El análisis de Antoni Bassas: 'Los indultos vistos desde Catalunya'

Solo con policías, jueces, alcantarillas del Estado y discursos reales no bastará para un proyecto compartido. Millones de catalanes esperan una negociación adulta y democrática de España

Les hablamos desde Barcelona, con la intención de compartir con ustedes algunas cuestiones a propósito de los indultos.

Nos parece pertinente hacerlo desde Catalunya, porque una simple ojeada a las encuestas indica que una mayoría de españoles está en contra de estas medidas de gracia y, en cambio, una mayoría de catalanes está a favor. 

Esta diferencia de criterio se explica por razones obvias que van desde la historia a lo más inmediato (el independentismo gobierna hoy en la Generalitat y en la mayoría de ayuntamientos). Uno de los ejemplos más claros del hecho diferencial es que el sistema de partidos español y catalán tienen poco o nada que ver. Fíjense en que, hace unos días, PP, Vox y Ciudadanos se manifestaron en la plaza Colón de Madrid.

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Pues bien, un dato objetivo: en el Congreso de los Diputados, la suma de PP, Vox y Ciudadanos representa el 42% de los votos. En el Parlament de Catalunya, esos mismos tres partidos representan el 17% de los votos, y en concreto el Partido Popular en las últimas elecciones en Catalunya no llegó al 4%. El PP en Catalunya cuenta con 3 diputados sobre 135. El primer partido de la oposición en España es irrelevante en Catalunya. 

Pero es que, además, la mayoría de catalanes consideró que la condena del Tribunal Supremo fue excesiva. Por los delitos que se barajaron y por la cuantía de las penas impuestas. A los presos se los acusó de rebelión (un delito que precisa alzamiento armado y violencia). Era tan descabellado que, al final, el propio tribunal les condenó por sedición, un tipo penal que en Catalunya se rechaza mayoritariamente, porque, como han acreditado decenas de catedráticos de derecho penal españoles y como recogen los códigos penales que rigen en Europa, no se debe confundir una manifestación de protesta con un alzamiento tumultuario. Es por ello que el gobierno español está considerando la reforma del delito de sedición. Recuerden que dos de los once magistrados del Tribunal Constitucional emitieron votos particulares cuando fallaron sobre los recursos a la sentencia porque la consideran desproporcionada y menos respetuosa con el actual estándar en el derecho español y europeo de los derechos humanos. Y que ayer, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó con una mayoría aplastante (70 votos a favor y 28 en contra) reclamar a España indultos, la reforma del delito de sedición, la retirada de las euroordenes de extradición para los políticos en el exilio y la retirada de las acusacions a funcionarios de rango bajo.   

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Pero es que, además, como el juicio, la cárcel y los indultos nos devuelven obsesivamente a Octubre de 2017, hay que entender que los más de de dos millones de catalanes que votaron ese día también se sintieron sentados en el banquillo y condenados por haber haber puesto unas urnas y haber ido a votar (porque de eso se trataba, de votar), y todo ello pese a la violencia que desplegaron sobre ciudadanos desarmados y pacíficos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El Procés nunca fue violento y la única violencia de esos días no la pusieron los votantes, precisamente. Por todo ello, cuando en Catalunya se oye a la derecha decir que los indultos “ofenden a la dignidad de los españoles porque no hay arrepentimiento”, la respuesta es que no hay nada de qué arrepentirse, que una persona libre no puede arrepentirse de defender derechos civiles que son universales.

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Que tampoco se olvide que aún hay exiliados, empezando por el president Puigdemont, que hay miles de investigados en diversas causas y que el Tribunal de Cuentas se propone arruinar económicamente a una cuarentena de cargos públicos por actuaciones incluso anteriores a Octubre de 2017 y con criterios del todo arbitrarios. Precisamente hoy se ha hecho público un manifiesto firmado, entre otros, por 33 premios Nobel de economía, en apoyo del profesor Andreu Mas-Colell, que es uno de los perseguidos hasta la ruina por el Tribunal de Cuentas. Fíjense en que, en cuanto la justícia espanyola se dirige a Europa, no consiguen que justicias com la belga, la alemana, la suiza o la escocesa le extraditen a ninguno de los exiliados, que el varapalo del Consejo de Europa puede anticipar la futura sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el juicio que se desarrolló en el Supremo y que una treintena larga de premios Nobel manifiestan su preocupación por la indefensión que sufre uno de los perseguidos por el Tribunal de Cuentas. ¿Le cunde a España el descrédito exterior que significa verse en la misma sesión en la que también se enmienda a Turquía?

Es por todo ello que en Catalunya hay muchas personas que consideran que los indultos son un primer paso pero no son la solución, porque sin duda rebajan la tensión y alivian la situación personal de nueve condenados pero no resuelven de manera mágica el conflicto político Catalunya-España.

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Es decir, los indultos operan sobre unas personas concretas y unas penas concretas ligadas a unos hechos concretos de Octubre de 2017. Pero todos sabemos que aquellos hechos son manifestación de un desacuerdo que va mucho más allá y que empezó mucho antes. Y por ello algunos condenados han dicho aquello de “lo volveremos a hacer”. El fondo de la frase es claro: con indultos o sin indultos, el independentismo no va a desaparecer de Catalunya, y espera una respuesta política del Estado, no buenas palabras del poli bueno, que sería el PSOE, sino una negociación que desemboque en referéndum como fue posible en el Reino Unido o Canadá.

Miren, el otro día, un ministro dijo: “Si lo vuelven a hacer, el estado de derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda". Bueno, es muy probable. El Estado tiene el monopolio de la violencia, tienen los jueces y tiene las cárceles. Desde ese punto de vista, España siempre sería más fuerte que Catalunya. Pero que no se olvide que Catalunya tiene la fuerza política y económica para poner al Estado en jaque, convertirse en un factor de bloqueo, también internacionalmente, y condicionar toda la política española. Siempre ha sido así. Recuerden el hábil movimiento del presidente Suárez en 1977, un año antes de aprobar la Constitución: permitir el regreso del president Tarradellas, que estaba en el exilio, y restablecer la Generalitat. Lo hizo porque sabía que sin reconocimiento institucional de Catalunya la naciente democracia en España no iba a funcionar.

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Por todo ello, la política española puede refugiarse en el antieuropeísmo y en la autarquia jurídica, por aquello de que es mejor tener honra sin barcos, o despertar de una vez, atender al principio de realidad y afrontar el problema democráticamente y con inteligencia política.    

Porque en España habrá personas que consideren que Sánchez ha ido muy lejos, pero en Catalunya, y por lo que se ve, en Europa, más bien se considera que el valor de Pedro Sánchez empieza ahora. Si realmente, como solemnizó ayer, desea construir “un proyecto de futuro para toda España”, necesitará hechos. Ayer dijo que los indultos pretendían acercar a millones de catalanes que están detrás de los nueve políticos encarcelados. Pues bien, esos millones de catalanes esperan que millones de españoles también hayan aprendido la lección: que solo con policías, jueces, alcantarillas del Estado y discursos reales no bastará para un proyecto compartido. Millones de catalanes esperan una negociación adulta y democrática de España.  

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Un saludo desde Barcelona.