Túnez arresta a los principales candidatos opositores para garantizar vía libre a Kaïs Saïed

TúnezLas autoridades tunecinas arrestaron el lunes a Ayachi Zammel, uno de los pocos aspirantes presidenciales que habían pasado el filtro de la Junta Electoral. La noticia no causó sorpresa en Túnez. Zammel es el último de un total de nueve aspirantes a las elecciones presidenciales del 6 de octubre que han sido condenados o arrestados en las últimas semanas. Es evidente que el presidente, Kaïs Saïed, que se otorgó poderes absolutos después de un “autogolpe” en el 2021, no quiere ningún rival de peso en los próximos comicios. Ahora bien, para ello ha tenido que forzar la máquina y ha provocado un conflicto institucional que ha erosionado su maltrecha legitimidad.

De los 17 aspirantes que presentaron su candidatura, la Junta Electoral sólo mantuvo tres. Además del propio Saïed, dos ex diputados poco conocidos verán su nombre en las papeletas: Zouhair Meghzaoui, un panarabista antiguo defensor de Saïed, y el liberal Ayachi Zammel. Este contexto nada tiene que ver con el de las otras elecciones posteriores a la revolución de 2011, cuando había una transición en marcha y más de una veintena de candidatos competían en elecciones libres y justas.

Entre los candidatos recientemente condenados o arrestados se encuentran algunos de los políticos con más apoyo en el país, como Abdelatif Mekki, antiguo líder del partido islamista Ennahda, y Abir Moussi, exdirigente del partido del dictador Ben Alí. Moussi, que lleva más de un año cerrada, fue condenada a dos años de cárcel por criticar la falta de independencia de la Junta Electoral. El resto, incluido Zammel, han sido procesados ​​por presuntamente haber falsificado o intentado comprar las firmas necesarias de apoyo para ser candidatos. Si contamos también a los políticos detenidos en anteriores oleadas represivas, como el histórico líder de Ennahda Rached Ghannouchi, los presos políticos en Túnez superan la treintena.

A finales de julio, once aspirantes ya hicieron pública una carta en la que denunciaban el clima de intimidación a sus seguidores y la existencia de graves violaciones de sus derechos electorales por parte de algunas instituciones del estado, especialmente la Junta Electoral. "Las violaciones […] parecen indicar un deseo de excluirnos [de las elecciones] por dejar vía libre a un solo candidato", afirmaba el comunicado. Una de sus quejas es que en esta ocasión se añadió una nueva condición para convertirse en candidato: la obligación de tener el B3, un documento que demuestra la existencia de un historial delictivo pulcro, emitido por el ministerio del Interior. Pero el ministerio se negó a otorgarle a varios candidatos.

Siete de los candidatos descalificados recurrieron al Tribunal Administrativo, derecho reconocido por la ley. Los tribunales decidieron readmitir en la carrera electoral a tres candidatos de peso, los tres ex ministros: el islamista Mekki, el socialdemócrata Emad Daimi y Monzer Sneidi. Sin embargo, la Junta se ha negado a reconocer la decisión judicial e insiste en reconocer sólo a los tres candidatos iniciales, lo que ha situado al país en un choque institucional inédito.

La esperanza perdida de las Primaveras Árabes

Entre 2011 y 2021 Túnez fue la única esperanza de los países de las llamadas Primaveras Árabes, gracias a una transición democrática con luces y sombras. Entre sus carencias, la incapacidad hacer crecer la economía del país y poner fin a una corrupción sistémica, lo que provocó un profundo malestar en la sociedad. En 2021, Saïed, un político populista elegido en las urnas dos años antes, aprovechó este contexto para dar un “autogolpe”.

“Desde entonces, y de forma progresiva, las restricciones a las libertades individuales han ido aumentando”, señala Inés Jaibi, una abogada que ejerce de investigadora para el think tank Timep. Aparte de los opositores políticos, cualquier voz crítica, sea de activistas, periodistas o ciudadanos anónimos que expresan su malestar en las redes sociales, ha sido silenciada. Uno de los principales instrumentos legales de la represión es el llamado decreto 54, de 2021, que establece castigos por la difusión de noticias falsas. “Es un texto muy ambiguo, ni siquiera para los expertos legales está claro qué tipo de actos están prohibidos. Esto deja un margen de interpretación muy amplio a las autoridades”, explica Jaibi.

Persecución a la prensa independiente

Un sector que está en el punto de mira del régimen es la prensa independiente, que hasta hace un año había sorteado convertirse en una simple correa de transmisión del gobierno. Según el Sindicato de Periodistas Tunecinos, desde mayo de 2023 han tenido lugar 39 procesos judiciales contra reporteros por delitos de opinión, la mayoría sobre la base del decreto 54, y cinco profesionales se encuentran actualmente encarcelados. “Los programas de debate y actualidad plurales han desaparecido de las ondas. Todo son telenovelas”, critica un periodista que dirigía un matinal en la radio.

Aunque el golpe de fuerza de Saïed fue acogido con esperanza, la popularidad del presidente ha ido menguando a medida que no restituía la añorada prosperidad de años anteriores e intensificaba la represión. En los sondeos, Saïed retiene el apoyo del 40% de la población, pero los analistas consideran la cifra hinchada por el clima de miedo que reina en el país. El régimen parece consciente de su debilidad y por eso no puede permitir que en los comicios participe ningún candidato crítico e independiente.