Salvar la diversidad lingüística mundial: el reto global que nace en Cataluña

BarcelonaLa emergencia lingüística no es una preocupación únicamente catalana. Según la ONU, cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo, y el 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en la lengua que habla. En este contexto, desde Cataluña se está impulsando una iniciativa que quiere contribuir a salvar la diversidad lingüística y proteger los derechos lingüísticos. El CIEMEN y el PEN Català han relanzado una nueva Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos que actualizará la que se presentó en la Unesco hace 30 años. El objetivo es aprovechar la ventana de oportunidad que se abre con la conmemoración del 80º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 2028.

"En la arquitectura legal de los derechos humanos no existe un corpus normativo internacional que pueda defender la diversidad lingüística, y hay lenguas que están perdiendo su estructura. Hay que proteger a sus hablantes y su uso", dice David Minoves, presidente del CIEMEN (el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales). La sociedad civil y académica catalana ya impulsó hace treinta años la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, un documento consensuado de alcance internacional que se presentó en la Unesco pero que la ONU no aceptó como jurídicamente vinculante, a pesar de que sí se ha utilizado como hoja de ruta para la protección de las comunidades lingüísticas. La nueva declaración aspira a alcanzar el hito que entonces no se consiguió, que es que las Naciones Unidas “creen mecanismos de protección de los derechos lingüísticos y los asimilen a los derechos humanos”, explica Vicenta Tasa, miembro del PEN Català, profesora de derecho constitucional y directora de la Cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universitat de València.

Las migraciones, la revolución digital y la globalización han incidido en todas las lenguas no hegemónicas, también en las que tienen la protección política de un estado. En algunos casos, como el catalán, la discriminación lingüística está agravando la minorización, incluso en el territorio en el que son naturales. La declaración, sin embargo, no se centra en casos concretos, sino que debe ser válida para todas las comunidades lingüísticas, como las comunidades migrantes. "Es una aportación universal que hacemos desde los Països Catalans", apunta Minoves.

La declaración se elaborará con las contribuciones de entidades y expertos de todo el mundo a través de una web específica. En marzo de 2027 se firmará la declaración, se debatirá en un congreso en otoño y se presentará a la ONU en 2028, después de una tarea previa de diplomacia cultural. "Queremos ir al Consejo de Derechos Humanos con el trabajo hecho para que asimile los derechos lingüísticos a los derechos humanos, porque sin su reconocimiento previo no es posible ejercer derechos como la plena libertad de expresión, la participación política, cultural, el derecho a la educación, a la salud y a un juicio justo. Si no hay derechos lingüísticos, los derechos humanos se devalúan en su conjunto", afirma Tasa, coordinadora del libro El dret a la llengua (Raig Verd). "No partimos de cero. Somos optimistas", afirman los impulsores.

En un momento de devaluación de las instituciones políticas internacionales, el CIEMEN y el PEN continúan confiando en el sistema de protección de las Naciones Unidas. Creen que la expansión de la crisis lingüística y la existencia de muchas más entidades de lengua que en 1997 (en la era preinternet firmaron la declaración 60 personas y organizaciones) servirán para hacer presión a las Naciones Unidas y para contrarrestar los recelos de estados y empresas. "Los derechos se conquistan desde la sociedad civil. No caerá del cielo, la protección de los derechos lingüísticos", dice Minoves. En los Países Catalanes ya dan apoyo a la declaración una quincena de entidades de lengua.