Los siete pecados capitales del Banco de España
La dimisión de los tres altos cargos del Banco de España es un hecho excepcional: no hay precedentes de este tipo de renuncias por investigaciones de carácter penal en los bancos centrales de países desarrollados
La dimisión del director general de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera; del director general adjunto de Supervisión, Pedro Comín, y del director del Departamento de Inspección, Pedro González, es un hecho excepcional en la historia de la institución, pero, sobre todo, no hay precedentes de este tipo de renuncias por investigaciones de carácter penal en los bancos centrales de países desarrollados. La imputación resuelta por el auto de la juez ponente de la sección tercera de lo penal, apoyada por los otros dos magistrados, derriba lo que podría llamarse la línea Maginot, la línea de fortificación y defensa erigida de facto por el juez Fernando Andreu y el fiscal Alejandro Luzón en el caso de la salida a bolsa de Bankia, que dejaba fuera de la instrucción, en calidad de investigados, a los directivos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pero los nuevos indicios (el segundo informe de los peritos judiciales, la declaración del inspector José Antonio Casaus y los correos electrónicos entre Casaus y su jefe, Pedro Comín) han introducido tanto al Banco de España como a la CNMV en una causa que parecía cerrarse con ellos fuera.
Hay, podría decirse, siete pecados capitales en la actuación del Banco de España que se remontan a la incubación de la doble burbuja, de crédito e inmobiliaria, tras la entrada del Eurosistema, el 1 de enero de 2002.
La bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo en marzo de 2003, que sitúa el coste del dinero por debajo de la inflación española, provoca un flujo sin precedentes de dinero caliente de los bancos extranjeros, principalmente alemanes y franceses, hacia España. Los bancos y cajas de ahorro locales comienzan a financiarse a lo grande en el exterior, abandonando su tradicional fuente: los depósitos.
La alarma suena en junio de 2006. El crédito total se situaba en 493.000 millones de euros y las hipotecas para compra y rehabilitación de vivienda en 150.000 millones a primeros de 2000; en junio de 2006 las cifras son de 1,4 billones y 500.000 millones, respectivamente.
Los inspectores del Banco de España y su equipo, ante la pasividad del gobernador Jaime Caruana, alertan al nuevo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, a través de una carta enviada el 16 de mayo de 2006 al ministro de Economía y Hacienda del gobierno Zapatero, Pedro Solbes. Este, según Zapatero, nunca le informa de ella.
Los inspectores urgen a la acción: “El Banco de España cuenta con medios normativos para poner freno a los crecimientos del crédito que considere inadecuados. No son las carencias normativas las que explican la pasividad del Banco de España en los últimos seis años en la prevención de la creciente exposición de las entidades de crédito españolas a los riesgos relacionados con el sector inmobiliario, sino la voluntad de su máximo responsable, el gobernador”. Se refieren a Caruana, gobernador saliente. El crédito seguirá creciendo. A tasas menores al 22% anual al que lo ha hecho en 2000/2006, pero continuará subiendo. En septiembre de 2008 llega a 1,86 billones y 652.000 millones, respectivamente.
En diciembre de 2010 serán 1,84 billones y 663.000 millones.
El segundo pecado capital, pues, consiste en que la advertencia de la Asociación de Inspectores del Banco de España se guarda en un cajón.
En 2006 la negación sobre la existencia de una burbuja inmobiliaria es firme. Un informe publicado en junio por el Servicio de Estudios, en el que participa Fernando Restoy, más tarde vicepresidente de la CNMV y subgobernador del Banco de España, señala que “la evidencia disponible no sustenta la hipótesis de que el auge reciente del mercado se deba a comportamientos especulativos generalizados o al tratamiento fiscal favorable de la vivienda en propiedad” y estima que “el escenario futuro más probable es el de una absorción gradual de la sobrevaloración existente en este mercado”.
El tercer pecado es la creación por parte de la Dirección General de Supervisión (DGS) de un sistema paralelo para “interpretar” la normativa bancaria, al margen de la Dirección General de Regulación del Banco de España. Son los Criterios de Dirección (CD) y los CTC del Comité Técnico de Coordinación.
El 6 de noviembre de 2008, un mes y medio después de la caída de Lehman Brothers en EE.UU, este sistema paralelo, creado dentro de la Dirección General de Supervisión, trata de mostrar que el sistema financiero es sólido, uno de los más saneados del mundo, a través de la creación de provisiones virtuales, las llamadas provisiones específicas pendientes de asignación, para los casos en los que una entidad compra carteras de préstamos con descuentos. Estos descuentos podrán aplicarse a pérdidas futuras de dicha cartera como provisiones.
El 10 de junio de 2009 tendrá lugar otra decisión. Para frenar la morosidad producida por el impago de hipotecas resultante del incremento en flecha del paro, un CD da instrucciones para “flexibilizar” las refinanciaciones de créditos hipotecarios. Florecen los productos hipotecarios para disfrazar la situación.
Estos criterios son internos de la DGS y, según reza un disclaimer (exención de responsabilidades), los inspectores no pueden entregarlos a las entidades por escrito. Queda prohibido hacerlo.
El cuarto pecado llegará ese mismo año. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), encargado de la resolución (gestión de la crisis bancaria y las ayudas públicas), no pone como condición del respaldo público el cese de los administradores y equipos de gestión que han llevado a la crisis.
En este contexto, el quinto pecado es el de la “salida” a la crisis elaborada por el Banco de España: las fusiones frías de cajas, o el Sistema Institucional de Protección. Bajo una pretendida combinación de negocios, se manipulará la normativa bancaria para disfrazar o diferir las pérdidas en la idea de que la crisis durará un corto periodo de tiempo. Se permitirá cargar las pérdidas en reservas, violando la normativa de las circulares contables y el Código de Comercio.
La expresión más espectacular en este proceso es el sexto pecado: la fusión de siete cajas de ahorro en BFA. A continuación, la salida a bolsa de Bankia. Al salir, por el descuento del precio de salida, BFA ha quebrado.
Y el séptimo pecado capital es la reformulación de las cuentas de Bankia en mayo de 2012. Son en total 22.400 millones de euros de ayudas directas de capital y otros 23.000 millones de otros apoyos. Pero esta ayuda supera con mucho las necesidades reales, que los inspectores han estimado en 12.000/15.000 millones. Por tanto, se paga un sobrecoste. ¡Y qué sobrecoste!