Turquía estrecha el cerco a la comunidad LGBTI con decenas de detenidos
La operación supone un salto cualitativo después de años de represión al colectivo: "Han ido a buscar a la gente a su casa"
BarcelonaEl gobierno de Turquía ha llevado a cabo estos últimos días una macrooperación policial contra bares, organizaciones y domicilios de activistas de la comunidad LGBTI en Estambul, Ankara, Esmirna, Mersin y otras ciudades, en uno de los peores episodios de la ofensiva que mantiene contra el colectivo desde hace más de una década. Hay al menos 63 detenidos y un total de 162 investigados, además de nueve asociaciones y trece empresas, según la Fiscalía. También se han bloqueado las páginas web de diversas entidades, incluyendo las que se dedican a hacer sensibilización sobre el VIH. Las protestas contra la violación de derechos y la discriminación también han sido reprimidas.
El ministro de Justicia, Akin Gurlek, ha justificado la oleada de redadas con el argumento de "proteger a los niños, la institución de la familia y el orden público". Gurlek ha afirmado que la operación, bautizada con el nombre de "mi familia está segura", se enmarca en el decreto presidencial de Recep Tayyip Erdogan sobre la "Década de la Familia y la Población", que tiene el objetivo de defender a la familia tradicional y de combatir la caída de la natalidad en Turquía. El ministro ha llegado a afirmar que "no se tolerará ninguna organización criminal, red de abusos o actividad ilegal que tenga como objetivo a los niños, a los jóvenes o a las familias". Se acusa a las entidades de corrupción de menores, de prostitución o de publicar contenidos obscenos.
Umut Rojda Yıldırım, abogado de SPoD, una asociación que vela por los derechos de la comunidad LGBTI en Turquía, explica al ARA que después de una década de represión del colectivo, la operación de este fin de semana supone un salto cualitativo. "Desde 2015 que no podemos hacer manifestaciones en la calle, pero lo que ha pasado este domingo es nuevo, porque han ido a buscar a la gente a sus casas y a las sedes de las entidades, y porque las acusaciones intentan presentarnos como delincuentes peligrosos". El abogado denuncia que el gobierno "está invirtiendo muchos recursos para presentar a las personas no heteronormativas como una amenaza a los valores de la familia, acusándolas de pervertir a los niños y de ser un peligro social". Rojda alerta que el miedo se ha instalado entre el colectivo: "Nos estábamos preparando para que se adoptara una ley anti-LGBTI, pero no para una represión tan dura y tan repentina, que de hecho vulnera la Constitución turca".
El gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) prohibió la marcha del Orgullo de Estambul en 2015. Desde entonces, las autoridades han dispersado violentamente los intentos de celebrar nuevas concentraciones. La operación anti-LGBTI llega en plena especulación en Turquía sobre la convocatoria de elecciones anticipadas este año, que permitirían a Erdogan presentarse a un cuarto mandato, una posibilidad que la Constitución le impide en caso de convocar elecciones ordinarias.
Movilizar el voto conservador
El periodista turco Alparsan Aydın apunta que la ofensiva contra la comunidad LGBTI "responde a una estrategia política: criminalizar a una comunidad por el solo hecho de existir, presentando su simple visibilización como una "obscenidad", y con una represión sistemática que busca fabricar un pánico moral". Ve en ello un doble mecanismo: "Consolidar la base electoral conservadora del partido del gobierno para desviar la atención de la crisis económica y a la vez sofocar la disidencia". Y recuerda que las organizaciones, que estaban "registradas legalmente y eran regularmente auditadas por el ministerio del Interior", ahora están acusadas de corrupción "por haber utilizado los mismos fondos europeos y de la ONU que reciben las fundaciones progubernamentales". Toda la operación, según Aydın, se trata de "convertir a un grupo marginado en un chivo expiatorio para la supervivencia electoral de Erdogan, en un clima políticamente hostil, en nombre de la protección de la familia, mientras prácticas realmente lesivas como las terapias de conversión forzadas son toleradas".
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al gobierno turco de haber endurecido en los últimos años tanto la retórica como las restricciones contra la comunidad LGBTIQ+ del país. "El nombre real de esta operación no es «mi familia está segura», es «discriminación impulsada por el estado, política del miedo y desmantelamiento de la sociedad civil»", ha denunciado en X la Asociación de Derechos Humanos de Turquía. La rama local de Amnistía Internacional ha reclamado la liberación de todos los detenidos: "Defender los derechos humanos y los derechos LGBTI+ no es un crimen. Los compañeros con quienes luchamos por los derechos deberían ser liberados inmediatamente y sin condiciones; se debe poner fin a todas las presiones, señalamientos e intervenciones destinadas a obstaculizar la libertad de organización de las personas LGBTI+ y sus actividades".
El ponente del Parlamento Europeo para Turquía, Nacho Sánchez Amor, vincula la operación policial al "profundo deterioro autoritario de Turquía", y dice que cree que el gobierno también intenta desviar la atención del proceso judicial contra Ekrem Imamoglu, el exalcalde de Estambul y principal rival político de Erdogan, encarcelado desde 2019. "La mayoría de testigos que habían formulado acusaciones bajo presión se están retractando en el juicio, y esto es un fracaso para la Fiscalía", dice a este diario Sánchez Amor, que recuerda que el laicismo es un valor fundacional de la república turca y denuncia "la hipocresía de acusar a la comunidad LGBTI de corromper a menores en un país donde todavía se tolera el matrimonio de niñas". Y alerta de que "el silencio de la UE es chocante y da un margen que Erdogan utilizará a fondo".