Mano dura de Chile con los inmigrantes venezolanos

Santiago de ChileEl éxodo venezolano hace tiempo que presiona las fronteras latinoamericanas, pero ahora la crisis económica global del covid -19 ha puesto en alerta a los principales países de destino, asolados también por los efectos del virus. Uno de los puntos calientes actuales es la frontera entre el norte de Chile y Bolivia. Colchane, un poblado de unos 1.500 habitantes de origen aimara y que apenas cuenta con servicios básicos las 24 horas, se ha convertido en la puerta de entrada de miles de personas procedentes, mayoritariamente, de Venezuela y, en menos proporción, de Colombia. Llegan ahí después de semanas o meses de viaje y de una quiniela de más de 5.000 kilómetros por cuatro países: Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Muchos pagan a traficantes para cruzar la meseta boliviana, desafían temperaturas extremas, hambre, sed y el mal de altura. 

En días de más colapso, entre 500 y 600 personas han cruzado la frontera por Colchane desde Bolivia. Entre los extranjeros hay decenas de mujeres embarazadas y centenares de menores que han quedado bloqueados en la zona y han levantado auténticos campamentos. A pesar de que la crisis no es nueva, se ha intensificado con la muerte de dos migrantes, presuntamente debida a las bajas temperaturas a la zona durante la noche. Solo en enero, más de 4.200 personas fueron (auto)denunciadas por ingreso clandestino, según la policía. La cifra preocupa porque el registro de este único mes representa la cuarta parte de todas las denuncias de este tipo de 2020. En la mayoría de los casos se trata de autodenuncias, la única vía que ofrecen las autoridades chilenas para acceder al traslado a una residencia sanitaria, donde los migrantes tienen que cumplir un confinamiento preventivo. 

24 horas para defenderse

Ante el colapso, que se ha intentado controlar incluso con la intervención del ejército, el gobierno chileno decidió actuar y deportar a 138 migrantes. Vestidos con equipos de protección contra el covid-19 y escoltados por la policía hasta el avión, convirtieron la expulsión en una puesta en escena mediática. “Es un hito porque por primera vez en un día se hace una expulsión administrativa tan masiva”, declaró el ministro de Interior, Rodrigo Delgado. “Que las personas que vienen a Chile sepan a qué vienen”, añadió después desde el aeropuerto. 

“Eran profesores, chefs, enfermeras, chóferes, funcionarios públicos, personas que ejercían una profesión en su país y que por la crisis política y social, agravada por la pandemia, habían decidido migrar a Chile”, dice Juan Manuel Sáez, uno de los abogados que presentó un recurso para frenar la medida del gobierno de Sebastián Piñera. “La policía llegó al centro donde hacían cuarentena preventiva a las 12 de la noche para notificarles la expulsión. Les obligaron a formar una fila y les dieron solo 24 horas para encontrar un abogado y defenderse. El recurso tarda entre 6 y 10 horas –a veces más– en tramitarse y no podían salir de la residencia. Estaban desesperados”, explica el letrado. 

Hace pocos días el Tribunal Supremo sentenció a favor de los migrantes y dejó sin efecto la expulsión (que ya se había ejecutado) por no permitir el derecho a defensa. Ahora organizaciones de migrantes alertan que la amenaza de la deportación podría provocar “evasiones” del proceso de autodenuncia. El aumento de los controles y restricciones en la frontera de Colchane han reducido en un 92% los ingresos clandestinos en el poblado, a pesar de que ya se ha detectado un aumento del flujo migratorio en otros lugares de la frontera. 

Colombia abre puertas

Piñera ha cambiado su estrategia con la migración venezolana. Primero anunció un visado exclusivo para el país caribeño y manifestó su “compromiso moral de solidaridad”. Pero inquieto por el éxodo que él mismo había incentivado, poco después dio marcha atrás. Ahora exige un visado de turista que hay que tramitar en el consulado del país de origen.

Con la pandemia la burocracia se ha paralizado, pero no la movilidad, y el presidente ha por para aplicar mano dura. “Las personas en movilidad no somos moneda de cambio de los varios sectores políticos de la región, y esto es lo que ha pasado con nosotros a escala geopolítica”, critica Benigna Zambrano, de la Asociación Intercultural Miranda de venezolanos en Chile.

Las medidas adoptadas desde Santiago contrastan con el anuncio del presidente colombiano, Iván Duque, que ha prometido regularizar casi un millón de migrantes venezolanos a través de un estatuto de protección de diez años de vigencia.