Ana, una estudiante brillante. La mujer, también psicóloga, explicaba que, seis meses antes de morir, la joven se había puesto en contacto con ella porque quería que tratara a su pareja, de quien describía comportamientos celosos y manipuladores y actitudes violentas. “La última sesión que tuvieron fue tres días antes de la muerte”, explican fuentes próximas al caso.

Escandalizado, el padre se presentó en los juzgados de Carmona para exigir la reapertura del caso, pero asegura que la jueza se negó a escucharlo. “Está clarísimo que su hija se ha suicidado”, dice que le dijo. Pocas palabras que marcaron el inicio de una lucha para aclarar qué pasó la noche del 7 de septiembre. “Estoy seguro de que este hombre atropelló a mi hija”, ha asegurado Antonio en diversas ocasiones.

Hasta cuatro versiones de los hechos

Uno de los elementos que más sospechas han despertado son las diferentes versiones que Rafael dio a los agentes de la Guardia Civil aquella noche. El joven dio hasta cuatro interpretaciones diferentes de los hechos: primero explicó que había perdido el control del coche porque un animal se le había cruzado, y después aseguró que Ana había saltado del coche en marcha. El chico atribuyó el suicidio a una discusión con su padre por las notas –aunque era una alumna brillante– y, en otra versión, a problemas económicos, a pesar de que procedía de una familia acomodada.

Al revisar qué había pasado la noche del 7 de septiembre, Antonio asegura que detectó diversas carencias en la investigación. Rafael, el único testigo, no fue detenido, no se consultaron las imágenes de una cámara de videovigilancia ni se examinaron inicialmente los teléfonos o el coche. Tampoco se elaboró ningún croquis de Tráfico, y la familia tardó 45 días en saber el punto exacto donde había aparecido el cuerpo. “Nadie le explicó ni preguntó nada”, explican fuentes cercanas al padre de Ana.

Los Buza también denuncian dificultades para acceder a pruebas y fotografías de la autopsia. “Todo ha sido a golpe de recursos”, dice Antonio. Finalmente, la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir el caso en noviembre de 2019, aunque hasta 2023 la causa no pasó a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla.

Reconstrucción del accidente

Matemático de profesión, Antonio cuestionó desde el principio que su hija pudiera saltar de un coche que circulaba a 117 km/h. Diversos equipos de expertos en reconstrucción de accidentes e ingeniería reprodujeron los hechos con un vehículo idéntico al de Rafael, y concluyeron que era imposible abrir la puerta “con un ángulo suficiente para lanzarse”. Tres médicos forenses contratados por los Buza también consideraron que las lesiones eran compatibles con un atropello. “Es la única manera de explicar las lesiones que presentaba mi hija”, ha sostenido siempre Antonio. El cuerpo de Ana presentaba fracturas en ambos fémures y en la tibia derecha, lo que, según estos informes, apunta a que impactó contra la valla de seguridad de la autovía.

La lucha de la familia Buza ha terminado cambiando el rumbo del caso. Rafael pasó de declarar como testigo a ser investigado, y en 2024 fue procesado por homicidio imprudente. A pesar de esto, cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla revisaron la causa y consideraron que había suficientes indicios para plantear un posible atropello intencionado. El "estado del cuerpo de la víctima", los daños del vehículo y las declaraciones “inverosímiles” de Rafael llevaron a la Audiencia a ordenar que el caso se juzgara como posible homicidio doloso ante un jurado popular. Ahora la Fiscalía pide tres años de prisión por homicidio imprudente, mientras que la familia Buza reclama 20 por asesinato. Mientras tanto, Rafael continúa en libertad y fue admitido en unas oposiciones a la Policía Local de Sevilla.

El 7 de septiembre, más de cinco años después de su muerte, un jurado popular determinará si la muerte de Ana fue un asesinato machista y dará una nueva oportunidad al caso.