Puigcerdá (Cerdanya)El Hospital de Cerdanya, inaugurado en 2014, es un equipamiento de salud transfronterizo pionero en Europa, que se concibió para dar servicio a la población catalana y francesa de ambos lados de los Pirineos. Situado en el norte de Puigcerdà, a menos de un kilómetro de la frontera con Francia, lo gestionan conjuntamente la Generalitat de Cataluña (en un 60%) y el estado francés (40%), a través de un convenio líder de cooperación europea. Sobre el papel no cabe duda de que se trata de una solución muy útil, lógica y efectiva para atender a los pacientes de una misma región sanitaria que no entiende de límites administrativos. Ahora bien, con los años este emplazamiento estratégico junto a la frontera se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para muchos de los profesionales del hospital, que, al trabajar en una entidad pública con dos nacionalidades, se han visto obligados a pagar los sus impuestos por duplicado, tanto en Francia como en España.
Los afectados por este problema de doble fiscalidad son, de momento, una treintena de sanitarios catalanes que viven en la parte francesa, a pocos kilómetros de la frontera. Tienen la nacionalidad española pero su domicilio fiscal en Francia, donde la vivienda y la escuela son más baratas, y desde que se inauguró el hospital han realizado la declaración de renta en el país galo. Sin embargo, en octubre de 2023 les empezaron a llegar notificaciones de Hacienda alarmantes: les reclamaba un impuesto del 19% para el ejercicio de 2020, con penalización por impago, como no residentes que reciben retribuciones públicas. Todos los trabajadores respondieron con alegaciones, enviando la documentación de las tasas pagadas a Francia, pero la agencia tributaria española las desestimó y les sigue reclamando dinero. Los primeros trabajadores que recibieron el requerimiento han tenido que abonar ya las multas, que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros, bajo amenaza de embargo de nóminas y propiedad. Estas cantidades de dinero han ahogado las finanzas de muchas familias del hospital, y además todas temen que pronto, teniendo en cuenta este decalaje de 4 años, que es cuando caducan las sanciones, les reclamarán el mismo porcentaje del sueldo, pero año 2021. Y así sucesivamente.
Amenaza de embargo: "Nos ponen el miedo en el cuerpo"
“Cuando recibí la carta pensé con toda tranquilidad que se trataba de un error, contesté presentando los papeles del hospital y de la Revenus, pero para sorpresa de todo el mundo me dijeron que tenía que pagar 'embargaban”, explica la doctora Maite Angulo, una de las primeras afectadas. Y añade: “Si hay algún problema en todo caso deberían requerirlo en el hospital, que es quien hace las retenciones, pero nos persiguen individualmente porque lo tienen más fácil, y así nos ponen el miedo en el cuerpo y con un año pueden recolectar todo lo que les da la gana”.
Otra de las afectadas es Sònia Rodríguez, enfermera de quirófano, que vive en la Tor de Carol, que desde el 2009 tributa en Francia y que hasta febrero del 2024, cuando recibió la primera carta, nunca había tenido ninguna problema. “Vivimos en Francia, pero no trabajamos en Bellvitge, sino en un hospital binacional, pionero, con una casuística muy especial”, defiende Rodríguez, que sigue: “Ya pagamos impuestos en Francia y si sumas el 19% que nos piden, más los intereses, perdemos casi la mitad del sueldo. Hay compañeros que han tenido que pedir un crédito, es vergonzoso”. Roser Bel, también enfermera de quirófano, que vive a tan sólo un kilómetro de la frontera, añade: “Es un error flagrante, deberían habernos avisado, porque afecta a la salud mental de muchos trabajadores”. En cuanto a la Tesorería de Francia, no existe ninguna reclamación en dirección contraria, ya que como en la Cerdanya todo es más caro no hay ningún trabajador del hospital transfronterizo que tenga nacionalidad francesa y viva en la parte catalana.
Reclamaciones y mediación internacional
Para intentar ganar el pulso a la Hacienda española, los primeros médicos afectados contrataron por su cuenta a una abogada especializada en temas fiscales, que ya ha interpuesto una reclamación al Tribunal Económico Financiero, pendiente de resolver. ofrecido apoyo jurídico a los demás afectados que no habían contratado abogado y han trazado una estrategia conjunta
Hacienda mantiene su postura alegando que el 19% pendiente de cobrar no es una retención de IRPF, que es lo que los trabajadores pagan ya en Francia, sino el impuesto que, según marca la ley, se aplica a cualquiera persona física que no reside en España pero recibe retribuciones de una entidad pública. Los abogados de los afectados, en cambio, consideran que el Hospital de Cerdanya se excluye de esta norma por su situación absolutamente singular, dado que, tal y como marcan los tratados de doble imposición de la Unión Europea, los profesionales tributan ya en uno de los dos países que financian el centro transfronterizo. Con estos argumentos, los trabajadores reclaman una mediación entre la hacienda española y la francesa. para que se pongan de acuerdo y solucionen el agravio de la doble fiscalidad.
La Generalitat promete un "principio de acuerdo" en la celebración de los 10 años
Las quejas más airadas de los trabajadores han coincidido justamente con la celebración del décimo aniversario del hospital: “Ahora todo son palabras de elogio y los políticos hablan del hospital como la alegría de la corona de un proyecto transfronterizo, pero la verdad es que no se han hecho bien las cosas, no se previó la fiscalidad internacional y los trabajadores hemos salido perjudicados”, dice la doctora Angulo, que reitera: “Tiene todo el sentido del mundo que las fronteras de Europa no sean un impedimento y los vecinos franceses puedan venir al hospital y no tengan que ir hasta Prada, pero, a la hora de la verdad, todo son problemas”. Médicos y personal sanitario denuncian que, además de los problemas en la renta, la situación transfronteriza del hospital también provoca muchos inconvenientes en los casos de nacimientos y defunciones de ciudadanos franceses, que aunque sea a pocos kilómetros de casa deben realizar un montón de papeleo con los consulados para repatriar a los difuntos y los bebés.
Sin embargo, coincidiendo con la celebración de los 10 años del hospital, el viernes 8 de noviembre la consejera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, visitó las instalaciones de Puigcerdà. En su visita, el alcalde del municipio, Jordi Gassió –que es traumatólogo y uno de los afectados–, trasladó al departamento la gravedad de la situación. Entonces, en declaraciones a los medios, Pané quiso dejar claro que ante este problema se había llegado a un “principio de acuerdo” entre el gobierno catalán y el español para eliminar la doble fiscalidad de los trabajadores del hospital y devolver las multas. Sin embargo, si bien desde la dirección del hospital reconocen que se está trabajando en esta dirección, desde Hacienda no tienen constancia de ello y los trabajadores no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. "Esto es política y televisión, la realidad es que seguimos temblando porque todavía puede caer la carteta del 2021", acaba Angulo.