Más dureza europea contra el blanqueo de capitales

La Unión Europea ha dado un paso más en la lucha contra el blanqueo de capitales y la circulación del dinero negro con toda una serie de medidas que incluyen desde la prohibición de hacer transacciones en metálico superiores a los 10.000 euros en una sola compra –en España ahora ya es de solo 1.000 euros– hasta el anuncio que creará una autoridad europea única con jurisdicción en todos los países y capacidad sancionadora. Es un paso adelante importante en la creación de organismos europeos comunes que tiene como uno de sus principales objetivos unificar las medidas y las reglas en todos los estados miembros. Se trata de impedir, o de dificultar al menos, que este dinero negro que corre por Europa –según Europol, es alrededor del 1% del PIB de la UE, aproximadamente unos 130.000 millones de euros– sirva para financiar actividades delictivas o mafiosas así como el terrorismo. De momento este control lo tiene ahora cada estado, pero a pesar de que ya hay varias directivas europeas sobre el tema, no todos las han aplicado con la misma celeridad, y el seguimiento y el control varía según los lugares.

En un mundo en que cada vez es más fácil la circulación de información y en el que el crimen ha aprovechado todas las rendijas de la globalización es muy importante que se creen estos controles. La mejor manera de luchar contra la delincuencia organizada es cortando de raíz sus fuentes de financiación y de blanqueo. Y, claramente, para poder blanquear necesitan la colaboración de entidades y empresas legales que les permiten esquivar los controles. Ahora lo que se quiere es aumentar este cortafuegos con todavía más controles a las entidades que impidan la opacidad que da alas al crimen organizado. La nueva agencia, que llevará el nombre de Autoridad Contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por su sigla en inglés), podría ponerse en marcha el 2024 una vez haya sido aprobada por todos los estados miembros y funcionaría a pleno rendimiento en 2026. Se encargaría de controlar un determinado número de entidades crediticias y del sector financiero que tienen actividad entre siete y diez estados miembros de la UE que se seleccionarán en función de criterios de riesgo en una lista que se revisaría cada tres años. Además de bancos también se incluirían aseguradoras, empresas dedicadas en todo tipo de servicios de pago, criptomonedas, fondos de inversión o cambios de divisas. La lista se irá ampliando y la agencia también podría investigar entidades que inicialmente no estaban en la selección si hay indicio de delito.

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Es un importante paso adelante, si llega a buen puerto, para limpiar y hacer más transparentes las entidades financieras internacionales y, por supuesto, para combatir los delitos. Y no solo esto. Ahora que finalmente parece que hay consenso para combatir también la evasión fiscal de las grandes multinacionales en el mundo, vale la pena recordar que también hay mucho dinero negro que no proviene de fuentes ilícitas pero que se ha ocultado de forma ilícita a Hacienda y, por lo tanto, se ha escatimado al conjunto de la ciudadanía atacando el mismo corazón del estado de bienestar.