La batalla por la oficialidad del catalán en Europa
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, hizo el lunes balance del cumplimiento de los acuerdos con el PSOE y, entre otras cosas, criticó que el gobierno español no había hecho lo suficiente para defender la oficialidad del catalán en Europa. Precisamente, el diario ARA pudo saber que el mismo día que Puigdemont hacía su comparecencia en Bruselas, este lunes, la Abogacía del Estado remitía a la secretaría de estado para la Unión Europea un informe jurídico donde se defiende que el Reino de España puede llegar a un acuerdo administrativo con el Parlamento Europeo para que se puedan utilizar con normalidad las lenguas oficiales españolas distintas del castellano, es decir, el catalán, el gallego y el vasco. Este informe se suma a otro, emitido en noviembre del año pasado, en el que la Abogacía del Estado defiende que es posible modificar el reglamento que fija el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión Europea para incluir el catalán, gallego y vasco sin necesidad de modificar los Tratados, lo que lo complicaría mucho más.
Estos informes son el arsenal jurídico que el gobierno español debe utilizar en Europa para convencer al resto de socios, y demuestra que, como siempre ocurre en el mundo del derecho, todo depende básicamente de la voluntad política, ya que la jurisprudencia y los reglamentos europeos no impiden que otras lenguas distintas de las que actualmente son oficiales de pleno derecho puedan sumarse a este selecto club. Por tanto, ahora lo que hace falta es que el gobierno español haga valer su peso político (no en vano España es la cuarta economía del euro) y movilice todos los recursos diplomáticos a su alcance para que la Unión Europea reconozca el plurilingüismo del estado español y respete los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos por igual. La Abogacía del Estado, que representa a la élite de los juristas españoles, ha hecho un trabajo al que ahora hay que sacar partido para que no se quede en papel mojado.
Es bastante habitual que el gobierno español se mueva sólo cuando está bajo presión, en este caso de Junts, pero es evidente que hay que dar pasos para restaurar la confianza en sus socios. El propio Puigdemont, que conoce de primera mano los obstáculos que se plantean en los pasillos de Bruselas contra la oficialidad del catalán, ha reconocido en varias ocasiones el trabajo que está realizando el ministerio de Exteriores, con José Manuel Albares al frente. En septiembre Albares ya le pidió por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la oficialidad del catalán, pero es evidente que lo necesario es un acuerdo al más alto nivel entre todas las cancillerías. Aparte de argumentos jurídicos, habrá que ejercer presión política, y sobre todo dejar claro que España se ve a sí mismo como un estado plurilingüe y, por tanto, exigir ser tratado como tal, al igual que países como Irlanda, que tienen dos lenguas oficiales (el inglés y el gaélico). Seguramente, sólo cuando todos los socios de la UE vean que esta petición responde a una profunda convicción y no a una maniobra política se la tomarán en serio.