Túnez acusa de "terrorismo" a una ONG para ayudar a refugiados y migrantes
El régimen de Kaïs Saïed lleva a cabo una caza de brujas contra funcionarios municipales, un exalcalde, trabajadores de ONG e incluso propietarios de hoteles que alojaban a refugiados
TúnezEl régimen de Kaïs Saïed ha ido un paso más allá en su campaña de criminalizar la solidaridad hacia refugiados y migrantes, a la vez que colabora de forma más estrecha con la UE en el control de los flujos migratorios. La semana pasada las autoridades arrestaron a Abdallah Said, responsable de una ONG afincada en el sur de Túnez que se dedica a ayudar a migrantes, y que tras un interrogatorio pasó a disposición de un Tribunal Antiterrorista. Su detención es la última de una ola de represión de activistas y asociaciones humanitarias especializadas en la misma labor que empezó en mayo.
"Es una señal peligrosa, porque es la primera vez que las autoridades utilizan una acusación de terrorismo para las entidades especializadas en la cuestión migratoria", apunta Romdhane Ben Amour, investigador del Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales. Además de Saïd, fundador de la ONG “Niños de la luna”, también se encuentran bajo investigación el secretario general de la entidad, el tesorero, y dos empleados del banco con el que colaboraban. “El régimen tiene en su punto de mira todas las ONG que han recibido financiación exterior y trabajan en la cuestión migratoria”, sostiene un cooperante que prefiere guardar el anonimato por miedo a represalias.
El pistoletazo de salida de esta caza de brujas tuvo lugar en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 6 de mayo. Entonces el presidente Said utilizó palabras gruesas como “traidores” o “mercenarios” para referirse a las asociaciones humanitarias, a las que acusó de “recibir sumas astronómicas [… ] para implantar africanos en Túnez”.
Este discurso encaja con el que pronunció en febrero del 2023, cuando se refirió a la existencia de “un plan criminal” para cambiar la “composición demográfica de Túnez” y reemplazar a su población árabe y musulmana por “hordas” de migrantes subsaharianos negros, una idea inspirada en la teoría del “gran reemplazo” de la extrema derecha europea.
En los días siguientes la policía arrestó a varios responsables de tres ONG conocidas por sus labores de solidaridad con personas migrantes. Seis, incluidos la expresidenta de la ONG francesa Terre d'Asile, Sherifa Riahi y la activista antirracista de Mnemty, Saadia Mosbah. Además, otras decenas de personas fueron imputadas o interrogadas por la policía, la mayoría por haber trabajado o colaborado con estas ONG. Entre ellos figuran funcionarios municipales, un exalcalde, trabajadores de ONG e incluso propietarios de hoteles que alojaban a refugiados.
Según fuentes cercanas al proceso, que se encuentra en fase de instrucción, se les acusa de asociación con malhechores para ayudar a entrar a personas extranjeras ilegalmente en el país y blanqueo de dinero. Las penas para este último cargo son muy graves. y oscilan entre los diez y los veinte años de cárcel. Entre sus familiares, está la convicción de que son acusaciones completamente fabricadas. tres asociaciones mencionadas han sido selladas y sus cuentas bancarias, congeladas, por lo que ha cesado su actividad.
Un discurso que ha arraigado
Aunque la cifra de refugiados y migrantes en el país magrebí es muy pequeña –unas 80.000 personas sobre un total de 12 millones de habitantes–, la cuestión migratoria ha entrado con fuerza en la agenda política. El pasado verano, tras un pico de comentarios racistas en las redes, las autoridades deportaron a cientos de migrantes y refugiados subsaharianos a una zona fronteriza con Libia. Atrapados en el suelo de nadie, al menos una veintena murieron de siete. Sin embargo, el Estado negó haber llevado a cabo este tipo de prácticas hasta que en la citada reunión del Consejo de Seguridad Nacional habló el propio presidente Said.
“A consecuencia de estas medidas, los migrantes han quedado aislados, privados de ayuda de cualquier institución. Quienes lo hacían, ahora están aterrorizados”, comenta Ben Amour. Túnez no cuenta con un sistema público para el reconocimiento y la acogida de refugiados, por lo que esta labor quedaba en manos de ACNUR. La agencia de la ONU subcontrataba a menudo al Consejo Tunecino para los Refugiados, una de las asociaciones víctimas de la campaña de represión. Ahora, la única opción que ofrecen las organizaciones internacionales, esta sí apoyada por el régimen, es el “retorno voluntario” a través de la Organización Internacional de las Migraciones.
El pasado año se creó una red informal de activistas que prestaban ayuda a las personas migrantes de forma clandestina. "Todavía continuamos con el trabajo, pero hemos reducido nuestras actividades", reconoce un miembro del grupo. Esta ola represiva ha contado con el silencio cómplice de la UE. “La política de criminalización está en línea con la de Georgia Meloni y la extrema derecha. A la UE ya le va bien”, remacha Ben Amour.