Las tensiones entre el gobierno y el presidente de Prisa suben de tono por el control del grupo

BarcelonaLa batalla por someter al principal grupo mediático español no ha hecho más que empezar y desde la Moncloa se empiezan a estirar hilos para ganarse una posición de dominio. El semanario francés Le Point revelaba este fin de semana que el pasado 12 de febrero, en el marco de una cumbre sobre inteligencia artificial en París, el ministro español de Transformación Digital, Óscar López Águeda y el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, se reunieron con Arnaud de Puyfontaine, presidente del consejo de administración de Vivendi, el grupo mediático controlado por la grupo mediático controlado por la grupo mediático controlado por la familia. El objetivo: conseguir que se sumen a la mayoría alternativa que está ayudando a forjar al ejecutivo de Pedro Sánchez dentro del conglomerado español, con el ánimo de forzar el relevo de su actual presidente y máximo ejecutivo, Joseph Oughourlian.

Según cita el medio francés, el mensaje de la delegación española en Vivendi fue inapelable: "Vende su participación en Prisa a accionistas amigos que le indicaremos. En caso contrario, puede decir ciao al presupuesto publicitario de Telefónica que gestiona su filial de Havas". Le Point subraya que "la presión de Madrid dice mucho de los métodos utilizados por el gobierno socialista para extender su influencia sobre los medios españoles y excluir a las personas que considera hostiles". Sábado por la noche, en el programa laSexta Xplica, el ministro señalado calificó de "mentira" la noticia del medio francés. Sí admitió la existencia de la reunión, pero según su versión fue un encuentro de dos minutos, no se habló del grupo Prisa y, de hecho, estaban presentes otros directivos de medios de comunicación. "Este gobierno no se mete en la política interna de un grupo privado. Nunca lo ha hecho", quiso resolver López.

En todo caso, este lunes el PP ha pedido la comparecencia de Murtra en el Congreso para que explique el contenido de la reunión. Telefónica no tiene un interés directo en la gestión de Prisa, ya que vendió el 7% de sus títulos a Global Alconaba en 2022 y el resto de su participación en los meses posteriores.

Otro elemento a tener en cuenta es que, a finales de 2021, Vivendi pidió permiso al gobierno español para crecer más allá de un 10% dentro de Prisa, hasta el 29,9%. Debía solicitarlo formalmente porque con el primer estado de alarma de la covid, en 2020, se aprobó un decreto que regulaba estas participaciones extranjeras con el objetivo de evitar operaciones hostiles de los fondos de inversión dentro de las sociedades cotizadas españolas. El hecho de que el ultraderechista Éric Zemmour creciera mediáticamente en una de las televisiones de Bolloré hacía ver con suspicacia el movimiento y, desde el ejecutivo Sánchez, se demoró la aprobación a base de ir solicitando información adicional hasta que el grupo abandonó por desistimiento.

Con todo, el empresario es considerado un hombre de negocios puro, que responde mejor a las propuestas empresariales con números en la mano que a las amenazas políticas. Y existe una gran complementariedad entre Movistar+, del grupo Telefónica, y el Canal+ francés: los primeros dominan España y Latinoamérica mientras que los segundos son líderes en Francia y África. Las sinergias son tentadoras y, al fin y al cabo, Vivendi tiene ya un 1% de Telefónica.

¿Quiénes son "los accionistas amigos"?

Los "accionistas amigos" de los que habla el artículo de Le Point son, básicamente, tres: el holding Global Alconaba (presidido por el empresario Andrés Varela Entrecanales), Adolfo Utor (presidente de la naviera Balearia) y Diego Prieto (empresario). Los tres suman el 17% de Prisa y si Vivendi les apoyara añadirían un 11,9% adicional que les situaría con un 28,9% suficiente para desafiar al 29% de Oughourlian.

Se considera, además, que otro trío de propietarios importantes podrían sumarse al motín, como el Banco Santander (4,2%), la familia Polanco (7%) y el empresario mexicano Carlos Slim (7%, aunque el apoyo de este último no está cerrado). Entre todos, y contando Vivendi, llegan al 47,1% y la meta del 51% se ve posible a partir de embarcar a otros pequeños accionistas. La fecha clave es junio, cuando debe celebrarse la nueva junta de accionistas del grupo.

Otra carta que tiene Oughourlian en la mano es la económica. Bajo su mandato, Prisa ha logrado ir secando la ingente deuda que arrastraba desde la crisis de 2008, que llegó a superar los 5.000 millones de euros. El grupo ha mejorado sus finanzas y tiene pendiente un acuerdo de refinanciación con inversores americanos, que aprueban su gestión.

Una televisión nacida muerta

El presente capítulo de esta guerra interna pone en marcha a finales de febrero. Oughourlian da un puñetazo sobre la mesa para afianzar su control dentro del conglomerado propietario deEl País, Cinco Días, As, la editorial Santillana o la Cadena Ser, entre otros muchos. El detonante es el proyecto de montar una televisión en abierto impulsado por ejecutivos de la casa cercanos al PSOE, pero que este financiero francés de origen armenio y principal accionista del grupo no ve claro, números en mano. Cuando tumba la idea, entiende que se abrirá un cisma dentro del grupo y aparta a dos de los directivos con más línea con Moncloa, Carlos Núñez y José Miguel Contreras (considerado este último artífice de la operación de contragolpe).

Pero el presidente de Prisa no se detiene aquí. Pone en marcha una revisión del consejo de administración del grupo para pasar de 15 a 11 consejeros, lo que le permitirá un mayor control interno. Y, el domingo, se anuncia que él mismo pasa a ser presidente deEl País. Al día siguiente de esta maniobra, el diario publica una tribuna suya que, pese a los desmentidos del ministro López, apunta de nuevo a la participación de Telefónica en la operación para desbancarle: "Sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años falleció el dictador Francisco Franco, alguien cayera en la tentación de mirar de a instrumento", escribe. La comparación con Franco y la acusación de injerencia supone un aumento de la temperatura con las relaciones con el PSOE y difícilmente serán el último episodio de ese enfrentamiento.