El gobierno español busca poner límites a la publicidad institucional en los medios

MadridEl gobierno español da un paso adelante para limitar la publicidad institucional en los medios de comunicación. El consejo de ministros de este martes tiene previsto aprobar en primera vuelta el anteproyecto de ley de publicidad institucional que, entre otras cosas, acotará a un 35% los ingresos publicitarios procedentes del conjunto de las administraciones públicas que pueden recibir las empresas que están detrás de periódicos, canales de televisión o radios, tal como avanzó El Confidencial y confirman fuentes gubernamentales a ARA.

El ministerio que pilota la norma es el de Función Pública y Transformación Digital, bajo la batuta de Óscar López (PSOE), que hace tiempo que se puso como objetivo avanzar en términos de transparencia sobre la publicidad institucional de los medios, pero también sobre quién hay detrás de la propiedad de los medios. De hecho, el anteproyecto de ley que se aprobará este martes incluirá también la obligación de hacer pública esta propiedad.

A falta de conocer la letra pequeña de la nueva ley, habrá que ver cómo encaja con el registro que se incluyó en el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que se aprobó el año pasado y que continúa en un cajón en el Congreso. Esta norma ya prevé la creación de un registro público de medios de comunicación que dependa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que tiene como objetivo informar de forma transparente sobre la propiedad y publicidad institucional de los medios.

En el Plan de Acción Democrática que Pedro Sánchez presentó el verano de 2024 ya se incluía esta reforma para "introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación" en la asignación de la publicidad institucional a los medios. A través de ello, el gobierno español quiere evitar que medios sin viabilidad económica reciban de forma discrecional ingresos públicos.

Aquel entonces, el presidente español planteaba a los grupos desarrollar por ley el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación para mejorar la "transparencia" del ecosistema mediático, donde la Moncloa cree que se juega una buena parte de la batalla política actual. En aquel momento, Sánchez apuntaba a la necesidad de reformas en la justicia, pero también contra la "desinformación", de la que culpó a algunos "pseudomedios" vinculados principalmente a la extrema derecha.

Con todo, hay que tener en cuenta que la nueva norma llega justo al consejo de ministros y, por tanto, está en una fase muy incipiente. Ahora se abrirá el período de audiencia pública y después tendrá que ser aprobada por el gobierno español por segunda vez. No será hasta entonces que la ley dará el salto al Congreso, donde la fragmentación parlamentaria, pero sobre todo la frágil relación con los partidos del bloque de investidura, dificulta que pueda prosperar. A esto se suma el hecho de que estos próximos meses estarán marcados por las elecciones en algunas comunidades autónomas, mientras que los comicios en el Estado están previstos para 2027. A pesar del contexto y poco margen de tiempo que tiene el gobierno español, Sánchez inició el año fijándose como objetivo seguir con la agenda legislativa, como mínimo en la mesa del consejo de ministros.