La Fiscalía considera acreditado que el PP de Valencia cometió fraude electoral en 2007 y 2011
El ministerio público ha enumerado aportaciones de empresas como Pavasal, FCC, Lubasa o Construcciones Luján
ValenciaLa Fiscalía Anticorrupción consideró probado que el Partido Popular de la ciudad de Valencia "cometió fraude electoral" en las elecciones municipales de 2007 y 2011 porque "incrementó su presupuesto para las campañas mediante dinero obtenido de forma irregular".
El fiscal Fernando Maldonado ha leído este lunes su informe final en el juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia sobre la pieza A del caso Mesa, en el que están procesados el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster, el ex gerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el ex responsable de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.
Grau, de 83 años, está acusado de los delitos de malversación, cohecho continuado y falsedad documental por los que el ministerio fiscal le reclama nueve años y dos meses de cárcel, Carpintero de un delito continuado de cohecho, por el que se le pide un año de cárcel, y Santón y Salinas de malversación continuada y falsedad.
Durante su intervención, Maldonado ha afirmado que "cualquier acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral, porque es un error de la sociedad y de sus instituciones democráticas, pero que cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigmas de la limpieza y la transparencia, y cometen fraude electoral, el reproche es mayor".
En esta línea, el fiscal ha manifestado que el PP obtuvo dinero "irregular" de formas diferentes: con dinero aportado por fundaciones y entidades municipales, mediante empresas, ya través de ingresos en efectivo en billetes de 500 euros que Grau va entregar a su exasesor Jesús Gordillo.
El ministerio público ha pedido que se acuse de falso testigo a Gordillo, que inicialmente colaboró con la justicia y entregó la documentación que permitió abrir la causa, pero que en su declaración durante el juicio se desdijo y exculpó a Grau de cualquier responsabilidad. de 2007 como en las de 2011 y 2015, "el PP ponía en juego una maquinaria para contrarrestar el efecto de los restantes partidos políticos y jugaba con una ventaja fundamentalmente económica". El representante del ministerio público ha enumerado las aportaciones de las empresas contratistas como Pavasal, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Lubasa o Construcciones Luján, entre otros. Como muestra de la relación entre las compañías y la formación, la Guardia Civil sostiene que en 2007 el PP habría aportado a la campaña electoral 150.000 euros y estas empresas 300.000.
En esta pieza llegaron a estar investigados medio centenar de concejales y asesores del Partido Popular de Valencia de la época de la exalcaldesa Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales cometido mediante el ingreso en las cuentas de la formación de 1.000 euros que, según sostuvieron los investigadores, se les habrían devuelto en algunos casos con billetes de 500 de origen desconocido. El archivo de esta parte, también supuso el fin de la supuesta responsabilidad del PP como persona jurídica.
Si se considera culpable, Alfonso Grau acumularía ya dos penas, dado que ya fue condenado a nueve meses y un día para aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito 16 contratos con el Ayuntamiento de Valencia entre 2006 y 2015.