Así se gestó el retorno del juez que llevará el caso Lezo

PeriodistaEl Ministerio de Justicia decidió la última semana de mayo dar por terminada la misión de servicios especiales del magistrado de enlace Manuel García-Castellón en Roma, tras más de cinco años en dicha plaza después de pasar más de once años en idéntica actividad en París, Francia. El Ministerio, según fuentes consultadas por ARA, estimó que era la solución para evitar nuevas comisiones de servicio en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ha abandonado el juez Eloy Velasco el pasado 1 de junio para ser magistrado de la Sala de Apelaciones.

El concurso para cubrir la plaza vacante de Velasco a través de una nueva comisión de servicios ya había sido convocado a través del Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de mayo. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, intentó que en el periodo en que se resolvía el concurso, en el que la antigüedad era la carta de triunfo, otro magistrado, Ricardo Rodríguez, de pública amistad con la nueva presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, que quedaba libre de una comisión de servicios en la Audiencia Nacional en la primera semana de junio, se hiciese cargo.

Pero esta operación fue finalmente descartada porque el ministro Catalá, después de consultas con su equipo y la sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estimó que la actividad de García-Castellón en Roma como magistrado de enlace ya estaba agotada. Y que era pertinente que se hiciera cargo del juzgado 6, que lleva asuntos importantes de corrupción del Partido Popular, como Púnica, Lezo, Acuamed y otros, su titular, García-Castellón.

García-Castellón viajó a Madrid. Y, tras la decisión de Justicia, presentó el viernes día 2 de junio en el CGPJ un escrito en el que anticipaba su decisión de solicitar el reingreso al servicio activo con carácter inmediato. Ello, según fue acordado, permitiría a la Comisión Permanente del CGPJ, adelantar su reunión normal, de todos los martes, al lunes, para celebrar una sesión extraordinaria. Se trataba de excluir la plaza del concurso convocado, porque de no hacerse el ganador, al regresar el magistrado titular, quedaría adscrito al presidente de la Audiencia Nacional en espera de una comisión de servicios.

El retorno de García-Castellón ha evocado alguna de las conversaciones que mantuvo el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ahora en prisión, con su amigo, el ex ministro Eduardo Zaplana, según consta en las intervenciones telefónicas del sumario del caso Lezo.

Además de sentirse entusiasmado con el planificado nombramiento de Manuel Moix en la Fiscalía Anticorrupción, un nombre que solo circulaba en aquellas fechas, noviembre de 2016, entre iniciados, González hace referencia a la situación de interinato de ciertos juzgados.

González habla de un juez 'rogelio', progresista, en referencia a Miguel Carmona, que pactó con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no hacerse cargo del juzgado cuya titularidad consiguió – el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de la instrucción del caso Gürtel – para ser magistrado de enlace en Londres, una plaza nunca ocupada con anterioridad.

Gallardón no quería un juez progresista con prestigio como Carmona después de que la larga mano de Federico Trillo lograse inhabilitar al juez Baltasar Garzón vía una querella del ex fiscal Ignacio Peláez. Y González mezcla en la conversación el asunto con el juzgado 6 que lleva Velasco en comisión de servicios y cuyo titular estaba en Roma. “Que venga el titular –dice a Zaplana-, que ya me las apañaré con el titular, coño”. Se trata de una referencia implicita al titular del juzgado 6 García-Castellón.

Veamos. García-Castellón instruyó el caso Banesto, pero en paralelo le tocó, por estar de guardia, investigar el atentado de ETA contra José María Aznar el 19 de abril de 1995. Nunca ha ocultado sus ideas conservadoras desde sus comienzos en Valladolid. Y Aznar, según trascendió en esos meses, agradeció la investigación de García-Castellón, lo que dio lugar a cierta relación entre ambos.

Sin embargo, la instrucción del caso fue controvertida, porque la fiscal encargada intentó adjudicar cierta responsabilidad al Ministerio del Interiores decir, al gobierno de Felipe González, y ocultó un informe al juez para no desacreditar las diligencias que solicitaba sobre la implicación del etarra Miquel Azurmendi. García-Castellón desestimó todas las peticiones.

El Ministerio de Justicia de Juan Alberto Belloch apoyó a García-Castellón ante las presiones de Mario Conde y un sector de la fiscalía de la Audiencia Nacional contrario a la querella criminal contra los ex administradores de Banesto.

En el año 2000 el gobierno de Aznar le nombró magistrado de enlace en París, el gobierno de Rodríguez Zapatero le mantuvo y tras la llegada de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón, que necesitaba colocar en París - primer trimestre de 2012- al magistrado Juan Pablo González, actualmente titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, trasladó a García-Castellón a Roma.

El trabajo de García-Castellón, de 64 años, se ha caracterizado durante sus investigaciones –a excepción del caso del atentado de Aznar- en dar un peso muy importante a los fiscales en el proceso de instrucción.

El tema de las intervenciones telefónicas fue tratado el viernes pasado, día 2 de junio, en una primera reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del CGPJ. Lesmes quería resolver ese día la situación, el mismo dia que García-Castellón solicitó el reingreso a su plaza. Álvaro Cuesta, miembro de la Comisión se opuso a que el Ministerio de Justicia resolviera el asunto del juzgado 6 a través de un procedimiento que había sido invocado por Ignacio González a Zaplana tras el escándalo de Moix. Cuesta recibió apoyo de otra vocal, lo que llevó a Lesmes a posponer el asunto a otra reunión extraordinaria el pasado lunes, donde finalmente se aprobó la propuesta.