456.000 M€: la "deuda histórica" del Estado con Cataluña, según el Parlament

BarcelonaEl Parlament de Catalunya cifrará en 456.000 millones de euros la "deuda histórica" ​​que mantiene el Estado con la Generalitat. Esta deuda se desglosa en 375.000 millones correspondientes a partidas sociales –derivada en gran medida del déficit que sufre anualmente Cataluña por el sistema de financiación autonómica–, cerca de 51.000 millones en inversiones no ejecutadas en infraestructuras y unos 30.000 millones por el hecho de que la población catalana contribuye más a la Seguridad Social de lo que acaba recibiendo en pensiones.

Éste es el punto principal de las conclusiones que previsiblemente aprobará el lunes la comisión de estudio sobre la deuda histórica de la cámara catalana. El documento de conclusiones ha sido presentado por Junts y ERC y previsiblemente recibirá el visto bueno de la mayoría con los votos de estos dos partidos y la CUP. Las conclusiones de otros partidos, pues, no tendrán suficiente apoyo para prosperar. Una vez que las conclusiones estén aprobadas, se podrán debatir en el pleno, pero sin ninguna otra votación. a formar parte del debate político o público sobre la relación económica entre Cataluña y el Estado. En este sentido, en diez años la diferencia entre las prestaciones recibidas y las aportaciones de la población catalana ha ascendido a 8.200 millones de euros, que el documento aproxima a 30.000 millones en los últimos cuarenta años. "Catalunya tiene menos paro que el resto del Estado y unos salarios más altos", recuerda el texto, por lo que lo que recauda la Seguridad Social por catalán es superior a la media española.

En cuanto a los 375.000 millones de partidas sociales, son sobre todo el déficit que provoca el sistema de financiación autonómica cada año. Este sistema es el que garantiza la financiación de la Generalitat y los gobiernos de otras comunidades: el gobierno español recauda los impuestos y transfiere a cada autonomía lo que le corresponde. Según este sistema –que debería haberse renovado hace más de diez años–, Cataluña es el segundo territorio que más aporta, pero el décimo que más recibe, lo que limita los recursos de la Generalitat para políticas como la educación , la salud o la dependencia, que representan buena parte de su gasto.

Los 51.000 millones restantes corresponden a la parte de infraestructuras que el Estado ha ido dejando pendientes en las últimas décadas. Es decir, los presupuestos del gobierno español suelen dejar sin ejecutar una parte importante de las inversiones que prevén en Cataluña (según cálculos de la Cámara de Comercio de Barcelona, ​​un 40% del total de media), una parte muy grande son construcción , renovación y mantenimiento de equipamientos como vías de tren, carreteras, puertos y aeropuertos.

Posibles "compensaciones"

El Parlamento propondrá soluciones para compensar esta deuda histórica, además de reformar el sistema de financiación autonómica para evitar que una parte de esa deuda siga creciendo. "Un nuevo modelo de financiación, mientras no seamos un Estado independiente, podría corregir las disfunciones del actual modelo de su aplicación en adelante", apunta el texto, pero añade que "de ahí que también haya que acompañarlo de correcciones previas".

Entre estas, se encuentra la "cancelación de la deuda pública de la Generalitat en manos del Estado", que las conclusiones dicen estar "provocada sólo por las distorsiones del modelo de financiación actual". Esta deuda corresponde a lo que el Gobierno catalán acumula con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo que tiene el Estado para financiar las autonomías que, como Catalunya, no pueden emitir bonos en el mercado.

En total, la deuda con el FLA es de 71.800 millones, de los cuales el reciente pacto entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez prevé condonar a unos 15.000 millones, lo que también ahorraría a la Generalitat unos 1.300 millones en pagos futuros de intereses. Sin embargo, el documento del Parlamento habla de reducir toda esta deuda a cero. Las conclusiones también mencionan la necesidad de transferir a la Agencia Tributaria de Cataluña "las competencias íntegras" que ahora tiene la Agencia Tributaria española.

Asimismo, el texto insiste en que "es necesario exigir el pago de la disposición adicional tercera del 'Estatut pendiente de liquidar". Esta disposición marcaba una compensación a la Generalitat de más de 4.100 millones de euros entre 2008 y 2013 por la falta de inversiones que había recibido Catalunya por parte del Estado, pero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut va marcar que se trataba de un compromiso político, pero no legal, por lo que el gobierno español no tenía ninguna obligación de cumplirla. Esto permitió a los ejecutivos de Mariano Rajoy ignorarla, hasta que la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno reactivó, en parte, sus pagos. Hasta ahora, pues, el Estado aún debe casi 3.000 millones correspondientes a este apartado del Estatut. en 2023, una compensación "por la infrafinanciación estructural en el ámbito de la sanidad" y la cesión del Estado al Gobierno catalán del 19% de los fondos Next Generation de la Unión Europea para luchar contra los efectos económicos de la pandemia. Esta última cifra representaría unos 33.800 millones de euros de178.300 millones que puede llegar a recibir a España de la UE, entre préstamos y transferencias directas, entre 2021 y 2026.