El drama educativo de los menores que han sufrido un desahucio: "¿Cómo quieres que hagan los deberes si no tienen un techo en el que vivir?"

SaltoEs jueves por la mañana, finales de noviembre, hace frío y, a diferencia de otros días de la semana, cuando suena el primer timbre, los alumnos del Institut Salvador Espriu de Salt llegan a clase absolutamente revolucionados. La agitación descontrolada se explica porque, cerca del centro, en la calle Àngel Guimerà, mientras hacían camino hacia la escuela, muchos estudiantes han visto de cerca cómo decenas de furgones de policía y antidisturbios desahuciaban a Saliha Elouati, madre de tres menores de edad, que son amigos o compañeros suyos de clase. Con esta escena en la retina y una maraña de emociones a flor de piel, tanto para los adolescentes como para los profesores, resulta imposible empezar el día con normalidad, como si nada hubiera pasado. Y, por supuesto, todavía es mucho más complicado para los propios afectados, que mientras sufren el trance de quedarse sin casa, los deberes y los exámenes pasan a ser la última de sus preocupaciones.

Órdenes de desahucio como estas, en las que se hace evidente cómo la privación del derecho a la vivienda repercute directamente en el derecho a la educación de los niños y adolescentes, se repiten cada una o dos semanas en los institutos y las escuelas de Salt, uno de los municipios con mayor índice de pobreza e inmigración de Cataluña. La comunidad educativa de esta población está harta y por eso ha constituido la plataforma Docentes por el Derecho a la Vivienda Digna,con el objetivo de denunciar el impacto de los desahucios en el desarrollo de la labor pedagógica de los centros. "La casa es un espacio de seguridad, higiene, intimidad, un mínimo necesario para tener una vida digna y, todo ello, con un desahucio, queda dinamitado, por lo que los efectos materiales y psicológicos son muy evidentes", explica Jeremy Buck, profesor de secundaria del Instituto Vallvera y miembro de la plataforma. Y se cuestiona: "¿Cómo quieres que un alumno se preocupe de hacer los deberes si no tiene garantizado un techo?"

Desahuciada hace 2 meses, con los hijos repartidos en cuatro casas

El caso de Saliha es el más reciente, pero ni mucho menos el único. Hawa Jallow, por ejemplo, madre de cuatro adolescentes, de origen gambiano, explica al ARA que lleva 33 años viviendo en Salt y el pasado 18 de septiembre fue desahuciada. La policía se presentó en la casa donde había vivido en los últimos 8 años, mientras tenía una de sus hijas en la cama, sin previo aviso, aunque la regulación del contrato de su piso, propiedad de un fondo buitre, estaba pendiente de un recurso judicial. Desde ese momento, Servicios Sociales instaló a la familia en un hotel de Medinyà —los niños tenían que coger cada día un autobús y llegaban tarde a la escuela—. Pero fue una solución provisional que duró sólo una semana. Luego, Hawa, muy nerviosa y con problemas de tensión alta, se vio obligada a buscarse la vida. Ahora sus cuatro hijos viven repartidos en casas de amigos o conocidos de Salt, ella les compra la comida y apenas les ve, sólo cuando por la mañana les da el bocadillo antes de clase. Hawa vive desde hace dos meses de casa en casa, gracias a favores y tratos de estancias temporales, en unas condiciones absolutamente precarias, a la espera de poder encontrar un hogar para reunir a la familia.

“Tengo que aguantar, intento no llorar ante mis hijos, pero son conscientes de que sufro, aunque tampoco quieren hablar de ello, están de mal humor, tienen rabia y en el instituto lo notan”, reconoce Jallow. El mayor, por ejemplo, que este curso terminará 4º de ESO, quiere graduarse para ponerse a trabajar con 16 años en verano y ayudar económicamente en casa, mientras que a una de sus hijas, de 13 años, los médicos le han diagnosticado un trastorno de ansiedad causado por ese trauma. Como los hijos deben salir adelante solos, separados de la madre, Hawa teme que la situación les provoque efectos psicológicos difíciles de revertir y, por la noche, sufre sobre todo por las niñas, ya que no puede saber quién hay en las casas donde duermen. "Mis niños me necesitan y yo también los necesito a ellos", certifica emocionada.

