Cambios en el negocio de la defensa
¿Quién fabrica armas en España? El consorcio europeo Airbus, Navantia (empresa pública), Indra, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Expal e ITP Aero. Son los grandes nombres de la industria militar en el Estado, que, como en la mayoría de países, concentra el grueso del negocio en pocas manos. En concreto, estas seis compañías acaparan el 80%.
En Catalunya sólo tiene presencia Indra: tiene hasta 12 sedes repartidas por el territorio, con 3.500 empleados. Indra, una empresa del Ibex 35 con sede en Madrid, ha dado un salto adelante en los últimos años, desde que en 2019 el gobierno Sánchez le adjudicó el rol de "coordinador nacional" en el programa para sustituir el avión Eurofighter. En el 2020 Marc Murtra, de la órbita socialista, desembarcó como presidente no ejecutivo –ahora es presidente ejecutivo de Telefónica–. Con el 28% del capital social, el Estado es el primer accionista de Indra. El antecesor de Murtra era Fernando Abril-Martorell, hombre del PP. Y el actual es Ángel Escribano: la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group) es la segunda accionista de Indra, con el 14,3%. El resto de accionistas importantes son la vasca SAPA (7,9%) y el fondo Amber (7,3%), principal propietario de Prisa. En 2024, Indra ganó un 35% más que el año anterior, 278 millones de euros.
La guerra en Ucrania ha supuesto un cambio de paradigma marcado por la necesidad y la aspiración europeas de recuperar autonomía militar frente a EEUU de Trump que ya no quiere ejercer la tutela atlantista instaurada tras la Segunda Guerra Mundial. Presionada por Trump, la UE ha puesto en marcha un plan de 80.000 millones de euros en la línea exigida por Washington vía OTAN a que cada país destine el 5% de su PIB a gasto militar. Solo España ha pactado la excepción de permanecer en un 2,1% del PIB. Pese al baile de cifras y conceptos, nominalmente en 2025 ha alcanzado el 2%: 10.471 millones de euros. De éstos, en un solo día el ejecutivo de Sánchez aprobó 6.900 millones y, atención, Indra, sola y en colaboración con otras compañías, tuvo acceso a casi la totalidad: 6.327 millones.
Aquí se abre una duda con una derivada igualmente dudosa. Si, en la medida en que sea –España lo hace por debajo del resto de socios europeos–, es necesario invertir en armamento para asegurar la defensa de Ucrania y el futuro del propio continente, es mejor hacerlo en la industria propia que en la estadounidense, que es lo que de hecho quiere Trump. Europa tiene algunos gigantes en el sector, como Leonardo y Thales Group, junto a los que Indra es todavía una empresa pequeña. Desde la Moncloa se está ayudando a Indra a crecer. De acuerdo. Pero hay que ser cuidadosos: estamos hablando de dinero público y de una opinión pública que, por tradición y experiencia histórica, es reacia al armamentismo. Así pues, por espíritu de transparencia y por no generar más rechazo gratuito, es importante guardar las formas. No puede ser que los intereses generales (asegurar la defensa europea) sirvan para favorecer intereses particulares, en este caso de los hermanos Escribano. Desde Indra, su presidente, Ángel Escribano, está impulsando la absorción de EM&E, de la que él mismo es propietario junto a su hermano Javier. Estratégica y empresarialmente puede tener sentido, pero existe latente un evidente conflicto de intereses.
