En pleno escándalo por el Catalangate, el espionaje masivo a independentistas catalanes con el programa Pegasus, el presidente español, Pedro Sánchez, se comprometió con ERC a reformar la ley de secretos oficiales ya reforzar los controles sobre el CNI. del 2022. Esta semana pasada, los Mossos han acreditado el espionaje en el móvil del expresidente Pere Aragonès en algunos períodos sin autorización judicial, un caso por el que está siendo investigada la exdirectora del CNI, Paz Esteban. El caso es que ambas reformas quedaron en un cajón con el adelanto electoral y todavía no se han reactivado. Se trata de dos asignaturas pendientes del presidente español, que este lunes comparece para hacer balance del último año y sacar pecho de que, pese a la debilidad parlamentaria, su gobierno ha podido aprobar 21 leyes.
Pero como ocurre con temas que afectan al núcleo duro del Estado, por ejemplo la transferencia de las políticas de inmigración o la financiación autonómica, a Sánchez le cuesta mucho hacer cambios o reformas sustanciales. Hay un deep state que se resiste y boicotea cualquier iniciativa en este sentido, y si no que se le pregunten al PNV, que batalla desde hace años por reformar la ley de secretos oficiales para acortar los plazos y facilitar el trabajo de los investigadores. Y una y otra vez choca contra el muro del Estado.
El caso Pegasus es especialmente grave porque pone en evidencia todas las contradicciones de Pedro Sánchez, que gobernaba mientras los aparatos del Estado espiaban (o espían todavía, porque la sospecha siempre está ahí) sus socios parlamentarios. Precisamente, esta semana pasada el Consejo General del Poder Judicial confirmó a Pablo Lucas como juez del Tribunal Supremo encargado de supervisar el CNI. Es la misma persona que autorizó el espionaje en Aragonés y otros diecisiete líderes independentistas. No es la mejor garantía de que las cosas se harán de forma distinta.
La causa deberá acreditar si, como denuncian decenas de afectados (la investigación del New Yorker acreditó 60 casos, pero con el tiempo se han añadido más), el CNI espió sin control judicial. Pero incluso si fue con autorización del Supremo, resulta muy inquietante que los servicios secretos puedan infiltrarse en el teléfono de políticos elegidos democráticamente que, como en el caso de Aragonès, tenían una interlocución fluida con el gobierno español. Tiene que haber límites, tanto al hecho de investigar a personas por su ideología como a políticos en ejercicio. Sánchez debe cumplir su palabra y dar pasos en esa dirección, por ejemplo haciendo que este control judicial sea más transparente, ya que ahora depende sólo de la voluntad de una sola persona.
En cuanto a los secretos oficiales, el miedo del PSOE es que salgan a la luz documentos de la represión contra ETA y el independentismo vasco durante los primeros años de la democracia, justo cuando el próximo año cumplirá 50 años de la muerte de Franco. Ésta es otra asignatura pendiente de la democracia. Sin embargo, con ETA desaparecida no debería haber problema para saber toda la verdad, incluso la más incómoda.