Falta de soporte administrativo y racismo inmobiliario

Hawa ha pedido ayuda a los Servicios Sociales, a la Cruz Roja, a la Oficina de la Vivienda y al Ayuntamiento de Salt, pero, de momento, todo son promesas, papeleo y ninguna concreción. Su nombre para acogerse a la solución de la vivienda de emergencia está en la cola y el tiempo de espera es de unos 2 años. Por eso pide un alquiler social que le permita tener un techo y pagar todo lo que la economía familiar le permita. Ante esta odisea de administraciones y peticiones de ayudas, la plataforma saltenca de docentes critica que todo es una “pirámide de administraciones” que se van pasando la pelota de abajo arriba sin que los casos más urgentes se resuelvan con rapidez. "El Departamento de Educación nos ofrece acompañamiento psicológico a los alumnos una vez han pasado el choque del desahucio, pero no hace nada por evitar que se produzca", sentencia Jeremy Buck, quien, además de formar parte de la plataforma, también es miembro del Sindicato de la Vivienda de Salt. El Ayuntamiento de Salt asegura que trabaja a fondo con esta cuestión para evitar casos como el de Hawa o Saliha y que, durante el 2024, ha logrado detener 120 desahucios.

Todas las demandas de Docentes por el Derecho a la Vivienda Dignose adhieren a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, que esta última semana organizó una manifestación multitudinaria en Barcelona para reclamar una rebaja de precios de los alquileres. Pero con una mención especial a la discriminación racial, ya que, tal y como destapó elAHORA Comarcas Gerundenses hace dos años, muchas inmobiliarias de Salt se niegan a firmar un contrato según sea la etnia o el color de piel de los inquilinos; lo que aún dificulta más la entrada en el sistema inmobiliario de las familias con pocos recursos venidas de fuera.

Mala conducta y miedo a la policía

Dentro de la plataforma, además de docentes, también hay educadores sociales que trabajan en los centros de Salt y conocen de primera mano las consecuencias pedagógicas de convivir con menores de edad expulsados ​​de su casa: “El estrés emocional de una madre desahuciada se contagia inevitablemente a los niños y adolescentes, que vienen con una agitación con la que no se puede trabajar, por eso hemos levantado la voz, para hacer ver que no es justo que estas familias vivan esto y se les maltrate institucionalmente”, defiende Jordi Bosch, educador de la Escola La Farga y miembro de la plataforma. El educador también pone de manifiesto que, en primaria, cuando un menor sufre un desahucio, se nota sobre todo en el estado de ánimo, el cansancio, el nerviosismo, la tristeza y la mala conducta; mientras que, en secundaria, además de posibles problemas de comportamiento, peleas o discusiones con compañeros o profesores, el rendimiento académico también desciende en picado.

Los docentes argumentan igualmente que los dispositivos policiales de los Mossos d'Esquadra para llevar a cabo las órdenes de desahucio, con despliegues muy numerosos, presencia de armas largas y represión contra los manifestantes, lejos de ayudar a mitigar el trauma de los jóvenes y niños, la acentúa: “En la escuela se percibe entre los niños que la policía no es buena, que da miedo y pega, y este concepto no ayuda en absoluto”, termina Bosch.

Y, finalmente, la comunidad educativa saltense, con estas reivindicaciones, también quiere desmontar los prejuicios racistas, cada vez más extendidos por los partidos de extrema derecha, que vinculan la inmigración con el empleo ilegal y el vivir de renta : “Un desahucio es muy traumático, pero, aun así, las familias deciden quedarse en Salt porque sus hijos han nacido aquí, dan mucho valor a la educación que reciben y batallan lo que no está escrito para que, aunque los echen de casa, puedan seguir viniendo a clase”, concluye Buck.