El Gobierno perdona a los ayuntamientos las multas por consumo excesivo de agua durante la sequía

BarcelonaLas multas a los ayuntamientos que consumieron agua en exceso o la derrocharon durante la sequía quedarán en nada. Según ha podido saber el ARA, el Gobierno aprobará este lunes un decreto ley que derogará la infracción para gastar más agua de la permitida en aquellos territorios que tenían activado algún nivel de alerta por sequía, prevista en el régimen sancionador del Plan de Sequía. Se trata de un movimiento que, en la práctica, significará la condonación de las sanciones en 204 municipios con sanciones en trámite.

A finales del año pasado, el principal embalse del país, el Ter-Llobregat, agonizaba con sólo un 16% de las reservas, pero más de un tercio de los municipios que dependen de las cuencas internas del país se saltaban los límites de consumo de agua que fijan las restricciones por la sequía. Ante estos incumplimientos, la Agencia Catalana del Agua (ACA) imponía las primeras sanciones a los municipios que, según datos mensuales, excedían el consumo de agua permitido. Entonces, la dotación máxima por habitante y día se redujo hasta los 200 litros para uso urbano. Es decir, el consumo que se hace en las viviendas, los servicios y la actividad económica y el uso municipal.

Las multas por exceder el tope máximo de abastecimiento de agua podían ir desde los 500 euros hasta los 150.000 en caso de que se detectara un derroche grave de agua. Sin embargo, pronto el mundo local puso el grito en el cielo: los consistorios denunciaron que tenían unas redes de suministro de agua antiguas y obsoletas –que en muchos casos no dependían exclusivamente de ellos– y que sufrían fugas y sesgaban la suya dato de consumo real.

Además, sobre todo las localidades pequeñas, alegaban no tener recursos para hacer las reparaciones solos o aducían que, si destinaban dinero a pagar los importes de las multas, sufrirían para ejecutar otras obras necesarias.

145 expedientes cerrados antes

Según ha podido saber el ARA, el Govern habría tomado la decisión de derogar el régimen sancionador del Plan de sequía porque ya ha cumplido su objetivo disuasorio y de fomento de medidas de eficiencia hídrica municipal. La mayoría de ayuntamientos se han tomado en serio la sequía y están trabajando para reparar las redes de suministro urbanas. Gran parte de las sanciones eran de miles de euros. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Palau-saverdera (Alt Empordà) registró un consumo de agua de 333,98 litros por persona y habitante y la ACA les impuso una multa de 18.000 euros.

Ahora bien, aunque con el régimen sancionador del Plan de sequía se han abierto un total de 349 expedientes, muchos han ido archivándose a medida que se hacían ajustes en la recopilación de la información. Inicialmente, los municipios proporcionaban datos de consumo y abastecimiento mes a mes. Posteriormente, el Gobierno pidió la información trimestralmente y esto permitió que los expedientes abiertos se redujeran en 145. Continuando con el ejemplo de Palau-saverdera, el pasado mayo la ACA archivó la propuesta de sanción y retiró la multa. En la actualidad, hay 204 municipios con un trámite de sanción en marcha.

315 ordenanzas de ahorro

Entre los argumentos para tomar la decisión, según detallan fuentes conocedoras de la situación, está el hecho de que se ha disparado el número de municipios que se acogen a las líneas de subvención gubernamental –que tienen un valor total de 130 millones euros– para pagar actuaciones de mejora de la red de abastecimiento de agua dentro de sus límites territoriales y digitalizar los sistemas de gestión de forma que se minimice el riesgo de fugas y pérdidas de agua.

Según ha podido saber el ARA, 705 municipios han solicitado una subvención para renovar o mejorar las redes de suministro. Como algunos han podido pedir más de una, se han registrado 888 solicitudes y se han otorgado un total de 827 hasta el pasado mayo. Buena parte de ellos ya han licitado los proyectos y otros están ya ejecutándolos. Los gobiernos municipales tienen como fecha límite el próximo octubre para hacerlo.

Para redactar proyectos de reforma y mejora de las redes y aprobar ordenanzas y planes directores de agua, 250 municipios ya han presentado solicitudes y 112 se han otorgado. En este sentido, desde el año pasado se habrían multiplicado por cinco el número de consistorios que han diseñado una ordenanza de ahorro de agua, una herramienta que busca fórmulas para realizar ajustes al consumo de agua y que éste sea más racional. Por ejemplo, la implementación de medidas de riego o la puesta en marcha de sistemas de aprovechamiento de aguas grises en edificios y limpieza de calles con agua freática. Si en 2023 sólo 57 municipios disponían de una ordenanza de ahorro de agua, ahora 315 ya han diseñado una.