Podrás utilizar el catalán en todos los juzgados de España (también en el Supremo)

BarcelonaLos procesos judiciales comenzados en los territorios de habla catalana podrán continuar en catalán cuando lleguen a instancias estatales. Además, los juzgados de todo el Estado tendrán que facilitar traductores "si el uso de una lengua, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa". Éstas son dos de las novedades importantes de la ley del derecho de defensa, que entrará en vigor el 4 de diciembre y que habría permitido, por ejemplo, que los encausados ​​por el Proceso hubieran podido hablar catalán en el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional tendrán que enviar la documentación en catalán a las partes que lo soliciten. La nueva ley, aprobada en Les Corts y publicada este jueves en el BOE, permitirá que un ciudadano catalanohablante implicado en un proceso judicial en cualquier punto del estado español pueda expresarse en catalán siempre que resida en Cataluña, la Comunidad Valenciana o las Baleares, o que el procedimiento legal se haya iniciado en alguno de estos territorios.

El PSOE y Esquerra pactaron a principios de legislatura una reforma legal para que se pueda utilizar el catalán en el ámbito de la justicia en todo el Estado, pero han sido los técnicos de Plataforma por la Lengua los que han participado en la redacción de dos enmiendas, enviadas a través de Junts. Por ejemplo, haciendo que se convierta en ley una sentencia de la Audiencia Nacional –relativa a unos encausados, Roura y Stern, que quemaron una foto de Juan Carlos I–, en la que este tribunal argumentaba que el derecho de defensa pasaba por delante otras consideraciones, lo que obligaba a los tribunales a respetar el uso de una lengua diferente a la castellana si esto beneficiaba a la defensa. Por otra parte, hace unas semanas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya explicó que el gobierno español recurriría a la inteligencia artificial para que todas las resoluciones estén accesibles en todas las lenguas oficiales.

La nueva ley se trata de un avance significativo, al menos en el plano teórico. Sin embargo, la realidad es que en Cataluña, donde el catalán es plenamente oficial, sólo el 7% de las sentencias se redactan en catalán. Sólo un 14% de los jueces tienen el nivel básico de catalán y, por tanto, el 80% de los juzgados no respetan la opción lingüística y siguen notificando las resoluciones en castellano. Hace dos días el Consejo de Europa instó a España a tomar medidas de forma "prioritaria" para garantizar el catalán a la justicia, la educación y la sanidad.