Donantes millonarios y los jueces detienen el golpe de Trump contra la radiotelevisión pública de los EUA

Desde que Trump se propuso desmantelar la National Public Radio (NPR) y el Public Broadcasting Service (PBS), las emisoras de radio y televisión públicas del país, se ha producido una respuesta a dos niveles que está logrando mantener el servicio en pie. Por un lado, el juez federal Randolph Moss declaraba este abril "inconstitucional" la orden ejecutiva de Donald Trump para cortar los fondos federales a estos medios de alcance estatal que tienen asociados más de un millar de cadenas de radio y televisión que trabajan en el ámbito local. Pero la sentencia del juez no ha comportado el retorno del dinero ya recortado y esto ha provocado ya un centenar de despidos en la PBS, lo que representa un 15% del total, a los que hay que sumar unos 500 puestos más de trabajos destruidos en las emisoras de radio o televisión locales asociadas.

Aquí es donde entra en juego una maniobra repentina cuando, el 16 de abril, la NPR hizo el anuncio de que le habían entrado dos donaciones notables: la de la filántropa Connie Ballmer, esposa del ex-CEO de Microsoft Steve Ballmer y que había sido miembro del consejo de la emisora, con 80 millones de dólares, y la de un donante anónimo que aportó 33 millones adicionales. “Una población informada es la base de la sociedad y la democracia requiere periodismo independiente fuerte”, declaraba Ballmer. La donación permitirá fortalecer la estrategia digital de la NPR y que preste apoyo a otras organizaciones de medios públicos.

¿En qué consistía la orden ejecutiva?

La administración Trump logra el cierre de la CBPAnte este ataque, las dos cadenas negaron estas afirmaciones. Pero el punto fuerte de la orden ejecutiva no recae sobre ellas, sino sobre la Corporation for Public Broadcasting (CPB). Esta entidad sin ánimo de lucro creada por el Congreso en 1967 durante la presidencia del demócrata Lyndon B. Johnson se convirtió en el principal canal de distribución de fondos federales dirigidos a los medios públicos. Cada ejercicio fiscal contaba con más de 500 millones de dólares para distribuir entre medios de todo el país, además de ser la principal fuente de apoyo para el desarrollo tecnológico, la programación y la investigación de estos medios. La orden de Trump exigía a la corporación lo siguiente: "La Junta de la CPB dejará de financiar directamente NPR y PBS, de acuerdo con la política de mi administración para garantizar que la financiación federal no apoye la cobertura informativa sesgada y partidista. La Junta de la CPB cancelará la financiación directa existente en la máxima medida permitida por la ley y se negará a proporcionar financiación futura".

La administración Trump consigue el cierre de la CBP

Tres meses después de la publicación de la demanda, en agosto del año pasado, la CPB anunció la finalización gradual de su actividad, después de que la administración de Donald Trump suprimiera por completo la financiación federal, tras casi sesenta años de funcionamiento. La corporación acabó cesando por completo sus operaciones a principios de este año. En cuanto a la NPR, los fondos federales que recibía suponían el 1% del presupuesto total, pero, para las emisoras afiliadas, que son más de 1.300, representaba entre el 8 y el 10%. Junto con estas emisoras de menor alcance, quien también sentía duramente este golpe era la PBS y sus emisoras asociadas, a las que los fondos federales suponían aproximadamente el 15% de los ingresos que la CPB les proveía.

En este punto, los servicios públicos de información de diversos puntos del territorio con poca densidad de población ven peligrar seriamente la posibilidad de continuar sus actividades. Aunque las donaciones de particulares han aumentado, y aun así estas emisoras se deben a la búsqueda constante de nuevas inversiones, son conscientes de que los fondos federales no llegarán, hecho que ya ha situado en jaque su supervivencia.

La decisión del magistrado Randolph Moss, sin embargo, da un respiro legal. El juez indicó que la orden ejecutiva de Donald Trump contra las emisoras es "ilegal e inaplicable". Considera que se viola el derecho a la libertad de prensa garantizado en la Primera Enmienda de la Constitución y equivale a una "discriminación por punto de vista" por parte del mandatario. Moss sentenciaba que el gobierno de los Estados Unidos no puede discriminar a las personas por las opiniones que expresan, y amparaba también los servicios de cobertura informativa. Nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama en 2014, escribía: "Es difícil concebir pruebas más claras que una acción gubernamental sea dirigida a puntos de vista que al presidente no le gustan y que intenta reprimir".

Esta declaración puede tener implicaciones en el futuro y puede facilitar la entrada de nuevos fondos que el Congreso decida asignar a los medios públicos. Eliminaría uno de los obstáculos que hubieran impedido la restauración de la financiación. Recordemos que el próximo 3 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales de medio mandato y el nuevo Congreso se hará efectivo a principios de 2027.

La reacción de los demandados y la administración

Por su parte, las jefas de las dos emisoras atacadas directamente también manifestaron su opinión a través de diversos comunicados. La presidenta y directora general de NPR, Katherine Maher, celebraba la decisión como una victoria para la prensa libre: "Los medios de comunicación públicos existen para servir el interés público –el de los norteamericanos– no el de ninguna agenda política o cargo electo". Paula Kerger, jefa de la PBS, que considera la orden ejecutiva una discriminación inconstitucional, comunicaba: "En PBS continuaremos haciendo lo que siempre hemos hecho: servir nuestra misión de educar e inspirar a todos los norteamericanos como la institución mediática más fiable del país".

En contrapartida, la portavoz de la Casa Blanca y asesora especial del presidente, Abigail Jackson, explicaba en un comunicado: "Esta es una sentencia ridícula de un juez activista que intenta socavar la ley. NPR y PBS no tienen derecho a recibir fondos de los contribuyentes, y el Congreso ya ha votado para retirarles los fondos. La administración Trump espera la victoria final sobre el tema".

Hasta entonces el tribunal ha revertido los recortes, a pesar de que se prevé que el Gobierno presente apelación contra el veredicto, como ya ha hecho sistemáticamente con anterioridad.