Vivienda: un acuerdo de país, por favor
El Parlamento ha aprobado la ley por regular el alquiler de temporada y de habitaciones. ¿El objetivo? Evitar el uso de estas modalidades para eludir el tope de precios al alquiler, en vigor en el Estado desde marzo del 2024. La iniciativa, pionera en España, ha obtenido la luz verde gracias a los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Habría sido deseable un mayor consenso, todavía. La crisis de la vivienda es hoy el elemento central de la agenda política, el que genera mayor malestar y desigualdad, el que ha abierto una inmensa brecha generacional, el que tensiona a familias y ciudades. Y lo que fácilmente conduce a la demagogia política. El anuncio del PP de llevar la ley al Tribunal Constitucional va en ese sentido. La situación es tan grave que no podemos permitirnos convertir la vivienda en un asunto de rifirrafe competencial. Toca sumar, consensuar, solucionar. Estamos hablando de una crisis social de gigantescas dimensiones y que no para de crecer.
La ley en cuestión no será la panacea, pero es un intento que merece la pena probar. El problema es estructural y pide enfoques paralelos. En síntesis, construir con celeridad y regular el mercado. ¿Cómo? Con la implicación del sector público y privado, con un mínimo consenso político para satisfacer un derecho básico. Tenemos sanidad pública universal y educación también para todos. Es necesario ponerse las pilas con la vivienda. Sobre todo construyendo.
Sin tener que ir hacia un parque exclusivamente público y subvencionado, sí toca buscar fórmulas mixtas para frenar la especulación de los precios. En el caso de la gran Barcelona, esto sólo se conseguirá planificando el territorio en su conjunto, proporcionando una buena movilidad –mejora del transporte público: Cercanías, metro, buses– que permita desplazarse por trabajo con una mínima agilidad, y actuando coordinadamente entre las diferentes administraciones –ayuntamientos, Área Metropolitana, diputaciones y Gobierno– y grupos políticos y entre grupos políticos y entre grupos políticos y gestores sociales–. Hay mucho trabajo por hacer y es urgente. Todo el mundo debe arremangarse.
Por si alguien todavía no es suficientemente conscientes del drama, basta con leer el informe que acaba de hacer público Cáritas de Barcelona: 400.000 personas del área metropolitana barcelonesa viven en hacinamiento, es decir, en habitaciones realquiladas y pisos compartidos. Y si vamos más al extremo, acabamos de asistir al desalojo de los residentes (unas 400 personas) que ocupaban el antiguo instituto abandonado B9 de Badalona, la mayoría migrantes en situación irregular. Vertidos a vivir en la calle, Cáritas misma es quien está intentando darles alguna solución ante la hostilidad con la que les ha tratado el alcalde Xavier García Albiol.
Pero la realidad es que el problema de la vivienda no es sólo una cuestión de marginación y pobreza extrema, sino que afecta también, y cada vez más, a una amplia clase media, que vive con angustia el hecho de tener que dedicar más de la mitad de los ingresos de una unidad familiar a la vivienda, y que lo hace siempre, además, con la espada de la espada de la espada de la espada. deseado. Es necesario poner fin a esta inseguridad residencial. De esto depende en buena parte el mantenimiento de la cohesión social.
