No va de privacidad, va de impunidad policial

La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto expediente a Directa y propone una sanción de 7.000 euros por haber publicado información sobre policías que se infiltraron en movimientos sociales. Lo hicieron sin mandato judicial, de oficio y prospectivamente, podríamos decir, y eso lo cambia todo, ya que entonces en el pulso entre el derecho a la información y el de la privacidad debe prevalecer el primero. El ordenamiento jurídico europeo, y también el español, determina que los servidores públicos, para garantizar su fiscalización, ven supeditada su intimidad al interés público de las noticias que les afectan. Y es evidente el interés público que suscita un caso como este.

Hay que preguntarse por qué la Agencia tira por la calle de en medio y, aprovechando su capacidad sancionadora, se erige en organismo censor en contra de este principio básico democrático que es proteger la libertad de prensa, caiga quien caiga. Otros medios han recibido peticiones de información similares a las de Directa, así que es de esperar que pronto les envíen peticiones para censurar sus escritos. Supongo que a TV3 también pedirán que retiren del 3Cat el 30 minuts dedicado al tema (y que valdrá la pena guardar de alguna manera en el disco duro). El organismo demuestra no solo una actitud autárquica, en contra de la jurisprudencia, sino que exhibe un profundo menosprecio –y desconocimiento– del papel de la prensa. Todo hace pensar que si el asunto se va al contencioso administrativo se ganará. Pero la censura habrá cobrado su tributo, que se paga en desgaste, esfuerzos, dinero para la defensa y el miedo asociado a todo ello. Si Sánchez se quería erigir en el regenerador de la democracia, aquí tiene uno de los lugares por donde puede empezar su trabajo, arrancando costras que usan la violencia administrativa para condicionar un derecho fundamental como es el de estar informados de posibles abusos policiales.