¿Putin ante un tribunal? Misión improbable, pero no imposible

Madrid“Esta conducta de Putin no puede quedar impune”, advirtió el 25 de febrero la ministra de Defensa española, Margarita Robles, el día siguiente a que el presidente ruso empezara la invasión de Ucrania. Bregada en las máximas instancias judiciales españolas, ya apuntaba que la guerra puede tener “consecuencias penales”. ¿Es plausible ver a Putin sentado en un banquillo de los acusados? No es imposible pero sí muy difícil, según los expertos consultados por el ARA. El 28 de febrero el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, comunicó que abría una investigación sobre los hechos que estaban teniendo lugar en Ucrania e instaba a los estados que forman parte del TPI –123– a dar también un paso para acelerar el proceso. Así lo hicieron un total de 39 países, entre los cuales España. El presidente, Pedro Sánchez, lo ha trasladado este domingo a los líderes autonómicos en la conferencia de presidentes que se ha celebrado en la isla de la Palma.

Karim Khan, fiscal del Tribunal Penal Internacional, ha podido iniciar la investigación a pesar de que ni Ucrania ni Rusia son miembros. Hay tres caminos para hacerlo: a petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –es una vía muerta porque Rusia tiene derecho a veto–, de oficio del fiscal, y si lo pide un país que es parte del conflicto. Estas dos últimas opciones tampoco permitirían abrir el proceso porque Ucrania no ratificó el estatuto de Roma de 1998 –el texto regulador del organismo–, pero hay una rendija que es la que precisamente ha habilitado el fiscal para implicarse: Kiev avaló la competencia del TPI para investigar los crímenes del Euromaidan de 2013 y la guerra de Crimea del 2014. En septiembre del 2015 el gobierno ucraniano hizo una declaración en La Haya en que habilitaba al TPI para investigar todo lo que sucediera en su territorio desde febrero del 2014 en adelante.

Así, Khan ha podido iniciar un procedimiento por posibles crímenes de guerra y lesa humanidad. Los bombardeos sobre un hospital en Mariúpol denunciado por Kiev el miércoles, por ejemplo, ya son un ataque que recopilar para construir la causa. ¿Por qué el fiscal descarta el delito de agresión en el comunicado que realizó el 28 de febrero si es sobre lo que hay más evidencias? Este delito se incorporó en 2018 al estatuto del TPI, pero en este caso sí, necesariamente los países afectados tienen que estar adheridos al tribunal. Si ahora Ucrania decidiera integrarse, no podría aplicarse retroactivamente, de forma que aquellas acciones que hubieran tenido lugar antes no podrían ser objeto de investigación. La anexión de Crimea del 2014, pues, no puede juzgarse tampoco por el delito de agresión.

Orden de detención y pruebas

A partir de aquí, ¿qué es lo que complica que Putin se siente al banquillo de los acusados? En primer lugar, conseguir llevar al presidente ruso a La Haya, subraya la experta en derecho internacional de la Universidad Carlos III Ana Garrocho, que recuerda que el TPI no puede juzgar en ausencia. Cuando el fiscal concluya que tiene base para acusar a Putin –o cualquier miembro de su gabinete– y previa aceptación de la sala de cuestiones preliminares, puede dictar una orden internacional de detención a la cual estarían obligados todos los países miembros. Las policías de los 123 estados que integran el TPI tendrían que capturar al presidente ruso si pisara su territorio. Aun así, hay precedentes de no colaboración, como cuando Suráfrica no entregó al expresidente de Sudán Omar al Bashir, apunta la profesora de derecho internacional de la Universitat de Barcelona Elisenda Calvet. ¿Putin se quedaría cerrado en Rusia? Nada le impediría ir a China o a cualquier otro país que no sea parte del TPI.

En caso de que se superara este primer obstáculo, el segundo sería demostrar la culpabilidad del líder del Kremlin. “No es tan evidente decir que la orden [de bombardear masivamente la población civil] viene de Putin. Hay que tener pruebas”, alerta Calvet. Además, hay que tener en cuenta que el fiscal hace una investigación de todo lo que sucede en Ucrania, sin descartar que el ejército de Volodímir Zelenski también pueda estar cometiendo algún delito.

¿Y si cae el régimen?

Hay un escenario que lo condicionaría todo: la caída de Putin del gobierno. Esto abriría un abanico de posibilidades que dependería también de si solo hay un cambio de presidente o bien se desarticula toda la estructura de poder. En este segundo supuesto, una opción sería que Rusia se planteara juzgar a su eventual expresidente en el mismo país, en función del grado de independencia que tenga su justicia, anota la experta en derecho penal internacional de la UB Rosa Ana Alija. Antes de que el TPI entrara en escena en 2002, algunos crímenes de guerra los han juzgado tribunales creados ad hoc, tal como se hizo para el caso de la antigua Yugoslavia y por el genocidio de Ruanda, o híbridos –creados por la comunidad internacional y un país afectado–, como por ejemplo el que condenó al expresidente de Liberia Charles Taylor por la guerra de Sierra Leona. Alija subraya que estas fórmulas han quedado superadas un golpe creado el TPI, a pesar de que no está pensado para superpotencias como Rusia.

Otra vía es que un país se ampare en la jurisdicción universal para juzgar a Putin. En España tendría que ser la Audiencia Nacional, a pesar de que en 2014 una reforma legal del gobierno de Mariano Rajoy restringió considerablemente esta posibilidad. De todas maneras, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmó un decreto el pasado martes para que el ministerio público empiece a recopilar información, ya sea para la apertura de una hipotética causa o para cooperar con tribunales internacionales. La vía de la jurisdicción universal también presenta el inconveniente de tener que extraditar a la persona que tiene que ser juzgada y, por lo tanto, queda a merced de la voluntad de Rusia, añade Alija.

La demanda de Ucrania contra Rusia

Si bien el TPI se presenta como la vía más factible –a pesar de las enormes dificultades– para juzgar Putin, hay otra para actuar contra Rusia como país. Ucrania ya lo ha puesto en marcha con la demanda que presentó el 26 de febrero ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) rebatiendo que haya provocado un genocidio en el Donbás contra la población prorrusa. El martes hubo una primera vista y la delegación rusa no se presentó. Kiev ha solicitado que se adopten medidas cautelares: que Rusia pare la invasión. A la espera de si el TIJ accede, lo que decida será vinculante, pero el organismo no tiene recursos para hacer que se implemente. Del mismo modo, la resolución sobre el fondo puede tardar años y que acaben imponiendo a Rusia medidas de reparación de daños.

Alija apunta que el consejo de seguridad de la ONU puede ordenar la ejecución de medidas en caso de que se incumplan, pero vuelve a aparecer el obstáculo del derecho a veto que tiene Rusia. De fondo, las expertas consultadas coinciden en señalar la anomalía que haya cinco países con derecho a veto en las Naciones Unidas y Garrocho lamenta que no se haya superado el "paradigma de los estados" en pro de la integración, a diferencia de lo que sí que está procurando la UE. A preguntas del ARA, Margarita Robles admite la dificultad de ver a Putin ante un tribunal. Aun así, cree que la comunidad internacional lo tiene que intentar. "Peores dictadores han caído", dice.