Competencia vigila a las eléctricas
BarcelonaPor si no bastase con la escalada del precio de la electricidad, que este miércoles ha batido otro récord, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha hecho público que en general las eléctricas no han informado de forma adecuada de las nuevas tarifas a los usuarios y, en algunos casos, incluso les han cobrado de más. Estos hechos son especialmente graves en un mercado que todavía está controlado por grandes operadores, a pesar de que cada vez más proliferan las iniciativas para romper unas situaciones de monopolio de facto. La CNMC afirma que en algunos casos se han producido sobrefacturaciones del 30% en el denominado término de energía e insta a las eléctricas a devolver este dinero a los clientes lo antes posible.
La denuncia de Competencia se produce una semana después de hacerse públicas unas multas millonarias a un cártel de empresas constructoras que alteraron los concursos de Fomento para adjudicarse la mayoría de obras de construcción de carreteras en el periodo 2014-2018. La primera cosa que hay que hacer, pues, es felicitarnos por la existencia de organismos de vigilancia efectivos que defiendan el interés del consumidor y velen por un correcto funcionamiento del mercado. La experiencia demuestra, desde las leyes antitrust aprobadas en los Estados Unidos en 1899 (la conocida como ley Sherman), que el mercado necesita limitaciones y vigilancia para garantizar una libre competencia e impedir situaciones monopolísticas.
En el caso del mercado de la energía, además, es necesario un control más estricto porque hablamos de un bien básico para la comunidad y una pieza clave para el desarrollo económico del país. En efecto, el precio de la electricidad es una variable muy importante para muchos negocios, y a menudo marca la diferencia entre ser rentable y tener que bajar la persiana. Admitiendo que no es un tema de resolución fácil, el gobierno español tiene que actuar para impedir que un mal funcionamiento del mercado de la energía acabe repercutiendo negativamente en la competitividad de las empresas en comparación con países de nuestro entorno donde tienen precios más asequibles.
Lo que no tiene mucho sentido es que el éxito de las renovables, que aprovechan fuentes de energía gratuitas e inagotables como la luz del sol o el viento, acabe encareciendo el precio de la electricidad. Si encima los cambios normativos que se introducen para intentar conseguir un consumo más racional de la energía y que los usuarios puedan ahorrar en su factura no se aplican correctamente, entonces nos encontramos ante una tormenta perfecta que puede llevar a muchas familias a tener verdaderos problemas para afrontar los próximos pagos.
El PSOE y Podemos están discutiendo varias fórmulas para intentar aliviar la situación, desde la creación de una eléctrica pública (una opción prácticamente descartada) hasta la introducción de cambios en el sistema de cálculo del precio, que sí se está estudiante. Mientras tanto, lo mínimo que se puede pedir a las eléctricas es que sean cuidadosas y transparentes en la aplicación de las nuevas tarifas.