Quién tiene derecho a definir qué es un periodista? (y 3)

Después de dos días argumentando la necesidad de fijar una definición sobre quié se debe considerar periodista (y quién no), basándome en criterios no ideológicos sino profesionales, cierro esta miniserie exponiendo cuáles deberían ser las consecuencias. En esta era de identidades libres, no seré yo quien se ponga a repartir carnets. Pero sí que pienso que los pseudomedios no deberían poder operar haciendo la competencia desleal al periodismo legítim 

El primer asunto, espinoso, es el de las ayudas públicas y de la publicidad institucional. No solo debe ser transparente para que la ciudadanía pueda juzgar si los repartos son adecuados a los criterios (de audiencia, pero no solo), sino que también debe ser considerado malversación si se invierte en pseudomedios que se saltan el código deontológico porque esto perjudica el mensaje que se pretende difundir. Y la otra presión se debe ejercer contra las grandes tecnológicas. El sector mira de pactar compensaciones por la vampirización de los contenidos periodísticos que practican. Se debería ir más allá y exigir que toda la publicidad contextual que sirven (aquello que un día buscas “patatas” y durante tres generaciones te van saliendo anuncios de patatas) se limite a los medios que actúan con rigor. No puede ser que el merdiperiodismo deshonesto sea más rentable porque resulta más viral (gracias a los algoritmos que también controlan estas corporaciones) y más barato. Establecer este censo no es fácil y hay que evitar las garras de la (mala) política. Hay alguna iniciativa internacional incipiente interesante, por cierto. Y hay que defenderlo como una cuestión de responsabilidad corporativa exigible a unas empresas que han desestabilizado las democracias. Deberían favorecer un sistema económico para los medios sin la perversión que supone que las manipulaciones salgan más a cuenta. Porque las víctimas no son solo los periodistas; lo son el conjunto de ciudadanos