Crisis interna en el Gimnàs Social Sant Pau después del acuerdo de compra

Barcelona"Fuimos los trabajadores los que llegamos hasta aquí. No la actual directiva". Es el mensaje que sirve de carta de presentación en la nueva cuenta de Twitter que han puesto en marcha algunas trabajadoras del Gimnàs Social Sant Pau, en el barrio del Raval de Barcelona, y que recuerda la fecha histórica del 1 de julio de este 2021: el día en el que se rubricó el acuerdo de compra que garantiza la continuidad del gimnasio después de cinco años amenazado de desahucio. Es una muestra del malestar que hay dentro del equipo. A pesar de que podía parecer que la salvación del proyecto llevaría, por fin, la calma al Sant Pau, la realidad no ha sido así de puertas adentro. Ya hace semanas que hay tensión por demandas laborales no satisfechas y la situación ha ido a peor después del despido, el 5 de noviembre, de una de las trabajadoras, la que hacía de delegada sindical.

El malestar viene de bastante más atrás. Los trabajadores hacía tiempo que esperaban la salvación municipal –el Ayuntamiento compra el espacio a través del pacto con un privado– para ver cómo se cumplían promesas de mejoras laborales que les tenían que servir para pasar páginan de las penurias de los últimos meses, cuando todo el mundo puso de su parte para sacar adelante el proyecto: con el gimnasio cerrado por las restricciones pandémicas, el espacio pasó a centrarse en las duchas y la entrega de ropa limpia a personas vulnerables. El acuerdo de compra, además, llegó casi al mismo tiempo que el cambio en la dirección del gimnasio: salió Ernest Morera, que había sido la cara visible del proyecto desde que hizo el giro social, y llegó Lara Cáceres, con el objetivo de entrar en una etapa más profesional.

Pero las cosas no han sido fáciles y los trabajadores han dirigido cartas a la cooperativa que gestiona la equipación, firmadas por la mayoría de los integrantes de la plantilla, en las que exponían la necesidad de regularizar algunos contratos, de hacer las subidas salariales comprometidas, de permitir la entrada de los que lo quisieran a la cooperativa como se les había garantizado o de hacer frente a liquidaciones pendientes que mantenían a algunos miembros de la plantilla en una situación económica muy delicada. También se criticaban algunas decisiones, como el error de sumarse inicialmente a la plataforma anti-Colau Barcelona és Imparable –de la cual se dio marcha atrás–, y se expresaba malestar por cómo se habían gestionado algunos casos de covid o de emergencias dentro de las instalaciones del gimnasio.

La respuesta oficial que recibieron fue que se entendía la desazón, pero que hacía falta tiempo para establecer un "marco adecuado" que permitiera satisfacer las promesas. La dirección apuntaba entonces a la necesidad de aclarar cuál sería el marco de acuerdo con el Ayuntamiento a partir del 1 de enero para poder determinar de qué recursos económicos se dispondría y cómo se gestionaría el momento de transición hasta tener construido el nuevo gimnasio porque el antiguo tiene que ser derrumbado.

"Cuando se acordó la compra, habíamos salvado la piedra del Sant Pau, pero todavía no teníamos garantizado el proyecto", expone la directora del centro, que admite que las condiciones de trabajo en pandemia "no han sido las idóneas" y que muchas de las demandas de la plantilla son "coherentes", pero defiende la necesidad de afrontar con garantías la nueva etapa. De momento, el Ayuntamiento ha destinado al gimnasio 381.000 euros en 2020 y 625.000 euros este año para ofrecer el servicio de duchas y defiende que tiene intención de mantener la colaboración el año que viene, pero la cantidad que aportará estará condicionada por el volumen de actividad que siga teniendo el Sant Pau, según exponen fuentes municipales.

El detonante del despido

Lo que ha hecho que todo acabe de crisparse es el despido de una trabajadora, que de entrada se acordó como una suspensión –comunicada a la afectada pocos minutos antes de la reunión en la que trabajadores y dirección tenían que abordar las demandas laborales– y que pasó a despido a principios de noviembre, cuando la CGT ya había entrado en el conflicto. La cooperativa defiende que la decisión responde al comportamiento de la trabajadora, a quien acusan de haber agredido verbalmente a una compañera, y apunta a que todo ha seguido los pasos establecidos. Y la afectada niega rotundamente haber protagonizado ninguna escena de este tipo, ni haber recibido ninguna denuncia por estos hechos, como expone la dirección, a quien acusa de acoso laboral y difamación.

Entiende la decisión como una forma de "represión sindical". Un diagnóstico que comparte Héctor Martínez, que es el afiliado de la CGT que se está ocupando del caso y que el jueves asistió a una reunión tensa con la plantilla y los miembros de la cooperativa, donde se arreció la negativa por parte de la dirección a readmitir a la persona despedida.

"Nosotros les habíamos dicho que con el despido sobre la mesa no podía haber negociación, porque lo habían acordado después de un encuentro donde no nos habían dicho nada y donde se habían avenido a negociar", expone Martínez, que asegura que la decisión los cogió por sorpresa. En la reunión, la cooperativa mantuvo que no se daría marcha atrás en este despido y que se podían negociar otros puntos, pero que si la situación era de bloqueo, esto podría condicionar la viabilidad del proyecto. El encuentro fue "fatal", según algunos de los asistentes, y dos trabajadoras se fueron antes de que acabara.

Ferran Aguiló, que es socio colaborador de la cooperativa y que hizo de portavoz en la última reunión, defiende que es un conflicto acotado, que ha movilizado a un número "reducido" de trabajadores y que la decisión del despido, que sitúa al margen de las reivindicaciones laborales, es irreversible. Según la cooperativa el viernes hubo incidentes entre trabajadores porque no hay una única visión de cómo encarar la situación. Esta semana se prevé que el conflicto se traduzca en comunicados y ruedas de prensa.